Su tratamiento fue a la par de otro proyecto de ley creando el registro provincial, único y obligatorio para los teletrabajadores/as y los trabajadores/as a distancia, otro debate, otra discusión que se vendrá en su momento.

Ambos proyectos de ley fueron impulsados por el senador del FdT Omar Plaini, presidente de la Comisión de Legislación Laboral, pero obtuvieron el acompañamiento de todos los presentes, es decir de la bancada de Juntos además de los compañeros de bloque del canillita, el bloque del FdT.

Ahora, en la Cámara de diputados se convocó un plenario conjunto de comisiones, la de Asuntos Constitucionales y Justicia, Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Trabajo al efecto de tratar el proyecto que crea un “registro provincial único y obligatorio para trabajadores de plataformas en aplicaciones”.

Las críticas en la previa, y en términos generales, sobre este tipo de iniciativa que detrás de cualquier registro, de los muchos que existen en la provincia de Buenos Aires es que a cada uno de ellos les corresponde luego una estructura administra con su correspondiente director, de mínima.

Pero en este caso, además se levantaron lo directamente afectados por el supuesto control, o certificado de habilitación, y la Apps estarán obligadas a inscribir a los trabajadores con los que se vinculan, a partir de la sanción de la norma.

En Diputados, y luego de algunas presiones de los trabajadores organizados, desde las fuerzas opositoras, incluso desde Juntos que acompañó en el Senado, se estaría organizando alguna resistencia a la sanción de la norma tal como viene del Senado.

“Si abría el diálogo no pondríamos en riesgo 25.000 puestos de trabajo y el 30% de ventas en locales de comida; siempre apurados y a los tumbos. Todo hacen mal. Las empresas se quieren ir y ni les importa”, dijo el diputado de Juntos Sergio Siciliano en la previa del plenario de comisiones.

Desde las bancadas de los libertarios también elevan su voz y advierten sobre los problemas que podría causar en el sector la normativa.

Para el diputado Nahuel Sotelo, de Avanza Libertad, el proyecto de ley en debate “busca crear un registro de repartidores para las Apps y ponerlos en relación de dependencia; lo que dejaría a los repartidores que no pueden dedicarle muchas horas al día sin este trabajo y a las empresas, una vez más, destrozándolas con más y más regulaciones".

"La política inservible está queriendo destruir puestos de trabajo” dijo Sotelo que adelantó que no votará la “impracticable” ley en discusión.

Desde la CGT, con la firma de secretario general Pablo Moyano salieron a respaldar el proyecto de Ley y consignaron que estos trabajadores están dentro del colectivo de los vulnerables, víctimas de la flexibilización y la precariedad laboral”.

Los denominados raiders, según detallan desde la central de trabajadores que también integra el senador Plaini, en su condición de representantes de los canillitas, “no son provistos del transporte, ni indumentaria, además no poseen coberturas ante accidentes de trabajo, ni compensaciones, ni licencias, ni límite a la jornada laboral, ni aguinaldo, ni vacaciones; es decir ningún derecho ni protección conforme lo previsto por la ley de contrato de trabajo, la constitución nacional, los convenios colectivos y demás legislación laboral, encontrándose en un estado de desprotección y vulnerabilidad total”.