La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados realizada este martes en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña, en la que expresó que “el fallo Muiña desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton”.

Sin responder preguntas, Carlotto procedió a leer un documento en el que confirmó su asistencia para “testimoniar en este proceso de responsabilidad funcional”.

“Las Abuelas venimos recorriendo tribunales hace años, antes de nuestra creación como institución. Primero cada una de nosotras en soledad ante la desaparición de los hijos y con ello la incertidumbre de qué habría pasado con nuestros nietos y nietas”, comenzó.

En ese sentido, continuó: “La historia es más conocida y las Abuelas se juntaron y empezamos a ir juntas a asesorías de menores, juzgados federales y distintos tribunales buscando a nuestros nietos y convencida de que la lucha tenía que ser colectiva”.

“Nuestra recorrida en tribunales comenzó en la dictadura y continuó en democracia hasta nuestros días. Sin embargo, pese a los auspicios esperanzador que fue el inicio del gobierno de Alfonsín y el juicio a las juntas, la sanción de las leyes de impunidad y la convalidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron de duro golpe para las víctimas y los familiares”, expresó.

Al respecto, planteó que “en el 2017 con el fallo Muiña volveríamos a experimentar esa sensación”, pero aseguró que “aún en estos momentos de impunidad, seguimos acudiendo al Poder Judicial para poder encontrar a nuestros nietos y nos encontramos con decisiones adversas, pero que supimos respetar institucionalmente convencida de la verdad de nuestros reclamos”.

También relató que fueron a instancias internacionales que las acompañaron y “a partir de ser oídas en el exterior, pudimos construir nuevamente en nuestro país el camino de la justicia para nuestros desaparecidos”.

“Primero con los juicios por la verdad a fines de la década del 90’, y luego con decisiones judiciales que rompieron la impunidad y permitieron volver a enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura”, sumó.

En ese recorrido histórico, contó que “en el 2004 la Corte con el fallo Arancibia-Clavel nos dio una luz de esperanza que se terminó cristalizando en el 2005 con el fallo que anuló finalmente las leyes de punto final y obediencia de vida”.

“El fallo Simón tuvo como antecedente inmediato el juicio por la apropiación de nuestra nieta Claudia Poblete cuando, habiendo sido condenado por apropiadores, quedó expuesta la insoportable impunidad de secuestradores y torturadores de sus padres y ese fue la oportunidad que encontró la Corte para reivindicarse y puso las cosas en su lugar y confirmó que el camino del sistema interamericano no había sido en vano”, agregó.

En suma, destacó: “A partir de allí vimos como de todo el país empezaron a juzgarse los responsables de los crímenes de la dictadura por sus jueces naturales y con todas las garantías del debido proceso. Pese a que en este proceso de juzgamiento hubo falencias, dificultades y sentencias con las que no estuvimos de acuerdo, ya no dudamos del compromiso de los tres poderes del Estado para la consecución de la verdad y la justicia”.

“La Corte cambió desde 2015”

Sin embargo, Carlotto denunció que “las cosas empezaron a cambiar a fines del 2015. La situación se fue tornando desde la Corte Suprema de la Nación fue moldeando desde la escandalosa irrupción de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al tribunal supremo a través del decreto 83/15 firmado por Mauricio Macri ni bien comenzó su gobierno echando mano al artículo 99 inc. 19 de la Constitución referente a nombramientos en comisión en caso de vacante en empleo durante el receso legislativo”.

“Si bien es cierto que luego de los innumerables repudios que recibió la decisión de Macri como así también el de los propios Rosenkrantz y Rosatti por haber aceptado las designaciones, los pliegos de los hoy jueces pasaron por el juego constitucional que requiere el artículo 99 inc. 4 de la Constitución más el decreto 222/03. Sin embargo, lo que quedó de manifiesto fue la actitud de menosprecio al proceso constitucional deliberativo que prescribe la Carta Magna por parte de los hoy magistrados del Máximo Tribunal”, criticó.

En ese marco, relató: “Como un aviso de lo que iba a suceder después, tenemos que remontarnos a febrero de 2017 del fallo Fontevecchia. En aquel caso la Corte determinó que no estaba obligada convencionalmente a acatar la sentencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contraviniendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino y su propia jurisprudencia como los fallos Espósito y Derecho”.

“Más allá de lo que ocurrió al aspecto puntual que se debatía en Fontevecchia, lo más peligroso fue el mensaje que dio la Corte a través del fallo de una pretendida relatividad de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de su eficacia. A Fallos de la Corte Interamericana como Velásquez- Rodríguez fueron determinantes en medio del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad en el país y la Corte Suprema de Justicia de aquellos momentos decidió tomarlos siendo ejemplos categóricos el célebre fallo Simón”, precisó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

Y continuó: “Sin embargo en Fontevecchia la Corte advirtió que no se iba a sentir obligada a acatar los fallos de la Corte Interamericana y que las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de derechos humanos serían interpretadas desde los propios despachos de sus señorías y no se iban a sentir exigidos por el sistema interamericano, sino por sus propias conveniencias”.

“El 18 de abril de 2017 la Corte se pronunció en el fallo Alespeiti por el que concedió la prisión domiciliara al exmilitar quien ya había sido condenado a 22 años de prisión revocando el fallo de la Cámara de Casación. Lo llamativo es que la Corte allí, como luego lo haría en el caso Muiña, eligió fallar porque en casi todos los expedientes que no revisten una marcada gravedad institucional la Corte en uso de sus facultades las desestimó sin tratamiento, de echo así lo entendió Highton de Nolasco”.

Al respecto, Carlotto comparó que “en Alespeiti siendo el caso del pedido de una prisión domiciliaria, el máximo tribunal tomó el caso como para resolver sin plasmar una instancia general, como si lo había hecho por otros procedimientos, que al menos hubiera justificado su decisión de intervenir. Luego de lo dicho por Fontevecchia en este fallo fue nombrada como cita la autoridad tanto de la Corte como de la Convención Interamericana de Derechos Humanos remarcando la importancia de los juicios en general, pero favoreciendo a Alespeiti en particular y con el pleno conocimiento de que este procedente sería luego invocado por toda la defensa de todos los condenados por delitos de lesa humanidad”.

“El 3 de mayo de 2017 sucedió ese intento de golpe a la lucha de víctimas y familiares y organismos de derechos humanos, el fallo Muiña. Todos recordamos lo que significaba ese fallo abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas a los pocos que estaban en cárceles comunes como aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria”, denunció.

En esa línea, apuntó:“El fallo desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton, ya que el resultado que propugnaron en Muiña además de lo absurdo de la aplicación en la Ley 24.390 lo adscribieron al retraso en la tramitación de las causas, ya sea de los juicios en curso como de las instancias recursivas pendientes en todas las instancias judiciales de las cuales la Corte es cúspide”.

“A diferencia de lo que escribieron en el fallo Alespeiti, en Muiña con la aplicación del 2×1 si esbozaron un estándar general y, de esta manera, los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Highton- quien de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos-, fallaron favoreciendo indiscriminadamente y generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde la historia a sabiendas que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte  Suprema de Justicia de la Nación indicaban lo contrario”, fustigó.

También cuestionó que “subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo y a la reacción de este Parlamento que en tiempo récord sancionó la Ley interpretativa consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente”.

“La inmensa mayoría de tribunales inferiores de la Corte decidieron no aplicar el estándar consagrado en Muiña, contraviniendo como nunca antes sucedió en la historia judicial del país una decisión suprema”, ponderó la testigo.

Además, remarcó que “entre febrero y marzo del 2017 la Corte Suprema de Justicia como cuerpo pretendió una regresión en la luminosa jurisprudencia iniciada en el 2004, primero generando un acotamiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino en materia de derechos humanos y su exigibilidad a través del fallo Fontevecchia, que luego plasmaría en un caso individual, pero de proyección limitada en Alespeiti y consagrada al establecer una norma de impunidad general en el fallo Muiña”.

“No podemos dejar de señalar la lentitud en la tramitación de las causas que ya tienen sentencia, pero que aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza con todo lo que implica eso”, apuntó Carlotto y agregó: “La Corte, más allá de algún reto puntual, jamás ejerció una labor de superintendencia que acortara los tiempos de Casación o regulara sus propios plazos, de modo que desentenderse de estas demoras la propia Corte las consiente”.

También criticó que “en una penosa sintonía, la Corte jamás esbozó una mínima directiva para optimizar los juicios ni siquiera durante la pandemia, sus acordadas brindaron una pauta clara para la tramitación de los juicios pese a los reclamos de organizaciones y propios tribunales orales federales que no sabían cómo garantizar la continuidad de los juicios”.

“Tampoco se puso en actividad la Comisión de Interpoderes que no se implementó una política judicial adecuada o un mecanismo de consulta sincero. Desde su creación en el 2009 fue un espacio de intercambio de derechos humanos y diferentes agencias del Estado abocadas a juicios de lesa humanidad y su funcionamiento fue propicio para solicitar distintas logísticas y también como receptor de inquietudes de distintos sectores”, denunció.

Y cerró: “Dado que la comisión no se reunía desde 2016 y de forma concordante, en mayo de 2020 las abuelas solicitamos ante la Corte la puesta en funcionamiento de la comisión para delinear los protocolos que reanuden las investigaciones y juicios por crímenes de lesa humanidad. De ese pedido no se obtuvo respuesta hasta que Rosenkrantz la convocó en octubre del 2020 en medio de una disputa política, pero no asistimos. El presidente de la Corte al día de la fecha tampoco lo ha hecho”.