Fue en el marco de la décima reunión de la comisión conducida por Carolina Gaillard en la que escucharon a testigos que expusieron sobre un caso que pone bajo la lupa la administración de la OSPJN.
La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), comenzó su reunión de este martes a las 13.14, en lo que fue la décima, desde que la comisión inició su tarea de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema, y la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso.
Tras abordar la causal del fallo 2×1, la comisión comenzó este martes a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).
Para ello habían citados a declarar Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN; la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; más los funcionarios del Poder Judicial Oscar Fernández y María Guadalupe Burgos. También fueron convocadas Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN y que lo harían en su calidad de “damnificadas”.
Como suele suceder cada semana, hubo ausencias. Según se anunció al inicio de la reunión, Gustavo Montanini, perito de la Corte, anticipó que no podía concurrir esta semana, pero sí lo haría en una próxima oportunidad, por lo que será reprogramado.
Caso especial era el de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, cuyo caso mereció una votación para que volviera a ser citado. Sucede que había enviado la semana pasada una nota a la comisión donde planteó que sobre el mismo tema que fue convocado se tramita actualmente una causa ante el juzgado penal en la que se estarían investigando eventos que lo involucran. La respuesta fue que debía asistir igual y, en todo caso, no responder las preguntas que pensaba podrían llegar a comprometerlo.
Previo a la ronda de preguntas, la diputada Vanesa Siley (FdT) remarcó la importancia de abordar el tema, porque “es una de las causales que es transversa,l porque es permanente tanto en la denuncia que realizó el FdT como la que hizo los miembros de JxC la coalición de la CC-ARI”, y planteó que “hay que hacer un abordaje lo más completo, pausado y detenido posible”.
“Son muchos años de irregularidades que se están abordando. No hay que olvidar que todo redunda en la salud de otras personas y hay que abordar el tema con mucha seriedad porque se trata de la salud de más de mil afiliados”, indicó.
Al respecto, planteó la solicitud de expedientes de contrataciones y licitaciones para tener la información concreta, a lo que la diputada Oliveto sugirió pedir cómo se hizo el muestreo: si fue por forma aleatoria o por incidencia económica.
Al pedir la palabra, la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto remarcó la importancia del control de la Auditoría General de la Nación en relación al “manejo de fondos del Poder Judicial, porque hay un tema que nos interpela y una deuda que tenemos desde el '92, que es la Ley de Administración Financiera que obliga a los poderes y a las empresas estatales a seguir ese sistema. Es una deuda que tiene la democracia”.
“No hemos modificado la Ley de Administración Financiera y tampoco este Congreso ha exigido que la Auditoría General se adapte a auditar a otros poderes del Estado y empresas públicas mediante convenio y tampoco que las empresas no se manejaran como sociedades anónimas sino con la Ley de Administración Financiera”, planteó.
En consonancia con lo expuesto previamente, Siley agregó que el informe arrojó “la situación desastrosa en términos de control de planificación de gestión financiera en la que está la obra social. No se guía por la Ley de Administración Financiera, sino que tampoco tiene legislación ni tiene ley propia”
“En el sistema de obras sociales tienen una ley y autoridad de aplicación, mismo empresas de medicina prepaga, las obras sociales universitarias”, describió Siley y propuso: “Deberíamos poder hacer como Congreso de la Nación y regular una ley que determine en la Obra Social del Poder Judicial un directorio por ley, reglas establecidas en una norma legal, así como una autoridad de aplicación que sea la Superintendencia o el Ministerio de Salud”.
Los problemas tienen que ver con que es la Corte que crea el estatuto, lo modifica, fiscaliza y designa autoridades. Tenemos el famoso cumplimiento cabal de juez y parte”, remató la oficialista. Acompañaron sus palabras sus compañeros de banca Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade. También adhirió la diputada Graciela Ocaña (Pro) para que el Congreso “establezca un marco legal y encuadrar a todas las obras sociales que quedan por fuera del sistema general. Tenemos que trabajar por la transparencia”.
La primera interrogada fue la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema, quien ratificó el informe elevado por la Comisión Auditora de la obra social. “El periodo auditado por un amplio marco temporal abarcaba desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, un tiempo de 13 años”, respondió ante la consulta de Siley y aseguró desconocer el motivo del tiempo auditado.
Además, contó que fue el equipo en su conjunto quien determinó el modo en que iban a llevar adelante la auditoría y fue consultada sobre los aspectos de la obra social que fueron auditados: “La resolución disponía que efectuáramos una auditoria que fuera financiera, económica y de gestión. Esa fue la disposición de la resolución”.
“La auditoría constaba, y así lo decía la resolución, de dos abogados, dos contadores y dos médicos y nosotros nos abocamos a todo lo vinculado con la atención médica como la parte de farmacia, pedidos de los beneficiarios. Siempre hubo actitud de colaboración cuando nos contactamos con autoridades de la obra social para solicitar algo”, explayó en sus respuestas.
Al respecto, Siley consultó sobre la importancia del cargo de subdirector médico que “durante 13 años estuvo vacante”, ante lo que Interlandi explicó: “El cargo de subdirector médico estaba ejercido, de alguna manera, por alguna parte del personal de la institución. Es un cargo que siempre debe estar cubierto. Es importante que haya un director y subdirector médico”.
“No tengo presente quién tenía la facultad de designar esos cargos. Se podría consultar”, aclaró la testigo, a lo que la diputada oficialista retrucó: “El informe cita al estatuto que dice que es facultad de la Corte Suprema”. Además, aseguró que “la función de un subdirector médico hace a una organización administrativa dentro de un sistema y es necesario cubrir ese cargo”.
“La creación de la Comisión fue para hacer un relevamiento de los procedimientos que llevaba a cabo la obra social y a eso nos abocamos a evaluar esos procedimientos. En cada caso pusimos de manifiesto lo que encontrábamos con la documentación que nos brindaban”, explayó.
Por otro lado, Siley interrogó sobre la farmacia de la obra social a lo que Interlandi contó: “Mi impresión respecto de la entrevista fue de colaboración. Respecto de la situación de la misma está volcada en el informe”.
“Las modalidades de la dispensa de medicamentos se dividen los de alto costo por un lado que son los oncológicos y, por otro lado, los relacionados a enfermedades permanentes o tratamientos crónicos que se entregan en la farmacia de la obra social. Los pedidos se hacían dos veces por semana, incluían los de alto costo y los vinculados a pacientes de enfermedades crónicas y medicamentos de stock habitual en la farmacia y pusimos una limitación del sistema que no están informatizados las autorizaciones de medicaciones de cada afiliado y eso siempre es una dificultad y una demora”, comentó la médica legista.
A su vez, aseguró que hicieron una evaluación de la farmacia de la obra social, pero no de Farmandat S.A y mencionó que “hay una causa judicial con este tema”. “En el informe pusimos que como el sistema no estaba informatizado no se podía tener un buen control del stock de medicamentos, la compra de los mismos y la venta”, ratificó Interlandi y aclaró: “El sistema informático que utilizaba la farmacia tenía dos espacios distintos, uno donde se cargaban las compras y el otro donde se procesaban las ventas y el sistema denominado mostrador para la consulta de saldos y productos. Sin embargo, muchos sistemas no coincidían en sus valores, así tampoco existe coincidencia entre el stock informático y el físico. Dependiendo de la medicación que se trate, podría traer un prejuicio”.
En esa línea, Siley insistió en que “todo tiene incidencia sobre la salud porque una persona que va a la farmacia y necesita un medicamento y no lo consigue… todo deviene cuando se trata de una obra social”.
Por otro lado, le consultó por los medicamentos vencidos, a lo que la médica indicó que en el informe hicieron notar que “no se prevé la carga de la fecha de vencimiento de los medicamentos entonces eso genera nuevos problemas administrativos de gestión que puede traer consecuencias adicionales como por ejemplo que no se disponga del medicamento, que no se reponga con tiempo, que se despache por error remedios vencidos”.
“Lo primero que se sufrió durante la pandemia fue la restricción de los tratamientos odontológicos en general por lo que imponía a los pacientes a hacer ese tipo de tratamientos. No sabemos los motivos y los actos administrativos de esa fundamentación”, explicó y sumó: “Desconozco si se comunicaban las falencias de los sistemas a la Corte”.
En tanto, remarcó la importancia de contar con una auditoría interna y con un auditor. Siguiendo con las consultas, Siley detalló que el índice de litigiosidad aumentó 300% entre 2008 y 2021 y preguntó por los motivos de las demandas. “Medicamentos, cirugías, prótesis, coberturas problemáticas, prestaciones geriátricas, falta de representación, etc.”, detalló la testigo y negó haberse reunido, previo a su designación, con Rosatti o Robles.
A su turno, el kirchnerista Rodolfo Tailhade le consultó por la modalidad en la compra de medicamentos y prótesis. “Si mal no recuerdo, es por compra directa”, respondió la funcionaria judicial. También la interrogó por las autorizaciones de cada área.
“Tuve entrevistas con auditores médicos de diferentes especialidades que tenían esa función. La función nuestra fue recabar información a través de oficios que dirigimos a la obra social. Las reuniones que tuvimos siempre fueron de gran colaboración por parte de todo el sistema”, contestó la doctora.
A su turno, Oscar Fernández (parte de la auditoría ordenada por la CSJN) afirmó no poseer actualmente un cargo en el Poder Judicial, pero ejerció como perito. También dijo desconocer los motivos del periodo auditado y la emisión de la acordada.
“Es una acordada bastante amplia. El trabajo que se hizo, si bien se denominó auditoría una auditoría es un término genérico que tiene distintas acepciones de acuerdo a las resoluciones técnicas por las cuales trabajamos. En este caso más que una auditoría era un encargo que tenía por objetivo encontrar hallazgos y se vieron aspectos de procedimiento, de cumplimiento, de funcionamiento sobre aspectos contables, presupuestarios, financieros”, explayó.
Sobre las vacantes en los puestos de auditores y subdirectores, Fernández manifestó: “No hicimos un relevamiento de las consecuencias. Entiendo que los nombramientos tendrían que ser de la Corte”.
“La Corte lo único que hizo fue la acordada y la resolución, de ahí en adelanté empezamos a definir cómo íbamos a trabajar”, subrayó el contador y aclaró que no tuvieron espacio físico dentro de la obra social porque “no hay. Hay un problema serio de espacio”.
Al ser consultado por Siley por la delegación de firmas ante los cargos vacantes, explicó: “Lo analizaron los abogados, puedo asegurar que todos los lugares que no se cubren oficialmente se cubren funcionalmente porque alguien hace el trabajo, no está el cargo designado con una persona con responsabilidad”.
“El presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino a transitar y permite y conocer los desvíos entre la realidad y las expectativas. En el caso de la obra social, lo que se nos informó no contaba con presupuesto que hacia la obra social y desconozco si se elevaba a la Corte algo, pero nos dijeron explícitamente no tener presupuesto. Esto sucedió durante los 13 años, los pedimos al directorio y nunca nos dieron nada”, informó y sumó que la obra social “no cuenta con un sistema contable, por ende, no se cuenta con la información contable que circula dentro de la organización. Es un dato menos para tomar decisiones correctas. No es algo habitual”.
En esa línea, contó que se reunieron con los profesionales que hicieron el estado contable quienes hicieron a lo largo de 13 años “varias observaciones mencionando las dificultades que tenías, las limitaciones, los problemas respecto de la seguridad de la información con la que trabajaban para hacer los estados contables. Ninguno de los balances pasó por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que legaliza las firmas de los documentos”.
“No nos consta a nosotros que la Corte haya solicitado la corrección de estas irregularidades”, aclaró el testigo.
En su declaración, la contadora Melisa Solana explicó que fue designada por los jueces de la Corte para la obra social de los judiciales y que tuvo una reunión con Horacio Rosatti para tratar las deficiencias en el sistema administrativo. La testigo aseguró que renunció a la administración de la obra social por "motivos personales" y no por diferencias con sus superiores.
Además, la contadora explicó que "todas las deficiencias fueron informadas oportunamente al directorio", aunque aclaró que, entre otros puntos, confirmó que "no había registros contables" en la obra social.
“La única entrevista fue con Rosatti en donde se me transmitió el primer informe de la secretaría de la Corte en el cual exponían determinadas deficiencias en el circuito administrativo y contable. Estaba vacante uno de los cargos que era la subdirección que luego asumí”, contó y expresó: “Creo que quedó expuesta la situación de la obra social, incluso yo tampoco tenía oficina privada cuando ingresé”.
También testificaron la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, las trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN, Laura Coulin y Liliana de Brito.
