La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada radical Gabriela Lena (Entre Ríos), se reunió este miércoles para avanzar en el debate sobre juicios laborales y registración de empleados y su impacto en el comercio y las PyMEs. Los legisladores del Frente de Todos estuvieron todos ausentes.

Los invitados a la reunión fueron Marcos Kon y Federico Rueda, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca; Laura Velardez, abogada laboral, Walter Calderón, presidente de Nieve Sol S.A. y Rio Sky S.A.; y Salvador Rosetti, de Estudio Rosetti e Hierros Quilmes.

Ninguno de los 15 legisladores del Frente de Todos que integran esta comisión estuvo presente en la reunión, lo cual fue criticado por los diputados opositores. En ese sentido la diputada Mónica Frade alertó que la ausencia de diputados del Frente de Todos dejaba expuesto “lo difícil que va a ser para Juntos por el Cambio discutir legislación laboral, porque no hay nadie del FdT que esté dispuesto a discutir. Dependerá de la fuerza que tengamos en el Congreso a partir de diciembre para que podamos discutir estos temas”.

El primero en intervenir -a través de videollamada- fue Marcos Kon, del Consejo de Ciencias Económicas de Catamarca, quien compartió una pantalla y explicó: “Detectamos que la problemática viene de la relación empleador y fisco, y empleador y trabajador”.

En esa línea, amplió: “Del punto de vista del fisco y el empleador, la problemática es la alta carga social de los microempresarios porque la mayor parte del empleo de la Argentina se genera de las micro y medianas empresas”. Así también manifestó que “existe una falta de incentivos para que las empresas contraten personas”.

Resaltó la existencia en su provincia de un artículo que les brinda beneficios fiscales, y sugirió que ese ejemplo se traslade a los demás fiscos. Advirtió que “hay un alto costo al despido sin causa”, y del mismo modo sostuvo que “ante el despido el trabajador inicia el trámite judicial, pero si el empleador no tiene la prueba por el despido, seguramente se transforme en juicio laboral y estos, siempre los ganan los trabajadores, y nunca el empleador”.

De igual manera, el catamarqueño siguió: “Vemos el exceso de incentivo de ser trabajador de la administración pública y son muy contados los casos donde ha habido personas despedidas del sector público”.

En esa línea, desarrolló: “Desde el sector público hay una cantidad menor de trabajo por día y cantidad menor de días de trabajo. Hay mayor sueldo en el sector público que en el sector privado y también, hay mayor cantidad de días de vacaciones (en el público 30 días, y en el privado 14).”

En el final de su intervención, volvió sobre los despidos: “Se analiza la idea de contratar un seguro, pero las pruebas mal aplicadas se transforman en juicios laborales y eso lleva a la quiebra de empresas”. “Las nuevas generaciones tienen poca tolerancia, renuncian y tienen alta conflictividad respecto a juicios laborales”, cerró.

Luego, Federico Rueda, presidente del Consejo de Ciencias Económicas catamarqueño, afirmó: “Queremos mostrar una mirada técnica y le pedimos a ustedes (diputados) que deben hacer el seguimiento de las leyes”.

Siguiendo con esa idea, amplió: “Desde el consejo estamos dispuestos a participar porque sabemos que un juicio laboral lleva a la quiebra a un emprendedor”. Asimismo, explicó: “En la actualidad, un emprendedor le sugiere a otro, no te conviene tomar gente porque te hacen juicio”.

“No es lo mismo el lobby de una gran empresa que de un emprendedor”, anunció, y finalizó: “El Consejo de Ciencias Económicas siempre tendrá un espacio para debatir estas cosas”.

A su turno, la abogada Velárdez explicó: “El tema del juicio laboral es distinguir a las grandes empresas con las mini pymes; no solo en la temática laboral, sino la fiscal”, relató. Además cuestionó el papel de las ART, al señalar que “cuando un empleado fallece, por cuestiones no laborales, la empresa debe pagarle el 50 de los costos”.

En tal sentido, Velardez explicó: “Lo ideal sería que se tome en un fondo todo lo que le corresponde a una empresa con las contribuciones de ART, seguridad social y obra social que actualmente no se pueden pagar”. “Tenemos el IVA, tenemos ingresos brutos y tasas municipales que, al momento de encarar una reforma, debe ser global”, añadió.

Además, lanzó críticas contra leyes actuales: “La ley permite cantidad de multas a una empresa, y esas multas se acumulan mes a mes. El trabajo de esta comisión debe ser coordinar toda la actividad comercial de una empresa y fijar en qué se la puede beneficiar”.

En cuarta instancia, el empresario Walter Calderón fue más duro que los anteriores y aseveró: “Tenemos casas de deporte en zona sur (del Gran Buenos Aires) y afrontamos muchos juicios laborales. Se agravó con certificados psiquiátricos que se consiguen por 5.000 pesos”.

En esa idea, relató una situación vivida en su empresa con una mujer que era encargada y ahora está embarazada y ausente. “Vamos pagándole el séptimo certificado de psiquiatría. Le hicimos una denuncia penal a un psiquiatra”, y agregó: “Esta empleada ya nos sacó siete meses de trabajo sabiendo que los certificados se venden”.

Por otro lado, Calderón expresó: “El empresario si tiene un buen empleado va a estar cómodo, pero estamos en una situación totalmente desfavorable”. “Después hay juicios y la ART no nos cubre el 100 por ciento”, señaló.

Así también, se refirió a la carga tributaria: “Nosotros tenemos problemas graves con las retenciones cuando vendemos a las provincias y eso, genera un gran perjuicio tremendo para las pymes”. “Hay una industria que es como un gas silencioso que no está matando”, cerró.

El quinto y último invitado fue Salvador Rosetti, de Estudio Rosetti e Hierros Quilmes, quien de manera presencial explicó: “Traje conmigo a los clientes, proveedores y amigos y les pregunte en qué nos benefició, pero nadie respondió y cuando pregunte en que te perjudicó, todos respondieron”.

En tal tema, Rosetti exigió: “Debería existir una diferencia con las grandes corporaciones, respecto a las mini pymes porque la pyme es el motor del país y esta ley justamente viene ayudar porque la pyme tiene muchas trabas”.

En el cierre de su exposición, criticó a los beneficiarios de planes sociales ante la falta de mano de obra: “No hay gente para trabajar y aparece la excusa de que tengo un plan y piden no darse de alta para no perder el plan”.

Las consultas de los diputados presentes

El diputado nacional Marcos Carasso (UCR – Córdoba) le consultó a Calderón la cantidad de empleados que tenía antes y ahora, y este le respondió “pasamos de 113 a 57 empleados”. “Se podría buscar una manera de tomar gente dándole a los empresarios, tres meses de no pagar las cargas sociales”, agregó el empresario.

En esa línea, Calderón consideró: “Los despidos no deben ser tan elevados a la hora de pagar indemnizaciones porque hay empelados que buscan permanentemente que los echen y deberíamos buscar una solución” “Si una persona no quiere trabajar le debo pagar el 30 por ciento de la indemnización y le doy trabajo a dos personas”, indicó.

Del mismo modo, la diputada Mónica Frade (CC – ARI- Buenos Aires) expresó: “Si no encontramos una rebaja en el costo laboral, el juicio laboral seguirá siendo un bumerán que se lleva puesta las empresas”. Así también, consideró que “será difícil discutir este tema a partir de diciembre si no tenemos la mayoría. No se ha conseguido eliminar el trabajo en negro porque los responsables de los ministerios y sindicatos no lo controlan”, cerró.

El diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza) criticó la ausencia del FDT y amplió: “Presente un proyecto para bajar las cargas, y bajar costos de un 50 por ciento en pymes de hasta 25 empleados”. En esa línea, agregó: “Tratar temas previsionales y no el empleo registrado, es gravísimo”.

Con más fervor, el diputado nacional José Carlos Núñez (Pro – Santa Fe) afirmó que “la informalidad en la Argentina es del 40 por ciento”, y la consideró “terrorífica”.

“El denominador común es que todas las empresas necesitan empleados y del otro lado, en la 9 de julio los beneficiarios de planes diciendo que no hay trabajo”, aseveró. “Si no generamos las condiciones, nadie va a venir a invertir en la Argentina”, finalizó.

Por otro lado, el diputado nacional Juan Carlos Polini (UCR – Chaco) lamentó la ausencia del FdT y agregó al tema: “No podés tomar un empleado porque terminas comprando un problema a largo plazo”. “Cada vez que un empresario toma una pasantía, terminas tomando a tres meses y compras una hermosa hipoteca”, indicó.

Del mismo modo, relató que “hay un problema con los planes sociales”, y explicó: “En el norte hay muchos planes sociales, y hay gomeros y camioneros que laburan en negro. El país no da para más. Hay dos generaciones aisladas económicamente”.

La última legisladora en intervenir, fue Dolores Martínez (Evolución Radical – CABA), quien afirmó: “Estamos buscando que lo que planteamos sea debatible porque tiene varias aristas y complejidades, ya que es un problema real”. Además, criticó al oficialismo: “Del FdT nos dicen que el problema no existe”

“acá están las experiencias, pero es el objetivo que nos planteamos cuando empezamos el debate”. “Nos han cercenado la posibilidad de debatir desde hace dos años y las bancas vacías lo dicen todo”, cerró.

En el final de la reunión, la presidenta de la Comisión de Comercio, Gabriela Lena, aclaró: “Siguen siendo problemas prioritarios para nosotros”. “Desde esta comisión se van a seguir visibilizando los problemas de los comerciantes, medianas y pequeñas empresas y micro emprendedores”, concluyó.