Las autoridades argentinas y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo SAF (EFF, por sus siglas en ingles) de 30 meses de Argentina.

El acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en las próximas semanas. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a alrededor de US$5.300 millones (DEG 4.000 millones).

La gestión macroeconómica prudente en la segunda mitad de 2022 respaldó la estabilidad y ayudó con cierto margen a asegurar los objetivos del programa hasta fines de 2022.

En un contexto económico más desafiante, particularmente la sequía cada vez más severa, se necesitan acciones de política más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de políticas, así como mantener el ancla del programa. En este contexto, se solicitan revisiones de los objetivos de reservas para 2023.

Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental y Ashvin Ahuja, jefe de Misión para Argentina, mantuvo reuniones presenciales y virtuales con las autoridades argentinas para discutir políticas sobre la cuarta revisión del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en ingles).

El Sr. Cubeddu y el Sr. Ahuja emitieron la siguiente declaración en Washington, D.C. hoy al final de estas reuniones: “Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un marco macroeconómico actualizado y las políticas asociadas necesarias para completar la cuarta revisión bajo el acuerdo de Argentina. Este acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo del FMI, que se espera se reúna en las próximas semanas. La finalización de la revisión le dará a Argentina acceso a alrededor de 5.300 millones de dólares (DEG 4.000 millones)”.

Además, agregaron: “En el contexto de un entorno económico más complejo, la revisión se centró en evaluar el progreso de la implementación del programa, actualizar el marco macroeconómico y alcanzar acuerdos sobre un sólido paquete de políticas para abordar de forma duradera los desequilibrios macroeconómicos y limitar las vulnerabilidades futuras”.

“Todos los criterios de desempeño cuantitativo hasta fines de diciembre de 2022 se cumplieron con cierto margen. El déficit fiscal primario de 2022 alcanzó el 2,3 por ciento del PIB (frente a una meta del 2,5 por ciento), en particular debido al continuo sólido control del gasto y las acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social. Al mismo tiempo, las reservas internacionales netas aumentaron en US$ 5.400 millones (por encima de la meta de US$ 5.000 millones), debido a mejoras en la balanza comercial y un importante apoyo oficial. El PIB real se expandió un 5,4% en 2022 y la inflación anual alcanzó el 94,8% al final del período”, señalaron.

“Ante los desafíos de una sequía cada vez más severa, se necesita un paquete de políticas más sólido para salvaguardar la estabilidad macroeconómica, abordar el aumento de la inflación y los recientes reveses de políticas, así como garantizar el logro de los objetivos subyacentes del programa. Tales políticas deben implementarse firme y consistentemente.

Se lograron entendimientos en las siguientes áreas clave: Política fiscal, “las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9 por ciento del PIB en 2023 a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital, al tiempo que protegen el gasto social y de infraestructura prioritario. Para cumplir con las metas de reducción del déficit y fortalecer la progresividad de los subsidios energéticos, las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y para los usuarios comerciales a fines de 2023. Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos”.

También en Política monetaria y cambiaria, “para hacer frente a las continuas presiones inflacionarias, que han repuntado en los últimos meses, las autoridades pretenden mantener positivas las tasas de interés oficiales en términos reales. Mientras tanto, continuarán los esfuerzos para asegurar la competitividad externa y fortalecer la cobertura de reservas, que las autoridades planean complementar a través de la oportuna racionalización de la política cambiaria. También se comprometen a no utilizar reservas internacionales ni emitir instrumentos de deuda externa de corto plazo para intervenir en los mercados cambiarios paralelos”.

Del mismo modo en Estrategia de financiación porque “Se está implementando con cautela y buena comunicación una estrategia proactiva de gestión de la deuda en el mercado local. Esto está ayudando a afrontar los vencimientos de deuda, especialmente en el segundo y tercer trimestre, movilizar el financiamiento interno y mejorar el funcionamiento del mercado de bonos y cambiario, evitando agregar vulnerabilidades en el futuro. Las autoridades continúan movilizando financiamiento oficial de fuentes multilaterales y bilaterales, incluso mediante la finalización de acuerdos bilaterales con los pocos acreedores restantes del Club de París. Estos esfuerzos ayudarán a mantener el financiamiento monetario directo del déficit fiscal a un máximo del 0,6 por ciento del PIB en 2023, en línea con los objetivos del programa”.

Así también, explicaron: “Si bien se espera que políticas macroeconómicas más sólidas y esfuerzos para asegurar mejorar la cobertura de reservas y revertir las recientes pérdidas de divisas, se solicita una modificación del objetivo de acumulación de reservas internacionales netas para 2023. Esto acomodará parcialmente el impacto cada vez más severo de la sequía, al mismo tiempo que tendrá en cuenta los efectos compensatorios de menores precios de importación de energía y las medidas de políticas acordadas. Se solicita que la mayor parte de esta acomodación se realice a principios de 2023, en consonancia con el impacto adelantado de la sequía”.

Asimismo, añadieron: “En el futuro, será esencial mantener políticas sólidas y adaptarlas según sea necesario a la evolución de las condiciones externas e internas. Las medidas cambiarias administrativas temporales no deben ser un sustituto de una política macroeconómica sólida”.

En el cierre, concluyeron: “Agradecemos a las autoridades argentinas por sus discusiones abiertas y constructivas en curso y damos la bienvenida a su compromiso continuo para abordar los desequilibrios macroeconómicos y salvaguardar la estabilidad”.