Tal y cómo lo adelantó días atrás parlamentario.com, el legislador del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade presentó una iniciativa acerca de “de Proyectos de Presupuestos Participativos Comunales”, con el objetivo de que la ciudadanía decida qué obras y servicios necesitan sus barrios y lleven adelante el proceso de fiscalización de los mismos.

De esta forma, el texto en cuestión permitirá –en caso de que sea aprobado por la Legislatura porteña- que los ciudadanos, organizados en los Consejos Consultivos, decidan qué obras y servicios necesitan en sus barrios, con su posterior control, fiscalización y seguimiento definido en las Comunas, para que sus propuestas formen parte del anteproyecto de presupuesto que cada Junta Comunal envía al Poder Ejecutivo.

“Resulta imprescindible fomentar y garantizar la participación ciudadana, poniendo a disposición pública la información de manera sencilla y comprensible para que los ciudadanos tengan un instrumento de gestión política y puedan definir conjuntamente cómo y en qué se van a orientar los recursos económicos de cada ejercicio”, sostuvo Andrade.

La idea del presupuesto participativo no es una novedad de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco de la Argentina. Ciudades como Porto Alegre han servido como parámetros o emblemas del mismo, así como de la descentralización política, “aunque para los equivalentes de lo que acá serían los presupuestos comunales se destinan por ley muchos más recursos: 25% en Porto Alegre, 15% en Barcelona, 4% en Ciudad de México, mientras en nuestra Ciudad, que tiene un presupuesto europeo, es del 1, 29%. Para ejemplificar con números, CABA cuenta con un presupuesto de más de 2 billones de pesos y destina a los 15 gobiernos comunales apenas 27 mil millones, monto menor al presupuesto anual de la Legislatura”, agregó el legislador en un comunicado.

“Con el modelo actual, en la Ciudad avanzan las obras inconsultas y se asignan recursos a obras que no se condicen con las necesidades de los vecinos y que muchas veces generan problemas que no existían, lo que lleva a una permanente judicialización, debido a los amparos que presentan las organizaciones vecinales para defender sus derechos, agraviados por la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. De aprobarse esta ley podrían evitarse todas estas instancias y mejorarse la gestión pública, dándole mayor trascendencia a las decisiones de los ciudadanos comprometidos con sus barrios y a las Juntas Comunales elegidas por voto popular”, sentenció.