Se hizo presente ante la Comisión de Juicio Político de Diputados el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, citación que fue impulsada por la Coalición Cívica en sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti, y denunció que entre los años 2008 y 2009 “se eliminaron todo tipo de control efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”, al tiempo que denunció que “había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos”.

En abogado fue el primero en declarar este jueves en lo que respecta la segunda audiencia para la participación de testigos en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que lleva a cabo la Comisión presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard.

En su declaración, Cimadevilla afirmó que integró el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014 en representación del bloque de senadores de la UCR y recordó que, en ese periodo, el titular de la Corte Suprema era Ricardo Lorenzetti.

Al ser interrogado sobre la administración de los recursos y ejecución del presupuesto que la ley le asignaba a la administración de Justicia, el testigo procedió a explicar: “En el Poder Judicial conviven dos administraciones, la de la Corte a través de la secretaría General de Administración limitaba los recursos, estructura y personal de ese tribunal; y la del Consejo de la Magistratura que era, no sé cómo será ahora, a través de la oficina de Administración y Financiera del Consejo que se encarga de los recursos materiales y humanos de tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la capital federal y la Justicia Federal de todo el territorio del país”..

Y continuó: “Durante la vigencia del Consejo grande con la primera ley, se generaron antecedentes presupuestarios que determinaron la forma en que se iban a distribuir los recursos del Poder Judicial”, y detalló: “Así le correspondía el 0,57% a la Corte y el 2,93% al Consejo. Por este Decreto también se dispuso que las partidas no ejecutadas se asignaran directamente a la Corte de la Nación en su artículo 3. Este habría sido el origen del fondo anticíclico”.

“En el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos”, denunció y enumeró: “Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte y, por otro lado, la anulación y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo”.

En ese sentido, relató que denunció e hizo presentaciones al respecto durante la vigencia del mandato en el Consejo de la Magistratura las cuales “fueron receptadas por sectores políticos”, y destacó la preocupación de la doctora Elisa Carrió y reconoció su “vocación republicana cuando estos temas salieron a la luz pública”.

“El Consejo a instancias de los representantes del estamento judicial se designan a representantes del Consejo en la Comisión de Informática para la contratación de un software del Poder Judicial. Se crea el cuerpo de auditores a fin de realizar el control externo de los actos de la administración y se crea la Secretaría de Asuntos Jurídicos que emite el dictamen que exige la ley de procedimiento administrativo para la adjudicación de compras y licitaciones y transfirió a la Corte tres oficinas: la de mandamientos y notificaciones; la de subastas judiciales y la de archivo general y se designó al cuerpo de auditores y el secretario de asuntos del Consejo”, explayó en su presentación.

Y resumió: “Esto dicho así pareciera ser sólo una cuestión burocrática, pero lo que se estaba haciendo era eliminar controles porque termina la Comisión de Administración Financiera del Consejo, a través de las distintas reglamentaciones del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que los controles de las compras, adquisición y manejo presupuestario del Consejo pasa a estar en la cabeza de una sola persona que es el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo”.

“Las compras que no fueran licitación pública, se le elimina todo tipo de control y las compras que se realicen a través de licitación pública es estas personas, casi siempre un representante del estamento judicial, el que decide la validez o no de las contrataciones con los dictámenes”, sumó.

Cimadevilla apuntó: “Más allá de las reformas burocráticas que se hicieron, lo que consiguieron es la eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura”, apuntó Cimadevilla.

A su vez, explicó que los representantes del estamento judicial tienen un “rol importante en el manejo de las decisiones del Consejo. En el marco de la ley 26.080, con 13 miembros la nueva ahora derogada, el control de la legalidad estaba en manos de la Comisión de Administración Financiera. El control de legalidad se limitó a las licitaciones públicas y se consolidó en las manos del presidente de esa Comisión el control de la legalidad de las licitaciones públicas. Una sola Comisión o quien presidía la Comisión tenía a su cargo la legalidad de todo el manejo presupuestario de todo el Consejo de la Magistratura”.

“El funcionamiento judicial en muchos casos me resulta inentendible. No nos olvidemos que pasamos, después de la reforma del 94’, a que el control político de la actividad judicial se lo transferimos al Consejo de la Magistratura. El Congreso ya no es más el juez de los jueces, salvo de los miembros de la Corte, y pasó a un Consejo de la Magistratura que tiene cuatro estamentos y que la ley buscó, en estos cuatro estamentos, que haya un equilibrio”, planteó.

Al respecto, opinó que debería ser “objeto de revisión cuál es el equilibrio dentro del Consejo”, y preguntó: “¿Es numérico?”. “La ley que debe reglamentar el Consejo de la Magistratura, el que diseñe la normativa a veces no contempla cómo se da ese diseño legislativo en la dinámica del funcionamiento. Es el organismo que reemplaza al Congreso en el juzgamiento y designación de los jueces donde las conductas de los jueces, en la práctica, tienen un rol preponderante”, expresó.

“A mi juicio hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento”, lamentó.

A su vez, cuestionó que “durante mi permanencia en el Consejo he observado una actitud corporativa que no termino de entender. Los jueces han tenido y tienen una actitud gremial que no entiendo porque siempre pareciera que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios a través de estas corporaciones”.

“No había un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlados y cada vez había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”, denunció.

Y agregó: “La Corte manejaba un fondo anticíclico frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia edilicia, de personas, tenía un plazo fijo ultra millonario que no se sabía cuál era el destino que se le daba”. Asimismo, aseguró: “Nunca pudimos saber en detalle el control presupuestario del Poder Judicial. Lo que no se ejecutaba iba para la Corte”.

Al ser consultado si el Administrador General del Consejo, Germán Krieger, tenía vinculación con Lorenzetti, sostuvo: “Eso no lo sé, probablemente por las funciones que desempeñaban haya tenido contacto con los miembros de la Corte”.

“El Comité Ejecutivo de Inversión se creó en abril de 2011 que operaba bajo la dependencia directa del presidente de la Corte. Estaba integrado por dos miembros de la Corte y del Consejo, presidido por Héctor Marchi. Intervenía en todas las cuestiones vinculadas a la planificación, a la ejecución, al control de las políticas, proyectos, programas, principalmente en materia de infraestructura y tecnología”, detalló el radical.

Sobre cómo se auditaban esos fondos, el exsenador explicó y denunció: “La Auditoría General de la Nación debía proceder a practicar auditorías externas de la gestión presupuestaria del Consejo y estaba sometida a una serie de exigencias como la aprobación anual de auditoría por parte de la Comisión de Administración Financiera del Consejo. Nunca esto se llevó adelante, nunca se pudo lograr. Cuando pedíamos información no nos daban y después empezaron a aparecer reclamos de empleados que no cobraban”.

“La aprobación de las cosas más importantes del Consejo dependían siempre de mayorías especiales que las daban los jueces. He hecho denuncias a magistrados como Bonadío o a Oyarbide y nunca logré que los jueces acompañaran esos dictámenes para que pasen al tribunal de enjuiciamiento y su voto era decisivo. Hoy no hay un equilibrio como el que pretendía la Constitución”, criticó.

El exlegislador reiteró que ante las consultas sobre el manejo de los recursos “nunca nos contestaron, cuando pedíamos información sobre el manejo presupuestario nunca nos respondían. Cursamos varias notas, pero nunca tuvimos respuestas concretas”.

En otro tramo de su testificación, brindó detalles sobre denuncias respecto de distintas contrataciones dentro de la Administración General del Poder Judicial que “tenían irregularidades”.

“Para mantenimientos de equipos de aires acondicionados del fuero Penal se habían contratado 1.650.854 pesos traducido a dólares eran 139.000. Otro expediente era sobre remodelación de seis juzgados era un importe de 1.607.000 pesos, en dólares eran 194.000. Por otro expediente sobre trabajas de higiene y seguridad 2.779.000 pesos es decir 348.000 dólares, entre otros”, detalló y lamentó: “Pedimos información de esto también y nunca tuvimos respuesta. No sé las causas judiciales qué destino habrán tenido”.

Por otro lado, desconoció que a Héctor Marchi lo haya designado Lorenzetti al frente de la Administración General del Corte.