Se trata de una propuesta de Alejandrina Barry (FIT) mediante la cual se buscará dar respuestas a las víctimas de ese flagelo y brindarles herramientas económicas, habitacionales y laborales.
Tras el “Día Internacional de la Mujer”, la legisladora del Frente de Izquierda (FIT) Alejandrina Barry presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscará instalar un “plan de acción contra la violencia de género”, en el que se prevé darle a las victimas herramientas económicas, habitacionales y laborales.
De esta manera, el texto recientemente presentado establece que en aquellos casos que la víctima no posea una vivienda o la permanencia en la que ya tiene suponga una amenaza para su integridad física, psicológica y/o sexual, y no tuviera los medios económicos necesarios para resolverlo, “el Gobierno de la Ciudad deberá garantizar su acceso inmediato a refugios dispuestos en hoteles y viviendas disponibles para tal fin”.
Además plantea la creación de una “Asistencia Económica para las víctimas de violencia de género”, cuyas beneficiarias serán todas las personas mayores de 16 años que tengan empleo, así como a todas las personas sin distinción, se encuentren registradas o no, que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores.
“La asistencia económica será una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual igual al costo de la canasta familiar en base a la actualización de información brindada por la Junta Interna de ATE-Indec”, señaló y precisó que “incluirá también los aportes previsionales y el servicio de obra social gratuito, tanto para las personas solicitantes como para sus hijos u otras personas a cargo. Asimismo, la asistencia económica creada por la presente ley será percibida por las y les solicitantes durante todo el tiempo en que se encuentren fuera de sus domicilios o lugares de residencia y/o hasta tanto consigan insertarse o reinsertarse laboralmente”.
En términos laborales, el proyecto establece la creación de licencias con goce de haberes por violencia de género; cuyos plazos serán evaluados y otorgados por equipos interdisciplinarios, contemplando la voluntad de la persona y, sin que sea necesaria ninguna otra presentación o denuncia.
La iniciativa también plantea que “en los ámbitos laborales públicos o privados, las personas víctimas de violencia tendrán derecho a acceder, a sola solicitud y de manera inmediata, al cambio del lugar físico laboral, a fin de resguardar su integridad así como de sus hijos y/o personas a cargo”.
