El tema se intentará debatir en la sesión de este miércoles. Con disidencias, el Pro firmó junto al FdT. La CC-ARI, los radicales y el interbloque Federal, otro.
Pese a los meses de trabajo en busca de consensos y a las modificaciones que se aceptaron incorporar al texto original enviado por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado, no hubo este martes un solo dictamen sobre el proyecto que busca reformar la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos.
Se trata de una iniciativa exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina será evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Al concluir el plenario de las comisiones de Legislación General, Finanzas y Legislación Penal, el dictamen de mayoría se alcanzó con las firmas del oficialismo y de los legisladores del Pro, que lo hicieron con disidencias. Por su parte, la CC-ARI y el interbloque Federal anunciaron dictámenes propios, que finalmente concluyeron en uno solo, que también fue acompañado por la UCR y Evolución Radical.
En el comienzo de la reunión, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación Penal, Mónica Litza (FdT), destacó que se esté avanzando en “un tema tan importante para la Argentina, no para un gobierno, y también para la comunidad internacional, porque estamos hablando de delitos globalizados”, los cuales “requieren una actualización de la normativa a los estándares internacionales”.
La oficialista valoró el “trabajo que se hizo desde hace muchos meses con aportes valiosísimos de los distintos bloques” y “el diálogo y la apertura” que hubo por parte de los legisladores. Luego, leyó una amplia cantidad de modificaciones que se hicieron a la versión original enviada por el Poder Ejecutivo en mayo del año pasado.
Tras informarse todos los cambios, el diputado Pablo Tonelli (Pro-JxC) ponderó: “Hemos podido trabajar, hemos podido discutir el proyecto venido del Ejecutivo, cosa que nos satisface. Encontramos en el oficialismo receptividad y la mayor parte de nuestras sugerencias fueron incorporadas”. Sin embargo, aclaró que tanto en el plenario como en la sesión iban a “insistir” con “dos o tres puntos respecto de los cuales tenemos disidencias”.
“Nos parece que esta es una buena oportunidad para mejorar la ubicación institucional de la UIF y dotarla de una autonomía que al día de hoy, si bien existe, no es lo plena y amplia que nos gustaría”, señaló y apuntó también que sería favorable avanzar en “modificar el procedimiento para la designación del titular de la UIF, de manera que sea más abierto, público y transparente”.
En esa línea, el macrista expresó: “Nos parece que le daría al organismo una jerarquía y una independencia que aseguraría de manera mucho más efectiva la calidad de la tarea que el organismo debe realizar”. “Sería bueno incorporar entre las atribuciones del organismo la facultad de querellar en causas penales que se inicien como consecuencia de investigaciones realizadas por el propio organismo”, dijo sobre otro de los cambios reclamados. Con todo, afirmó que “estamos de acuerdo con el proyecto y lo vamos a acompañar”.
A su turno, la diputada Graciela Camaño (IB-IF) reconoció “el trabajo de búsqueda de consensos que hizo la diputada Litza durante todo este tiempo”, no obstante lo cual adelantó que iba a presentar un dictamen de minoría por diferencias en la redacción de algunos artículos.
“Estamos en presencia de un organismo que resultó novedoso hace 20 años en Argentina cuando propiciamos su creación. El tema de la autonomía no es un tema nuevo”, recordó, pero resaltó que “desde el primer momento del debate algunos sostuvimos que debería ser una Unidad que tuviera la suficiente libertad”. “Voy a seguir reclamando la autonomía, me parece que este organismo tiene que funcionar con autonomía no solamente por las cuestiones de los delitos, sino por la experiencia recogida. Y en esa experiencia recogida, no estoy de acuerdo cómo se plantea la cuestión de la denuncia frente a la Procuración; creo que la acción tiene que estar en manos de la Procuración”, enfatizó.
Para la legisladora bonaerense, “debemos exigir que la UIF tenga un comportamiento frente a la corrupción, porque vimos cómo la UIF de este Gobierno declinó formar parte cuando ya estaba dentro de la causa”, apuntó en alusión a que el organismo se retiró de la querella en la causa Vialidad, por la cual fue condenada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
También al anunciar un dictamen de minoría, la diputada Mónica Frade (CC-ARI) destacó “el diálogo y los esfuerzos que todos han hecho”, pero “para nosotros esas poquitas diferencias son ‘las’ diferencias”, subrayó, para cuestionar luego que la UIF “se va a mantener como un brazo de los gobiernos y nosotros lo que queremos es que esta discusión conduzca a la reformulación de un organismo que quede exactamente en línea con las exigencias del GAFI”.
“Nosotros estuvimos en la lista gris justamente por tener un organismo politizado y que no ha hecho lo que debió hacer, cuando nosotros tenemos que repensar el organismo en términos estrictamente técnicos, y al que joda, que joda; hoy será a ustedes, mañana será a nosotros y al gobierno que venga”, manifestó y continuó: “Esta es una política pública que nosotros la deberíamos pensar seriamente y seriamente colocarnos en materia de autonomía en las líneas internacionales, porque esto nos va a llevar a elevar la calidad institucional”.
La cívica observó que “el modo de designación de las autoridades y las obligaciones de las autoridades no puede ser materia de una legislación laxa, confusa y abierta como está ahora”. “No entiendo por qué el oficialismo no accedió (a los cambios) si quiere la autonomía como dice”, agregó.
Visiblemente molesto con la postura inflexible de un sector de la oposición, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, mencionó que “se ha trabajado muchísimo este proyecto” que va en pos de contribuir a las evaluaciones que tendrá el país, las cuales “no le hacen al Gobierno, le hacen al Estado argentino”. Haciendo un repaso del trámite, recordó que el FdT esperaba poder tratarlo en diciembre del año pasado, pero no se pudo, al igual que durante extraordinarias.
“No es que no estuvimos dentro de esos meses trabajando para intentar avanzar en este tema. A los cambios que ya teníamos consolidados en noviembre le hemos agregado otros cambios”, reveló y afirmó que “prácticamente no hay tema que el Ejecutivo haya planteado en su proyecto original que hoy sea tema de controversia. Sí lo que hay son cosas que no se incluyeron en el texto original del Ejecutivo y que hay diputados y diputadas que consideran se podrían haber incorporado”. A continuación, aclaró: “Nosotros no tenemos ninguna observación del GAFI respecto a la situación de la autonomía hoy en el funcionamiento de la UIF”.
El santafesino se preguntó “¿por qué está la idea de que si tengo el 95% de coincidencias armo un posicionamiento político solventado en el 5% que nos falta? Es una dinámica de negociación que no es buena para la Argentina”. “¡A veces da la sensación de que el trabajo de consenso no sirve para nada! Que siempre prevalece la lógica de la diferenciación”, se quejó.
“Le pido que consideren los bloques que estando tan cerca están planteando solamente las diferencias que tengan también la actitud que tenemos nosotros: no hay que mezclar los temas”, pidió, haciendo alusión a qué hubiera pasado si el oficialismo hubiera buscado agregar a la iniciativa el tema de las SAS (Sociedades de Acción Simplificada).
Para el presidente de la bancada oficialista, “nadie de los que está acá tiene dudas que el texto que proponemos para el dictamen es claramente superador de la normativa vigente. No hay ningún retroceso, solamente hay avances”. “¿A quién favorece que esta ley no salga? ¿A quién favorece la posibilidad que tengamos titulares de la UIF que nunca se designen, porque la política no se pone de acuerdo?”, señaló y pese al compromiso de “seguir conversando” para acercar posiciones de cara a la sesión, dejó una advertencia: “Sinceramente las actitudes que yo estoy viendo en esta comisión hacen peligrar su aprobación mañana”.
Modificaciones al proyecto
Mónica Litza fue la encargada de enumerar todos los cambios que se hicieron al proyecto del Poder Ejecutivo. Entre ellos mencionó el que se refiere a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica. “Ello, a los fines de concentrar su persecución penal en los casos graves y que afecten el bien jurídico protegido”, dijo la diputada.
A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar “el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI”, explicó.
Sobre la UIF, “se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades”, apuntó entre los cambios que enumeró.
Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, “no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación”.
“Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas”, subrayó Litza.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.
Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.
Y prevé también la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión.
