A casi un mes de la amenaza contra Lionel Messi en uno de los supermercados de la familia de su esposa, cuando todas las miradas se posaron en la ciudad de Rosario, azotada por la violencia narco, la Cámara de Diputados dio media sanción este martes a un proyecto de ley que se aceleró en medio de esa conmoción: el que propone la creación de alrededor de 50 cargos para fortalecer la justicia federal de Santa Fe. La votación resultó con 214 votos afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones, del Frente de Izquierda.

La iniciativa había sido presentada en mayo del año pasado por 18 de los 19 legisladores que representan a la provincia, pero no había avanzado sino hasta este mes, cuando la agenda pública se concentró en los casos de balaceras y homicidios producto de la actuación de las bandas de narcotraficantes.

El proyecto, que se estima dará soluciones a mediano y largo plazo, fue avalado por el oficialismo y la oposición en comisiones, primero en un plenario de Justicia y Legislación Penal y luego en Presupuesto, pero no sin un debate álgido y cargado de reproches, que se replicó este martes, aunque sin la misma intensidad. De hecho, durante las más de cuatro horas que duró la discusión, el recinto permaneció mayormente casi vacío. Hasta la Cámara baja se acercó el gobernador santafesino, Omar Perotti.

Entre las quejas de la oposición resonó la demora en la conformación de la bicameral encargada del monitoreo e implementación del Código Procesal Penal, que agilizaría en un 50% las causas por este y otros delitos de competencia federal, producto de que el oficialismo en el Senado no designa a sus miembros en esa comisión. Ahora, será el turno de la Cámara alta también debatir esta media sanción.

El debate

El encargado de abrir el debate fue el diputado Roberto Mirabella (FdT), quien resaltó que “la narcocriminalidad que se da en nuestra provincia no tiene demasiados antecedentes. Según la PROCUNAR, en Santa Fe se tramitan el 20% de las causas de droga de todo el país. La violencia urbana tiene niveles inusitados en ese distrito y la cantidad de homicidios en Rosario cuadruplica la media nacional”. 

“Todo esto es lo que amerita estar tratando este proyecto en este recinto hoy”, dijo el legislador y subrayó: “Todos sabemos que, ante la complejidad que tiene este problema, se necesitan múltiples respuestas. Nosotros en este momento estamos cumpliendo nuestro deber, que es votar leyes”.

A continuación, su comprovinciana Ximena García (UCR) enfatizó que “Rosario pasa su peor momento por las bandas narcos, la escalada de la violencia y cuadriplica la cantidad de homicidios cada 100 mil habitantes respecto a las tasas del país”. 

Además, relató que “los crímenes graves son planificados desde los interiores de las cárceles, y en Rosario hay un homicidio por día”. En esa línea, la radical cuestionó: “Somos la provincia con menos partida presupuestaria y en 2023 solamente se ejecutaron 399 millones de pesos, pese a la situación compleja, y el número de oficiales enviados no es claro”. “Llegamos tarde y si no hubiera sucedido lo que le ocurrió a la familia Messi no estaríamos acá”, lamentó. 

Por su parte, otro santafesino, Gabriel Chumpitaz (Pro), celebró el acuerdo entre todos los bloques para la sanción del proyecto, pero alertó que no será suficiente. “Es un medida de mediano plazo que no alcanza para nada si no sitiamos a la ciudad de Rosario con fuerzas de seguridad federales, si no reformamos el Código Procesal Penal para terminar con la puerta giratoria, si no se construyen pabellones de alto perfil y, sobre todo, si no se termina con la concepción ideológica corrosiva de este Gobierno que transforma a los criminales en víctimas”, aseguró.

En su discurso, el diputado Mario Barletta (UCR) ponderó “el diálogo y el acuerdo para llegar al proyecto que fue firmado por todas las fuerzas políticas de Santa Fe”. Sin embargo, cuestionó “que se haya tardado tanto” en debatir y que no haya sido incorporado al temario de sesiones. “En Santa Fe no tenemos el orden y la prometida paz, y no engañemos a la gente con que los problemas se van a resolver con esta ley. Necesitamos a las fuerzas federales por cielo y tierra”, remarcó el exintendente de la capital santafesina.

Poniendo el eje en la necesidad de la implementación del sistema acusatorio, la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) consideró que “tiene que haber vocación política para terminar con el sistema inquisitivo que tenemos en la justicia federal”. “Se pretende hacer creer o descreer que lo que estamos tratando puede resolver el problema del narcotráfico en Rosario”, observó, para aseverar que “las responsabilidades son compartidas respecto del no funcionamiento del sistema acusatorio en el país”.

A su turno, el diputado Federico Angelini (Pro) criticó al Gobierno nacional por la falta de medidas contra el narcotráfico y apuntó: “No lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes por sobre los derechos de todos los argentinos y rosarinos”. “El 10 de diciembre de 2023 a todos los responsables que nos llevaron a esta situación se les acaba la joda y la impunidad”, prometió en clave electoral. 

Con una postura contraria a la legalización de las drogas, el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) destacó que se analiza la situación en Santa Fe, pero se preguntó qué hacer con el narcotráfico en Córdoba, el Gran Buenos Aires, los sectores fronterizos y la Patagonia. “Y podría mencionar a todo el país, que está siendo lentamente inundado por toda esta problemática”, señaló y agregó: “¿Cómo continúa esto? Mientras no haya estudios epidemiológicos que nos puedan ir mostrando quién consume, qué consume, dónde se consume, nada de esto se está haciendo… Lo que se hace es sarasa”.

Muy activo durante el debate del tema en comisiones, en la lista de oradores estuvo anotado el diputado Enrique Estévez (Partido Socialista), quien destacó que la iniciativa se presentó luego de un “acuerdo político y técnico” y tras haber trabajado “mancomunadamente con los operadores judiciales”. Por otra parte, al criticar la no conformación de la bicameral encargada de la implementación del Código Procesal Penal, fustigó a Cristina Kirchner: “Tendremos que esperar a que a la vicepresidenta se le antoje o tome la decisión política de convocar y designar a los miembros de esa cámara”. 

“Este no es un tema para agarrarlo para la joda, el narcotráfico es un delito que pone en jaque a la democracia, que está demostrado en el mundo que tiene más poder de violencia y económico que el Estado, y que corrompe a todas y cada una de nuestras instituciones públicas”, enfatizó el socialista, por eso afirmó que “hay que trabajarlo en unidad, muy seriamente y cada uno haciendo cargo de las responsabilidades que le tocan”. 

Al mencionar que en 2022 se registraron 288 homicidios en el departamento Rosario, el legislador apuntó que “esto es el abandono, la desidia de un Gobierno nacional y provincial que no se han hecho cargo de su responsabilidad, y esto permitió que se incrementaran en un 70% en tres años y pico los homicidios en ese departamento”. “La justicia federal tiene la misma estructura hace 43 años, pero además de esa estructura hay un 33% de cargos vacantes”, añadió en otro pasaje de su discurso. 

Avanzada la discusión, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) adelantó la abstención de la izquierda y expresó que “hay una responsabilidad del Estado en que la situación en Rosario esté como está y que se agudice el cuadro de avance del narcotráfico” a partir de “la complicidad de las fuerzas de seguridad, de la justicia y funcionarios de fuerzas políticas que han dejado que la situación avance y el narco se lleve la vida de niños y trabajadores que viven en las barriadas más postergadas de Santa Fe y especialmente de Rosario”. 

“Este no es un problema solamente de Rosario y Santa Fe, pero allí está especialmente agudizada la situación, y no puede sorprender porque es la zona donde los puertos están en manos privadas, no se controla lo que entra y sale, y se producen estafas con las exportaciones”, sumó. 

Desde la otra vereda, el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad) manifestó que “el proyecto pretende enfrentar al narcotráfico con una suerte de fortalecimiento del sistema judicial, creando más fiscalías y fiscales que investiguen. En principio esto parece de total lógica, pero el problema no está únicamente en la deficiente respuesta del sistema judicial, sino mucho antes y fundamentalmente en las fuerzas de seguridad”. 

“Es necesario una policía confiable”, sostuvo el liberal, al señalar que son las fuerzas de seguridad “las que deciden desde el territorio qué causas llegan al sistema judicial y cuáles no. Es la propia policía la que filtra, entrega o vende a veces el procedimiento a los narcos”. “Podríamos nombrar dos mil fiscales, e igualmente sería inútil”, opinó. 

Pese a que anticipó que votaría a favor, subrayó que con esta ley “se está montando una mega superestructura judicial que a los contribuyentes nos costará más de mil millones de pesos anuales solo en sueldos y otros seis mil millones de pesos de gasto estimado” para infraestructura. “Es necesario que a la par de más jueces y fiscales haya una policía judicial, profesional, altamente capacitada, moralmente intachable y que esté capacitada en inteligencia criminal”, insistió. 

“¿Estaríamos acá si no hubieran baleado el supermercado de la familia Messi? La respuesta es que no. Porque no estuvimos aquí en 2022 cuando asesinaron a 288 personas; de esas muertes violentas 33 fueron niños menores de 14 años, que claramente nada tienen que ver con el narcotráfico, y 64 fueron mujeres, esas mujeres asesinadas de las que nadie habla”, arrancó la diputada Silvia Lospennato (Pro). 

Con reproches al oficialismo, reclamó que “tienen que explicar por qué la vicepresidenta frenó la implementación del sistema acusatorio en Rosario; por qué el ministro de Economía, cuando envió el Presupuesto, no priorizó el gasto en seguridad para combatir al narcotráfico; por qué no protegen las fronteras, por qué no patrullan las rutas, por qué no controlan la hidrovía”. Luego de pedir y argumentar por la presencia de María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, la macrista solicitó no hacer “fulbito para la tribuna” y lanzó: “El narcotráfico está de fiesta en la Argentina desde que volvió el kirchnerismo en 2019”. 

En el tramo final del debate, que se extendió por más de cuatro horas, el diputado Marcos Cleri (FdT) ponderó el consenso entre todos los santafesinos para presentar este proyecto, que vino después de que haya perdido estado parlamentario la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional, que lamentó no se aprobara y dijo: “Hubiésemos ganado muchísimo tiempo”. 

“Cuando hay políticas neoliberales el Estado se retira y cuando eso pasa lo que avanza es el crimen organizado”, señaló el camporista y remarcó que Rosario “dejó de ser una ciudad industrial pujante y pasó a ser una ciudad de servicios”, por lo que “aumentó los niveles de desigualdad y el Estado dejó de estar donde tenía que estar ante las políticas de ajuste que se aplicaron”.

En un mensaje a la oposición, el oficialista enfatizó que “con la inseguridad no se especula, se trabaja todos los días para combatir al crimen organizado. No hay que hacer turismo electoral para que, con el dolor de los que vivimos en Rosario, caranchear alguna presencia en algún medio de comunicación o buscar algún voto”. “Lo más importante es poder lograr trabajo y una respuesta de un Estado presente”, completó. 

Último orador, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (FdT), reflexionó: “El ejercicio de consenso y esta aprobación vale la pena destacar. Hubo intervenciones muy interesantes y abrieron la posibilidad de temas profundos, no sólo en lo que pasa en la provincia de Santa Fe, sino en muchos lugares de la Argentina”.

“Merece que le demos continuidad al trabajo alrededor de este tema, pero nos están faltando algunas cosas como humildad, porque si estamos en esta situación es porque hemos cometido errores y hemos tenido situaciones de omisiones. También hay una tendencia de no hacernos cargos y poner las responsabilidades en el otro, tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponda y, en lugar de acusar, tenemos que ver la manera de ver cómo salimos”, planteó.

El santafesino señaló que “si uno agarra los últimos 20 años de lo que se dijo acá en el recinto había más o menos radarización de fronteras de las que hay hoy. Hoy tenemos muchísimo más. Cuando asumió Néstor Kirchner no existía la radarización en el país y venían muchos países extranjeros a ofrecer radare, cuando fue ese mismo presidente quien encargó el sistema de radar y vigilancia aérea que permitió que podamos entrar en una fase virtuosa de fabricación de radares que no sólo sirven para aeropuertos sino también para la defensa”.

“Hoy tenemos muchos más integrantes en las fuerzas de seguridad nacionales, federales, provinciales, y el problema está agravado. Hoy tenemos urbanización en barrios populares. Pero ¿qué pasa si el problema se agrava? Tenemos que cambiar el eje y meternos en el tema que fue nombrado en cinco discursos: el lavado de dinero. Tenemos que hacer mucho allí y no mencionarlo al pasar y nadie se hace cargo”, remató.

Qué propone el proyecto

-La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

-La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

-La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

-La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.

-Uno de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”.

-Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”.