Días después del brutal asesinato de la oficial de la Policía de la Ciudad, Maribel Salazar, y de que se instalara –nuevamente- el debate respecto del uso de las taser, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante el cual buscarán obtener información respecto de la dotación de esas armas no letales con las que cuenta la mencionada fuerza de seguridad.

En ese sentido, los diputados buscarán conocer la “cantidad y clase de armas no letales y de baja letalidad que forman parte de la dotación de la Policía de la Ciudad” y “la planificación futura de nuevas adquisiciones y los criterios de asignación de las mismas”.

También prevén obtener detalles acerca de que personal de la Policía de la Ciudad recibió capacitación en el uso de las pistolas taser; si se han desarrollados protocolos para la utilización de las mismas; si el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) ha desarrollado capacitaciones y/o cursos para su utilización y si se emitirán certificados de idoneidad para el uso de las taser.

A su vez buscarán conocer si “conforme las especificaciones de este tipo de dispositivos existen circunstancias o personas de riesgo sobre las que se desaconseja el uso de los mismos”; si los agentes autorizados al uso y portación de armas de fuego podrán utilizar las pistolas taser fuera de servicio ordinario o complementario; si en el período comprendido entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 se realizaron procedimientos administrativos para la adquisición de pistolas taser; entre otros puntos.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que “es preciso para esta Legislatura conocer los protocolos que, en consonancia con las recomendaciones de Naciones Unidas, definan claramente los casos de aplicación y los principios rectores para el empleo de las pistolas taser” y detallaron que “es por ello que en virtud de lo establecido por la Ley de Seguridad Pública para el uso de armas de fuego y atento al carácter incapacitante de los dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea de baja letalidad, pero con posible o probable afectación a la salud (en sentido amplio), se solicita se informe las tareas de registro, fiscalización y resguardo de la información ante el uso de las mismas”.

“Asimismo es indispensable contar con la información de las capacitaciones previstas, realizadas o a realizarse, para el uso de las pistolas taser dado que, un mal uso puede aumentar los riesgos de letalidad o daño para la salud e incluso poner en riesgo al propio agente dejándolo en una situación de vulnerabilidad. La formación y el entrenamiento son indispensables para la tarea de la Policía, sus habilidades para la auto defensa y la destreza para el uso de las distintas armas”, agregó.

Al mismo tiempo que concluyeron precisando que “resulta indispensable contar con una política pública en materia de seguridad que se base en datos ciertos, planificación y eficiencia”.

El texto lleva las firmas de Claudia Neira, Matías Barroetaveña, Maia Daer y Manuel Socias (FdT).