Presentan un proyecto para regular y transparentar las actividades de la primera dama

“El cónyuge de quien ejerce la Presidencia hace uso y abuso de los recursos públicos. Hay que terminar con estos excesos”, resaltó la radical Karina Banfi, quien mantiene un reclamo en la Justicia por la información sobre los gastos de Fabiola Yáñez.

La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Karina Banfi, presentó un proyecto de ley llamado “Régimen de transparencia del cónyuge presidencial”, que tiene por objetivo la rendición de cuentas y transparencia de las actividades “en representación del Poder Ejecutivo Nacional o propias y con sustento de fondos públicos que realice el cónyuge de la persona que se encuentre a cargo del Gobierno nacional”.

“Históricamente los cónyuges presidenciales han formado parte de la coyuntura política y social del Estado argentino y corresponde que tengan una agenda pública en lo que respecta a todas las actividades realizadas en representación del Poder Ejecutivo Nacional, y que rindan cuentas ante la ciudadanía cuando hacen uso del erario”, señaló. 

La legisladora apuntó que el aislamiento de la pandemia “fue extremadamente trágico porque no podíamos ver a nuestros seres queridos, estábamos encerrados, sin poder ver a nuestra familia, a nuestros enfermos. Sin embargo, en Olivos era un viva la pepa, hasta festejaban el cumpleaños de Fabiola Yáñez; su peluquero la visitó 23 veces”, recordó la radical, quien sostiene una lucha en la Justicia porque el Gobierno nacional se negó a cumplir con un pedido de información pública sobre los gastos de las actividades de la pareja de Alberto Fernández.

Sobre la iniciativa, Banfi explicó: “Presenté este proyecto, acompañada de diputados de Juntos por el Cambio, porque como el/la cónyuge presidencial no son funcionarios, cuando se le pide algún tipo de información, te dicen que no son ni sujetos obligados a la Ley de Ética Pública, ni sujetos obligados de la Ley de Acceso a la Información Pública porque no tienen ninguna responsabilidad institucional. Mientras tanto, hacen y deshacen con la plata de todos los argentinos. Entonces, para terminar con esta arbitrariedad, presenté el proyecto”.

Desde el año 1999, Argentina cuenta con la Ley N°25.188 de Ética Pública que establece los deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, incluyendo los deberes y pautas de comportamiento ético que deben regir a la función pública.

Asimismo, desde el año 2016, Argentina cuenta con la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública N°27.275. El acceso a la información pública obliga al gobierno a transparentar su gestión y rendir cuentas a la ciudadanía, y permite a la ciudadanía controlar a sus representantes y funcionarios públicos.

“El rol que fue representado históricamente por la “primera dama” no percibe un sueldo del Estado, pero hace usos de bienes que se sustentan con fondos públicos, como autos y helicópteros y otros privilegios presidenciales.  Hay ‘primeras damas’ que han llegado a tener equipos de trabajo a su cargo. Además, cuenta con la asistencia de la Secretaría General de la Presidencia y es custodiada por la Casa Militar, según el decreto 50/2019”, indicó Banfi. 

En ese sentido, consideró que “este vacío legal es un problema, por lo tanto, el objetivo de este proyecto refiere a la imperiosa necesidad de garantizar los estándares de transparencia de los actos de gobiernos y el acceso a la información pública que constituyen las bases del sistema democrático sobre los gastos y actividades que realizan los cónyuges de quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo Nacional”, completó. 

La iniciativa fue acompañada por sus pares Mario Negri, Soledad Carrizo, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Margarita Stolbizer, Rodrigo De Loredo y Dolores Martínez.

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