En el marco de la crisis habitacional que golpea a la Ciudad desde hace años, los legisladores del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para crear una “Inmobiliaria Pública” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual tendrá como objeto “responder a las demandas sociales habitacionales de la ciudadanía, desarrollando dicha actividad como una política pública esencial, sin fines de lucro”, con oficinas en los centros habilitados con los que cuenta el GCBA, en cada una de las 15 comunas.

El texto en cuestión es de autoría de Javier Andrade (FdT) plantea que las funciones de esa inmobiliaria serán: “garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda digna”; “promover la intervención del Gobierno de la Ciudad como observador y garante del cumplimiento de las normativas aplicables a las locaciones urbanas con el fin de evitar situaciones abusivas que menoscaben los derechos de las partes intervinientes, especialmente de la parte locataria”; “responder a las demandas socio-habitacionales de la ciudadanía desarrollando una actividad social sin fines de lucro”; y “conformar  un banco público de inmuebles con destino a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, con las propiedades disponibles para alquiler que se encuentren dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; entre otros puntos.

También se encargará de localizar inmuebles a fin de proponer futuras construcciones al Programa Pro.Cre.Ar, o el que en el futuro lo reemplace.

Para ello se creará un “Registro de Inmuebles para Locaciones Urbanas” destinadas a vivienda única, familiar y ocupación permanente. En dicho registro se incluirán esos inmuebles y sus propietarios gozarán de diversas excepciones impositivas.

La iniciativa también plantea la creación del “Sistema de Garantía Bancaria para Locaciones Urbanas”, con la intervención del Banco Ciudad de Buenos Aires, quien tiene por objeto ser el único garante y facilitar a locadores y locatarios la concreción de los contratos de locación, en respaldo de las obligaciones contraídas por los locatarios. Asimismo se crearán créditos hipotecarios para que las familias puedan acceder a una vivienda propia.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores afirmaron que “la ley tiene por objetivo garantizar la protección de un derecho fundamental, humano, básico y esencial reconocido constitucionalmente como es el acceso a la vivienda digna” y consideraron que “la trascendencia de la medida que se propicia está dada por garantizar, frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda como bien indispensable para el desarrollo familiar”.

Al mismo tiempo que consideraron que “es el Estado quien debe regular el mercado inmobiliario y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas. Creemos que el objetivo debe ser volver a tener una ciudad donde la mayoría de la ciudadanía tenga posibilidades reales de ser dueños de sus viviendas y, mientras sean inquilinos, sepan que el Estado los protege evitando que mercado inmobiliario continúe con sus ‘errores’, omisiones o claros abusos ante la pasividad e inacción de quien debe regularlo”.

“Es por esto que proponemos la creación de una Inmobiliaria Pública con el objetivo de cumplir un rol fundamental evitando la desigualdad existente en el mercado inmobiliario a fin de garantizar condiciones propicias, pero en igualdad de condiciones, tanto para propietarias como para inquilinos”, completaron.

El texto también lleva la firma de María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Berenice Iañez, Juan Pablo Modarelli, Claudio Morresi y Magdalena Tiesso (FdT).