En medio de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y la fuerte disparada de los precios del alquiler, los legisladores del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual se buscará crear un banco de viviendas públicas, a fin de ampliar los inmuebles en renta a precios asequibles.

La iniciativa de autoría de Manuel Socías (FdT) plantea la creación de un “alquiler protegido”, para lo cual se buscará fijar el precio del mismo en no más del 30% del ingreso declarado por el grupo familiar. Además, en caso de que el texto sea aprobado, no se exigirán pagos de alquileres anticipados ni de depósitos en garantía, a la vez que se habilita la posibilidad de ofrecer una declaración jurada en concepto de garantía.

El proyecto establece que formarán parte del banco de viviendas todos aquellos inmuebles provenientes de herencias vacantes, de contraprestaciones de convenios urbanísticos, del pago en concepto del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable; entre otros.

Además se prevé que la Autoridad de aplicación establezca prioridades entre aquellas personas que se postulen para acceder a un alquiler protegido, de acuerdo a criterios de equidad y no discriminación.

El texto también lleva la firma de Ofelia Fernández, Berenice Iañez, Cecilia Segura, Juan Manuel Valdés y Franco Vitali (FdT).

En los fundamentos de la iniciativa, los opositores explicaron que “es un hecho que en la República Argentina el proceso de inquilinización se ha acelerado en las últimas décadas con un marcado aumento de hogares inquilinos en paralelo a una disminución de los hogares propietarios. También es un hecho que desde hace 40 años los precios de las viviendas están dolarizados y, como consecuencia, las expectativas respecto del alquiler también tienden a estarlo”.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no escapa a esta realidad. La situación de aquellas personas que necesitan acceder a una vivienda digna por medio del alquiler es cada vez más crítica. Quienes demandan viviendas para alquiler residencial perciben ingresos en pesos y no tienen herramientas para equilibrar un mercado distorsionado por estas expectativas”, agregaron.

Al mismo tiempo que recordaron que “existen, además, distintos mecanismos de garantía para los propietarios que generan costos adicionales y actúan como barreras de entrada para los futuros inquilinos aún cuando tienen ingresos suficientes para hacer frente al costo del alquiler de una vivienda. Las condiciones extremas del mercado de alquileres podrían incrementar la vulnerabilidad de determinados grupos y personas susceptibles de sufrir prejuicios y discriminación que actúan como barreras adicionales”.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita desarrollar instrumentos para intervenir en el mercado de alquileres. Se ha comprobado que las políticas que intervienen en la demanda sin incidir en la oferta, pueden generar un aumento de los precios”, sentenciaron.