Juntos por el Cambio planteó una resolución a raíz de los carteles que fueron colocados en oficinas de la ANSeS. Graciela Camaño estalló contra Carlos Ortega, del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social, presente en el recinto.
En medio de un escándalo por la presencia de un sindicalista en el recinto, la Cámara de Diputados rechazó tratar sobre tablas un proyecto de resolución impulsado por Juntos por el Cambio para repudiar los carteles de escrache contra legisladores que en diciembre pasado no dieron quórum para tratar el proyecto de plan de pago de deuda previsional.
La habilitación para tratar el tema resultó con 102 afirmativos, 111 negativos y 5 abstenciones, que fueron del interbloque Provincias Unidas y la cordobesa Natalia de la Sota.
Durante las cuestiones de privilegio, el primero en referirse al tema fue Martín Tetaz (Evolución Radical), quien planteó la queja “contra el sindicato de trabajadores de la ANSeS que ha empapelado las oficinas de ANSeS en una práctica completamente fascista”.
“La oficina pública no puede tomar partido por una posición política puntual”, resaltó y agregó que los trabajadores del organismo previsional “no son empleados del Gobierno nacional, del PJ, del Frente para la Victoria. Son empleados de la Nación”.
El porteño cuestionó que “el afiche no solamente es fascista y tendencioso sino absolutamente mentiroso”. “Dice ‘buscalos’ como si fueran delincuentes. ¿Por qué son delincuentes? ¿Por qué hay que buscarlos? ¿Porque piensan distinto?”, se preguntó.
Además, Tetaz dijo que el cartel era “mentiroso” al sostener que “un millón de personas no van a poder jubilarse”. En ese sentido, defendió la PUAM “por la cual todo el mundo mayor de 65 años tiene derecho a percibir una pensión por adulto mayor” y subrayó: “En el dictamen de minoría que firmó nuestro bloque hay derecho para todos los argentinos a una jubilación proporcional a los aportes que han hecho cada uno de ellos”.
Lo interrumpió la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense-IF), pero no para contradecirlo, sino todo lo contrario: para “adherir absolutamente”. “Es de una extrema gravedad, además de una absoluta ignorancia”, advirtió la legisladora, que señaló que los carteles se colocaron “sin saber lo que opinábamos los diputados; y fuimos colocados en un cartel de ‘búsquenlo’, de un organismo público por parte de una organización sindical”.
“No cabe dudas que acá hay responsabilidades”, afirmó y sostuvo que “se ha cometido un delito porque se ha incitado a la violencia sobre una cantidad de diputados”. Para Camaño, se trató de “lanzar un operativo político”. “Fue muy grave lo que ocurrió y la responsable funcionaria tiene que darnos algún tipo de explicación”, apuntó en referencia a Fernanda Raverta, titular de la ANSeS, quien estaba presente en el recinto.
La diputada completó que esta “es una cuestión que no solamente vulnera nuestra dignidad y nuestros fueros, sino que además es una actitud delictiva”.
Después tomó la palabra Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC), quien remarcó que eran 131 los diputados afectados y alertó: “No es solamente el gremio, son las autoridades institucionales de la ANSeS… la licenciada Raverta fue diputada nacional”. La porteña habló de “violaciones explícitas a la Constitución y la Ley de Ética Pública” y reclamó que se necesita “poner un punto” porque “la política del escrache es un delito”. Encargada de presentar el proyecto, pidió la votación nominal para habilitar su tratamiento.
Visiblemente molesto, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, recordó que en Labor Parlamentaria se había acordado el orden de la sesión y “el tiempo de apartamientos del reglamento ya pasó”, lanzó, aunque dijo que la cuestión después la podían debatir.
Y comparó: “Nosotros somos los que en el mes de enero, en la primera semana, todas nuestras caritas, faltaron nuestros domicilios, estuvieron en los diarios Clarín y La Nación por ser parte de la Comisión de Juicio Político. Cuando lo dicen Clarín y La Nación es democracia, cuando lo dice otro no”.
Sin embargo, el vicepresidente del Cuerpo, Omar De Marchi (Pro-JxC), que en ese momento presidía la sesión, explicó que de acuerdo al reglamento se podía pedir una moción en cualquier momento, y que si Carrizo sostenía el pedido, tenía que hacer lugar. Carrizo ratificó su solicitud y además pidió que sea nominal la votación.
En el mientras tanto, Camaño volvió a hablar para pedir que echaran del recinto a un sindicalista que estaba en uno de los palcos, al que acusó de ser el artífice de los carteles. Más precisamente el señalado fue Carlos Ortega, del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. “Mientras usted leía la resolución, ese señor de verde que está en ese balcón, que supuestamente es el autor intelectual del cartel, tuvo el atrevimiento, con esa mirada socarrona, de aplaudirse. ¡Así les va a los trabajadores, señor presidente! Con personajes como éste, que cree que auto-aplaudiéndose y haciendo carteles políticos cree que se resuelven los problemas de los trabajadores”.
“Lo que estamos por votar tiene que ver precisamente con la ineficiencia del Estado y de los sindicalistas de tener sus trabajadores debidamente registrados”, añadió la diputada y reclamó que “ese personaje se retire. No puedo admitir que esté este señor acá, este es el señor que hizo los carteles”.
Pasada la votación, Silvia Lospennato (Pro-JxC) leyó los artículos 218 y 219 del reglamento de la Cámara, por el cual se faculta al presidente del cuerpo a mandar a retirar a alguien del recinto. Ya de vuelta en el estrado, la titular de Diputados, Cecilia Moreau, dio por cerrado el capítulo: “Le voy a pedir a la Secretaría Administrativa que a través de la Secretaría de Seguridad pida las cámaras. Está todo filmado para ver qué ocurrió y en el transcurso de la próxima media hora tomaremos una resolución”. Cuando se retomaron las cuestiones de privilegio, Ortega se fue del palco. Pero ya volvería.
En efecto, previo a la votación la diputada Silvia Lospennato pidió a la presidenta del Cuerpo informar qué había resuelto, pues el sujeto en cuestión había retornado a los palcos.
“Tengo un informe de la Dirección de Seguridad”, respondió Cecilia Moreau, que más tarde lo leyó precisando que según habían visto en los videos, no se identificaban en la persona señalada “expresiones gestuales violentas”, y que sí expresaba voces que resultaban inaudibles, razón por la cual no encontraban motivo para echarlo. Y se dio el tema finalmente por concluido.