En una extensa reunión, de más de siete horas, el oficialismo en la Comisión de Juicio Político votó por mayoría una ampliación de prueba para citar a los periodistas Jorge Lanata, Luciana Bertoia e Irina Hauser como testigos en el proceso que se lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema. “Escribieron mucho sobre el tema”, argumentó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) al referirse a una de las causales, que es el fallo 2×1.

Además, se aprobó librar oficios a la IGJ y a la AFIP sobre información de la empresa MoRo Media de Silvio Robles, mano derecha del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti. En ese sentido, Tailhade anticipó que en la próxima reunión -para la cual todavía no se fijó fecha- pedirá “el levantamiento fiscal de MoRo Media” e insistirá “con la dispensa de inmunidad de (José) Torello si sigue faltando”, en alusión al senador del Pro que no concurrió a testificar. 

Desde Juntos por el Cambio, sobre MoRo Media, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) advirtió: “No podemos nosotros levantar un secreto fiscal. Creo que es uno de los pedidos que tenemos que hacer por intervención de un juez”. 

La audiencia de este martes giró en torno al fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. La intención del Frente de Todos es hurgar en la hipótesis de que existió un “arreglo” de esa decisión del máximo tribunal entre los funcionarios de la anterior gestión y el juez Carlos Rosenkrantz, con la influencia sobre el voto de la exjueza Elena Highton de Nolasco.

Cerca de las 18, cuando la comisión ya llevaba más de cuatro horas de reunión, fue momento del interrogatorio a Federico Morgenstern, de la vocalía del juez Carlos Rosenkrantz, quien está a cargo de procesar todas las causas que vienen de la Secretaría N°3, que es la penal, dijo. “Me acuerdo bastante bien las cosas que pasaron con Muiña”, expresó sobre el fallo y recordó que recibió el legajo, lo estudió durante unos meses y junto a Rosenkrantz “preparamos el proyecto inicial de la causa”. “Después con el desarrollo de las discusiones y negociaciones internas, el proyecto fue recibiendo modificaciones” que hacen a “la lógica de un tribunal colegiado”, continuó.

Al recibir preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT) sobre el voto conjunto de Rosenkrantz y Highton de Nolasco, la oficialista advirtió que luego de pasar por la vocalía de Rosenkrantz, según el sistema informático, el expediente pasó por la vocalía de Ricardo Lorenzetti y después salió la sentencia. “¿Cómo es posible que haya adherido al voto si no pasó por su vocalía?”, consultó Siley, a lo que Morgenstern respondió que la jueza “tenía fotocopias, igual que el doctor Rosatti”. 

Sobre qué ponderaciones se hicieron al momento del fallo, el testigo argumentó: “Se ponderó el derecho nacional, constitucional-legal, interamericano, internacional, el Estatuto de Roma, la doctrina nacional e internacional, las dimensiones filosóficas del principio de ley penal más benigna y de la ley intermedia, y la existencia o no de reglas judiciales para fijación de penas para delitos de lesa humanidad”. El análisis del expediente fue durante la feria judicial, expuso Siley, a lo que el funcionario de la Corte ratificó que sí, que trabajó “durante todo el verano” de 2017. 

“No me acuerdo por qué se eligió el caso Muiña”, afirmó durante su declaración sobre todas las causas de lesa humanidad que había y resaltó que “no había una doctrina tradicional de la Corte en la materia”. “Los argumentos del doctor Rosenkrantz están en el voto y creo que son bastante contundentes”, sostuvo. 

En un contrapunto con Leopoldo Moreau (FdT), Morgenstern señaló que “no había ninguna doctrina interamericana para seguir en la materia”. “La Corte Interamericana no había emitido fallos sobre esta cuestión jurídica que se emitió en Muiña”, manifestó, a lo que Moreau le respondió que no era así porque “la Corte Interamericana estableció que en los delitos de lesa humanidad no podían ser sujetos a medidas que aliviaran la pena”. 

Cuando ya llevaba una hora de testimonio, y ante la explicación de la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), de por qué fue convocado -bajo la hipótesis de que el fallo se “orquestó” entre la Corte y el gobierno anterior-, el funcionario de la vocalía de Rosenkrantz expresó: “Yo no tengo idea de nada extrajurídico… de si hubo reuniones con la doctora Highton (y Rosenkrantz). Mi experiencia en la Corte trabajando el caso Muiña con el doctor Rosenkrantz, otros jueces de la Corte y colegas míos de otras vocalías desmiente absolutamente esa cosa espuria que usted está insinuando. Si ustedes no están discutiendo Muiña, no sé para qué me convocaron. Yo no tengo nada que responder extrajurídico”.

Más tarde reforzó su postura al recibir una pregunta del diputado Álvaro González (Pro): “¿A usted le consta que hubo algún acuerdo entre el gobierno de turno, que era el del ingeniero (Mauricio) Macri, y la Corte en ese momento para dictar este fallo?”. “La respuesta es no, pero me gustaría agregar algo: sí recuerdo, y esta es una apreciación personal, lo alocado que me pareció el surgimiento de la tesis que esbozó la doctora Gaillard, porque los mayores ataques a lo resuelto en Muiña vinieron del lado del gobierno. Desde el primer día hubo un ataque sistemático, no a la Corte, pero al 2×1”, contestó el testigo.

Otro de los citados que concurrió este martes fue Horacio Diez, subprocurador del Tesoro Nacional, quien entre 2016 y 2017 se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y fue consultado sobre por qué en diciembre de 2016 el entonces Poder Ejecutivo no apeló el amparo que había presentado Highton de Nolasco contra el fallo Schiffrin, que sostenía que la edad límite para permanecer en la Corte era de 75 años, y de esta manera la jueza pudo permanecer en su cargo. En el oficialismo sospechan de que eso se hizo para construir una mayoría para el fallo Muiña. 

Sobre la rapidez en responder la cuestión, Diez recordó que “el 26 de diciembre de 2016 se presenta la demanda de Elena Highton de Nolasco para continuar con su función luego de haber cumplido 75 años. Era uno de los casos de relevancia institucional, tenía que ver de manera directa con la integración del alto tribunal”. Por ser un amparo “los plazos eran abreviados” y “era imprescindible responder”, apuntó, además de mencionar que la magistrada había tenido “un pronunciamiento favorable del Juzgado Federal Contencioso Administrativo N°6 alineado con la doctrina del precedente (Carlos) Fayt”. 

Consultado por el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) sobre si recibió alguna indicación sobre cómo obrar en el caso, el funcionario dijo: “No, no recuerdo haber recibido ninguna indicación especial”. “La duración del proceso insumió 13 días hábiles, ¿estos son los plazos habituales para esta cuestión?”, ahondó el oficialista, a lo que el testigo respondió que “en todo caso se cumplió los plazos de la ley de amparo”. Sobre su experiencia en la cuestión, relató: “Me tocó intervenir en la contestación de la demanda y la exposición de los recursos en el caso Fayt. Después no tuve continuidad con estos temas. Me reencuentro con el tema a raíz del caso Highton”. 

En otro tramo, añadió que en las 48 horas que había para apelar al fallo no recuerda haber tenido intercambio con el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sino que solo recibió instrucciones del exsecretario de Justicia, Santiago Otamendi. 

En virtud de su cargo actual, la diputada Graciela Ocaña (Pro) aprovechó para preguntarle por “el dictamen de la Procuración del Tesoro que tiene como beneficiaria a la expresidenta (Cristina Kirchner) respecto de su doble jubilación”. Ante ello, Gaillard le remarcó que la pregunta no tenía “que ver con la causa que estamos tramitando; el testigo no vino a contestar de todo. No es procedente”. También recogió el guante la camporista Paula Penacca (FdT), quien recomendó que para tener esa respuesta estaban las opciones de que “el funcionario se tome un café con la diputada Ocaña cuando termine la comisión, o lo citemos a la Comisión de Previsión, que sería el ámbito adecuado”. 

En la audiencia participó, a su turno, María Ángeles Ramos, fiscal titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde 2017, quien recordó que le tocó intervenir en uno de los tramos que se le imputaron a Muiña, pero no dictaminó en particular en ese caso sino en uno que derivaba del mismo. 

La testigo recordó que al momento de los hechos que se le imputaron a Muiña “no estaba vigente la ley” del 2×1 como cómputo de pena, como tampoco “las detenciones de los acusados ocurrieron en esa época ni en la que estuvo aplicada la ley”. Por eso, se opuso a ese beneficio en los dictámenes en los que le tocó intervenir. También lo hizo en línea con los compromisos internacionales que tiene el país en esta materia, aclaró. 

Al responder preguntas del diputado Leopoldo Moreau (FdT) sobre la cantidad de fiscales que se negaron a seguir la doctrina de la Corte en la materia, Ramos precisó que se empezaron a “suscitar planteos similares” por parte de condenados por delitos de lesa humanidad y, de acuerdo a un informe de agosto de 2017, a partir de ese fallo hubo “90 casos con peticiones por aplicación del régimen del 2×1, principalmente en Tucumán, Córdoba y La Plata, pero también en Resistencia (Chaco), Mendoza y Rosario (Santa Fe)”. De los 118 planteos, contabilizados al final del relevamiento, el 9 de agosto de 2017, se habían resuelto 63, de los cuales “el 95% de esos casos fue rechazado y en tres de ellos, correspondientes a La Plata, habían sido admitidos”. 

Es decir, subrayó Moreau, que “la inmensa mayoría de los pronunciamientos no fueron en línea con la Corte”. “Sí, los casos se han resuelto en sentido contrario”, contestó la fiscal. 

Por otra parte, detalló que al 22 de diciembre de 2017 había 593 causas en trámite, con 2.979 personas imputadas y 200 sentencias, “siendo el año con mayor número de sentencias que se habían registrado hasta ese momento” desde la reapertura de los juicios. Y, sobre los últimos datos, precisó que a diciembre de 2022 hubo 294 sentencias; y fallecieron 21 personas que estaban imputadas, lo que representa el 1% del total de acusados por estos delitos.  

Último testigo de la jornada, José Sebastián Elías, también de la vocalía de Rosenkrantz, respecto del fallo 2×1, declaró que no participó “en la redacción del proyecto, sí en la discusión previa” y en “reuniones previas a la preparación del voto y la emisión de la sentencia”, para la cual se tuvieron en cuenta casos anteriores. “Siempre que se discute un aspecto de ese caso los precedentes están en primer orden. Para el doctor Rosenkrantz los precedentes son importantes”, señaló. “No tengo conocimiento de que hubiera habido algún grado de urgencia, no fue tratado de ese modo”, dijo sobre el tiempo del fallo. 

Este martes también declararon Gladys Cuervo y Zulema Chester.