Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación, Soledad Acuña, dieran detalles acerca de la quita de un plus de escolaridad en planes sociales para las familias que no escolarizaron a sus hijos, la legisladora del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante el cual buscará obtener información sobre las sanciones aplicadas a beneficiarios del programa “Ciudadanía Porteña. Con todo derecho”.

“La semana pasada, Acuña y Larreta anunciaron la eliminación del plus de escolaridad a 1445 familias que perciben el subsidio Ciudadanía Porteña porque no presentaron el certificado de regularidad escolar”, comenzó diciendo la legisladora en sus redes sociales y lanzó con dureza: “como si no tuvieran responsabilidad directa en garantizar que estos niños  accedan a su derecho a la educación,  anunciaron la medida como una forma de combatir la deserción escolar, a través de esta ‘sanción económica’ a las familias”.

Al mismo tiempo que advirtió que “la deserción escolar está vinculada a condiciones muy complejas de vulnerabilidad social que se agravan cuando las instituciones estatales no acompañan ni realizan un abordaje integral” y remarcó que “el pedido de informe para que el GCBA explique qué medidas tomaron para que estos niños retomen la escolaridad y que apoyos, redes y acompañamientos territoriales les han brindado a ellos y a sus familias”.

A través de la iniciativa recientemente presentada, la legisladora exigió conocer cuántos hogares dejaron de percibir el plus por escolaridad del mencionado subsidio; el género y comuna de los menores afectados; las medidas implementadas por el Gobierno porteño previamente a la quita del plus y las que se realizarán para que los menores retomen la escolaridad; entre otros puntos.

“Penalizar en vez de acompañar a los hogares donde viven niños, niñas y adolescentes que se encuentran atravesando procesos de desafiliación educativa y social no hace más que empeorar la situación que el Estado debería reparar. Se está desarticulando la ya deficiente política que pretende coadyuvar a garantizar el derecho a la alimentación y a condiciones de higiene del hábitat del niño. No parece ser este el mejor camino para la reinserción escolar efectiva de los niños y adolescentes, por el contrario, se están vulnerando aún más sus derechos”, sentenció Segura.