La oposición puso este martes sobre la mesa el reclamo por la medida del Gobierno para que los organismos públicos cambien sus bonos en dólares por títulos en pesos, incluyendo a los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS. Durante la sesión en la Cámara de Diputados, desde el radicalismo y la izquierda se pidieron apartamientos de reglamento sobre distintos proyectos, pero todos ellos, que requerían los dos tercios para su habilitación, fueron rechazados al votarse a mano alzada. 

El primero en hablar fue el jefe del bloque UCR, Mario Negri, quien señaló que “la necesidad y urgencia de plantear este apartamiento marca la proporción de la gravedad del hecho del que se trata, que dejó sorpresivamente paralizado a casi todos los argentinos”. Así, cuestionó los DNU 163 y 164, publicados el jueves pasado en el Boletín Oficial: “Estamos en sesiones ordinarias, no había necesidad ni urgencia alguna para que no fuera remitidos como proyecto de ley”. También recordó que en la Bicameral de Trámite Legislativo, que no funciona hace nueve meses, “hay 67 decretos sin despachar, de los cuales 44 son DNU”. 

Al mencionar la medida por la cual “se obliga a los organismos públicos nacionales a entregar los recursos de los bonos y de los títulos en dólares a cambio de entregarles títulos en pesos”, el cordobés sostuvo que “todos sabemos que están rascando el fondo de la olla, que el problema estructural no está en la solución de la medida, sino que es solamente para estirar la llegada agónica que tiene el Gobierno con la pérdida del rumbo”. 

El radical recordó que el FGS, “aquel que anunciara el expresidente Néstor Kirchner” significaba “decirle a los jubilados que se quedaran tranquilos de por vida, que nadie les iba a meter la mano. ¿Qué diría hoy si estuviese en presencia de la decisión como actitud de desesperación que se ha tomado?”. “La pesificación del FGS está claro que es un manotazo ilegal de activos que pertenecen a los jubilados y pensionados. No puede ser tolerado, se trata de una medida inédita, irresponsable y defraudatoria de millones de jubilados. De esta manera van a ver más reducidos sus ingresos”, continuó. 

Negri enfatizó que “estos activos, al ser vendidos en el sistema bancario se van a ver favorecidos con compras a 25 dólares, cuando hace dos meses compraban bonos con bombo y platillo a 37 dólares, con plancha de 100 dólares, significan ganancias exorbitantes en cualquier proceso de mediana normalidad de cara la futuro inmediato con el cambio de gobierno para el sistema financiero al que aborrecieron, insultaron y le cruzaron los dedos, pero hoy lo ven claramente como socio o necesidad de última instancia”. 

Finalmente, el legislador aseguró que “se ha violado la Ley de Administración Financiera groseramente” y “la operatoria no está contemplada en el Presupuesto 2023”. “Estamos absortos, nunca pensamos que llegaran a tanto. ¿A dónde van? ¿Cuándo van a terminar? ¿Con qué van a terminar? Paren, no se lleven todo por delante, menos el presente y el futuro de los jubilados argentinos”, cerró. 

Por su parte, la diputada del PO-FIT Romina Del Plá planteó la solicitud para que se cite al Congreso al ministro de Economía, Sergio Massa, porque “es imperioso preguntarle al ministro y que dé explicaciones sobre el nuevo saqueo a los jubilados”. “Acá tenemos no solo una confiscación fenomenal a partir de este canje, sino también un aumento exponencial de la deuda pública”, advirtió.

La bonaerense habló de un “hipotecamiento de los jubilados actuales, que cobran una mínima de 58.665 pesos, frente a los cuales el FGS podría por ejemplo, en vez de servir a los negocios de turno del Gobierno, colocar un aumento sustancial de estas jubilaciones” y de un “hipotecamiento general del país”. 

“Hay una tendencia en querer convertir a las jubilaciones en un mero asistencialismo y no en un derecho de salario diferido como ha sido concebido el sistema”, alertó la diputada de la izquierda y añadió que “ al tomar esta medida les dan argumentos a los que después quieren decir que el sistema jubilatorio es inviable, y hay que hacer un desmantelamiento”. 

A esos pedidos se sumó el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que pidió citar además de Massa a la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta. El porteño apuntó que el FGS es para “cubrir los baches que se provocan en la recaudación de impuestos en momentos de actividad económica recesiva”. 

Al respecto, advirtió que “estamos entrando en un momento de recesión” y resaltó: “Sabemos que por la sequía va a haber por lo menos dos puntos más de caída de la actividad económica y va a haber una recesión cercana a los cinco puntos, porque no hay dólares, y por lo tanto no hay manera de sostener el déficit. La única manera de hacerlo es por precio o por cantidad”.

Tetaz cuestionó además que el Ministerio de Economía “está disponiendo sobre fondos que no le corresponden, que por ley están respaldados, que tienen un fin específico que será puesto a prueba este año con la recesión que estamos sufriendo”.

La radical Marcela Coli pidió también un apartamiento para tratar su proyecto que iba en el mismo sentido. Al remarcar el rol de Raverta como administradora del FGS, la pampeana cuestionó que “el Gobierno echó mano” a ese fondo y, en el mismo sentido que el jefe de su bloque, recordó que eso sucedió en pleno período de sesiones ordinarias. “Por la delicadeza del tema, tendría que haber sido un tema tratado por esta Cámara”, consideró, remarcando que “esta medida afecta a los organismos estatales, ya que los obliga a vender o subastar los bonos en dólares y canjear en títulos públicos”, y concluyó: “Estas medidas van en contra de la gente. Estamos hipotecando el futuro de nuestro país”.

La respuesta oficialista

Finalizó el debate el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, quien pidió la palabra para fundamentar porqué no acompañaban esos pedidos. En primer lugar, rechazó el planteo de Mario Negri asegurando que estaban cumpliendo la ley que regula el régimen de decretos de necesidad y urgencia.

Luego se preguntó desde qué “lugar de autoridad” se plantaban para establecer su rechazo. Y en tal sentido recordó que su espacio fue el que “recuperó en el 2008 la administración de los fondos de pensión”, cuando por entonces la mayoría de quienes estaban este martes pronunciándose habían votado en contra de la creación del SIPA.

“Nuestro espacio ha generado mejoras en las posiciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pasando de 24 mil millones de dólares en 2003, a 66 mil millones al finalizar el gobierno de Cristina Kirchner. Después bajó a casi la mitad, quedó en 33 mil durante la gestión de Mauricio Macri. Volvimos a incrementarlo a 54 mil millones en esta gestión, y desde ese lugar recordemos también algo que ha sido votado en octubre de 2020, aquel proyecto de ley, para utilizar esos fondos en cuestiones productivas en lugar de las estrictamente financieras”, repasó el santafesino. 

Por último, destacó que “hay pocos funcionarios que han venido tanto a esta Honorable Cámara como la titular de la ANSeS… Es injusto lo que se está diciendo en el recinto”. Y concluyó cuestionando a la gestión anterior, al señalar que “el endeudamiento tomado con el Fondo Monetario ni siquiera mereció una reunión informativa en la Cámara de Diputados”.