Fue en el marco de un plenario de las comisiones de Agricultura y de Industria, donde se anunciaron las modificaciones introducidas al proyecto original y se buscará avanzar en el dictamen en una próxima reunión con Presupuesto.
El proyecto de ley agroindustrial fue modificando su denominación a lo largo del tiempo hasta alcanzar el definitivo con el que buscarán alcanzar su aprobación: Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador se denomina esta iniciativa presentada originalmente en 2021, que perdió estado parlamentario el último 28 de febrero, y que ahora tratarán de llevar al recinto con un consenso que se alcanzó a lo largo de un año y medio de debate.
Así se estableció en el marco de la reunión informativa convocada para este miércoles por Agricultura e Industria, que como tal no necesitó quórum para arrancar, y en la que se presentaron todas las modificaciones realizadas al texto original. Así lo anunció el radical Ricardo Buryaile, presidente de Agricultura -que es la comisión cabedera de este debate- y que confirmó que la iniciativa original tuvo “muchas modificaciones que se trabajaron, se trabajó mucho”, tras lo cual le dio la palabra a su par del oficialismo Marcelo Casaretto, quien tras una breve introducción detalló los múltiples agregados y modificaciones introducidos en el texto original.
“Esta ley trata de promover la inversión en el sector agroindustrial”, enfatizó el entrerriano, que admitió que “seguramente (esta norma) no va a dar respuesta a todas las situaciones vinculadas con estos sectores, pero es un avance muy importante”.
“Por vicisitudes políticas no lo pudimos tratar en el período anterior, caducó y hubo una nueva presentación”, refirió el legislador, que aclaró que para agilizar el trámite se decidió que ya no volviera a presentarlo el Ejecutivo, sino que lo hicieron alrededor de 20 diputados del oficialismo, reflejando el proyecto original, “más las incorporaciones de este trabajo de un año y medio”.
El texto original contaba con 15 artículos, más los de forma, y ahora fue ampliado a 22 artículos, que a continuación Casaretto detalló.
Marcelo Casaretto recordó que el proyecto original comenzó a tratarse en noviembre de 2021 y lo comparó con el de marzo de 2023, con sus incorporaciones y modificaciones. Comenzó por el artículo 1°, que cuenta los lineamientos generales del régimen, creando uno que amplía los conceptos, haciéndolo “un poco más abarcativo, con otras actividades”, y dándole “la importancia que tienen el sector de micro, pequeñas y medianas empresas del sector”.
Respecto del 2° artículo, la vigencia original era hasta fines de 2025. Las dilaciones que sufrió el proyecto llevaron a cambiar esa vigencia por diez años, con la posibilidad de ampliar los plazos.
El artículo 3° refiere a quiénes pueden acogerse al régimen. Allí no hubo cambios, pero en el último párrafo se puso un énfasis especial a las cadenas de valor en las economías regionales.
Al llegar al artículo 4°, Casaretto contó que una de las cosas que se discutieron durante el debate fue “el tema de ciertos registros que se creaban, si crear nuevos registros, nuevas burocracias… en consecuencia, no hay creación de registros”. Se contempla el concepto de la ventanilla única digital, que sería la inscripción en este régimen y tiene por objeto facilitar el acceso de parte de los productores agroindustriales.
El proyecto original tenía 15 artículos. El nuevo, representado este mes, fue ampliado a 22.
Se agrega además un párrafo en cuanto a las exclusiones del régimen, contemplando la exclusión de los sujetos condenados por el delito de quiebra fraudulenta.
El 5° artículo refiere al tratamiento fiscal para beneficiarios. Se sacó el concepto de nuevo registro, reforzándose el de ventanilla única digital. Además, planteó Casaretto, se refuerza el concepto de invitar a las provincias, Ciudad de Buenos Aires y los municipios a dictar normas de promoción complementarias. Esto es, se dan beneficios nacionales, que podrán ser acompañados así por los distintos distritos.
El 6° artículo refiere a quiénes serán los beneficiarios y el concepto de incrementalidad. Para llegar a los beneficios, las empresas, productores, deben contemplar el aumento en alguno de los cinco indicadores establecidos, a saber: o aumentar el volumen de ventas; aumentar el volumen de producción física; aumentar el volumen de exportaciones físicas; incrementar el personal ocupado; o las inversiones realizadas.
El régimen original contemplaba que año a año tenían que mostrar los productores mejoras. “Ahora proponemos que cada dos ejercicios fiscales se debe acreditar la mejora de alguno de estos conceptos”, precisó el presidente de la Comisión de Industria, introduciendo un concepto “bianual”, para tener más flexibilidad que contemple temas climáticos, como por ejemplo sequías. Y se saca el concepto de línea de base, que tomaba como promedio los tres ejercicios fiscales anteriores a la ley. “Le damos una mayor amplitud y se incorpora un párrafo referido a plantaciones perennes”, agregó.
Ahí Ricardo Buryaile detalló que esa modificación tiene sobre todo sentido en las plantaciones frutales, y se trata de una iniciativa fundamentalmente destinada a las economías regionales, donde existe la inversión inicial y durante todo ese tiempo se difiere la amortización, que no estaba prevista.
El artículo 7° representa un beneficio importante: la amortización acelerada de las inversiones en el concepto de impuestos a las Ganancias. Se elimina la referencia a los registros y se habla del régimen y la ventanilla única digital.
“En el proyecto original se hablaba de qué tipo de inversiones iba a tener el beneficio. Incorporamos un agregado que dice ‘serán susceptibles de amortización todas aquellas inversiones necesarias para generar, mantener o conservar la ganancia sujeta a impuestos’”, señaló Casaretto, para quien “toda inversión es necesaria; al poner eso lo hacemos amplio y no quedaría ningún concepto fuera de la ley”.
A continuación, hizo referencia a una serie de incisos, como el “a”, que habla de en cuántas cuotas se puede contemplar la inversión acelerada. Antes se podía tomar en 4 años, otros en 3, al amortizar aceleradamente la inversión, el que invierte tiene un premio de pagar menos ganancias. Cuanto más acelerada es la amortización, más beneficio para el que invierte, detalló el miembro informante del proyecto.
“Estamos planteando bajar esa amortización acelerada a dos años”, precisó Casaretto, que agregó que también había un listado de posiciones arancelarias y un registro de oferentes de bienes de capital, que se elimina ahora.
En otros incisos se agregan diversos tipos de inversiones, como así también beneficios para cuando hay inversiones en mejoras del predio agroindustrial, incluyendo la construcción de viviendas dentro del establecimiento agroindustrial destinadas al personal rural que trabaja en el mismo. Se agrega un inciso que contempla las inversiones en construcciones e infraestructura, incorporando la categoría de MiPyMEs, y otro sobre las condiciones laborales de los trabajadores.
El artículo 8° refiere a la evaluación de la hacienda. Se elimina la referencia al registro, se habla de régimen, y se elimina la referencia al peso de la hacienda. Ahí contó el diputado Buryaile que el proyecto decía que la Secretaría de Agricultura iba a determinar el peso de la faena y que debía ser creciente, pero “había animales que pasaban de categoría y perdían valor”. Por eso, precisó el diputado formoseño, se buscó “quitarle la imprevisión de saber cuál va a ser el peso de la faena del próximo año y entender que no siempre una suba del precio de faena significa un aumento del valor de la producción”.
Los artículos 9° y 10° refieren a los saldos a favor técnicos por inversión en bienes de uso: se reducirá a tres períodos fiscales. Eso no tuvo cambios. En cuanto al artículo 11°, “empezamos a hablar de los certificados de crédito fiscal”, señaló Casaretto, en referencia a la creación del Sistema de Promoción Agroindustrial para la producción sostenible. “Esto tenía contemplado ciertos conceptos –dijo-. Se amplían, se hace una referencia a la conservación del suelo, de los requerimientos nacionales y de terceros mercados para la sustentabilidad, mejorar la calidad de los productos, las buenas prácticas agropecuarias y frutiortícolas”, entre otrossectores, más los programas que se creaban por ley, que originalmente eran tres y ahora son cuatro.
“El primero es el incremento del uso de semilla fiscalizada que se agrega, que tiene que estar aprobada por el Instituto Nacional de Semillas; el b, habla del estímulo a la producción sustentable, incorpora el concepto de bioinsumos fertilizantes y otro tipo de insumos autorizados por la autoridad competente; el c refiere al incremento de la productividad de la ganadería extensiva e intensiva; el inciso d, es el que se agrega la adopción de sistemas de gestión de calidad inocuidad triple impacto y certificación oficial”, detalló Casaretto, que agregó que “no se crea un registro nacional de fertilizantes, eso se elimina. Se piensa en simplificar la ley”.
Llegó al artículo 12° para detallar que se sacó la referencia al registro y se habla allí solo de la adhesión al régimen, y como concepto final del artículo se introduce la financiación de estos programas. En el concepto original, tenían que atenderse estos programas con las partidas presupuestarias. “Quisimos garantizar un piso mínimo en función de los niveles de actividad y exportaciones del sector –agregó Casaretto-. Se establece una asignación presupuestaria mediante la ley de Presupuesto, pero se refiere a que no podrá ser inferior al 0,15%de la suma del valor de las exportaciones de productos primarios y de manufactura de origen agropeciario en el año calendario anterior. Esto refiere a una estimación en base a los datos del año pasado, que sería un piso de 11mil millones de pesos de acuerdo con los valores del año pasado. El 80% tiene que ser invertido en el sector MiPyMes y PyMEs”.
El artículo 13° tiene que ver con la transparencia fiscal. Allí se saca la referencia al registro y se habla de la inscripción en el régimen de la ventanilla única digital.
A partir del artículo 14, son agregados producto del debate que se dio en este tiempo que lleva el proyecto en el Congreso. Ese artículo refiere la promoción del empleo y tiene en cuenta que por los nuevos empleados que se incorporen a partir del régimen, habrá una reducción del 50% en las contribuciones patronales a cargo del empleador por un período no inferior a dos años, que se puede elevar al 100% en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas agropecuarias e industriales.
Los artículos 15, 16 y 17 tienen que ver con la promoción de las exportaciones con valor agregado. Incluyen beneficios para las MiPyMEs sin actividad exportadora que entren al régimen. Van a tener una bonificación de las tasas por todos los trámites ante el Estado por las primeras tres operaciones de exportación. Esto es, aquellos que intenten ganar un mercado, tendrán un incentivo.
En el artículo 18° se habla de contribuciones patronales, facultando al Poder Ejecutivo a revisar y actualizar la base imponible de las contribuciones.
El artículo 19° refiere a la autoridad de aplicación y el cambio tiene en cuenta las modificaciones ministeriales. El proyecto original hablaba de los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo; ahora se habla del Ministerio de Economía y de las secretarías de Agricultura y de Industria.
Por último, el artículo 22° es otro agregado que tiene que ver con el programa de compensación y estímulo creado por decreto en 2020, en base a la Ley de Solidaridad Productiva, que se votó en diciembre de 2019. Era una compensación a pequeños productores que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, y ahora se plantea prorrogar un año más los beneficios.
Al concluir la presentación, Marcelo Casaretto reiteró que el objetivo de la convocatoria era presentar el tema y avanzar en la discusión, para “ver si hay acuerdo y consenso, avanzar con esto y en una próxima reunión con Presupuesto, avanzar en el dictamen”.
Concluyó advirtiendo que “sepamos que no podemos poner en esta ley todo lo que queremos; es lo que hemos podido consensuar entre los bloques y el Ejecutivo. Todo lo que se quiera cambiar nos va a hacer reanudar el ciclo, por lo que proponemos la aprobación de este texto”.
