En una reunión en la que quedaron plasmadas una vez más diferencias entre el oficialismo y la oposición, en este caso en torno a una norma sancionada durante la gestión macrista, arrancó en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados el debate en torno a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), figura creada mediante la Ley 27.349 -de Apoyo al Capital Emprendedor-.

Con una extensa lista de invitados, el primero en hablar fue Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en virtud de una investigación que se desarrolló en la provincia sobre el uso que se hizo de estas sociedades para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Precisamente sobre este aspecto es que el Frente de Todos impulsa una reforma de las SAS.

El juez aclaró que las SAS “no son un problema en sí mismo, son una herramienta verdaderamente apta con mucha idoneidad e importante para el desarrollo del capital emprendedor; el problema no es el instrumento. No es que las SAS sean un instrumento que puedan en sí mismo identificarse como una actividad ilícita”, pero requieren de “un régimen de transparencia”. 

“Hay un problema más de fondo que tiene que ver con algunos vicios de nuestra Ley de Sociedades”, observó y sugirió que “en algún momento habrá que repensarla”. 

Sobre la investigación llevada a cabo en Santa Fe, el magistrado apuntó que “se comprobó que en una actividad vinculada al narcotráfico, que involucraba a personas vinculadas a la organización conocida como ‘Los Monos’, tenían constituidas cerca de 40 SAS en la Ciudad de Buenos Aires, cuando todas las personas pertenecían a una organización con domicilio en la ciudad de Rosario”. Para Erbetta, esta situación “tiene que ver con el problema de falta de fiscalización que tenemos en nuestro país”. 

El presidente del máximo tribunal santafesino consideró que “hay un problema metodológico” en las SAS y es que “fue un tipo regulado por fuera de la Ley de Sociedades”. “Son un tipo societario que tiene la flexibilidad de la estructura orgánica de una S.R.L., y tiene la facilidad de la transferencia de las partes de capital de las S.A., tiene lo mejor de las dos cosas”, pero “todo, en este mundo que vivimos, se tiende a simplificar, a desregular, pero nosotros precisamente por desregular el mercado interno de droga en la ciudad de Rosario tuvimos una tasa de homicidios de 26.8 cada 100 mil habitantes”, ejemplificó. 

“Los controles a veces son necesarios y las fiscalizaciones también”, dijo Erbetta y cuestionó que en la ley “se hizo una regulación laxa” porque las SAS “tienen un capital mínimo, escasos controles y fiscalización, con responsabilidad limitada, el objeto puede ser plural y amplio, pudiendo en alguna medida las actividades que lo componen guardar relación entre sí”. 

Sobre las SAS investigadas, explicó que es posible que “se hayan constituido en la Ciudad de Buenos Aires y no en Santa Fe porque en Santa Fe la Inspección General de las Personas Jurídicas tiene una reglamentación un poco más exigente respecto de las SAS”. 

“Existe una necesidad de proyectar algunas exigencias de mayor fiscalización o control”, insistió y recomendó “generar alguna línea de unificación en el territorio nacional” con “fuerte articulación entre los organismos de control del Estado” porque “el problema es que no hay controles efectivos”. No obstante, dejó en claro que las SAS “no son la única herramienta legal que permite canalizar el dinero que proviene de actividades ilícitas” como puede suceder también con asociaciones mutuales e incluso, en menor medida, con fideicomisos. 

Seguidamente, Walter Rodríguez, titular de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, quien llevó a cabo la investigación relató cómo nació la causa, en febrero de 2020, a partir de una avioneta que trasladó droga desde Paraguay a Santa Fe, y a partir de ese hecho se descubrió “la existencia de aproximadamente 40 SAS que estaban interrelacionadas entre sí”. “Las características más sobresalientes es que todas estaban inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires”, señaló. 

“Se habían formado en parte y casi exclusivamente para generar usinas de facturas falsas, que en su conjunto llegaron a facturar la suma de más de 700 mil millones de pesos”, precisó y agregó que “se emitieron falsamente más de 8.500 facturas”. Estas SAS, no duraban más de entre tres y cuatro meses, porque “las personas que integraban esta asociación ilícita tributaria lo que hacían era trabajar, trabajar entre comillas, fingiendo las actividades comerciales de una sociedad, y a los tres o cuatro meses, cuando percibían un contralor por parte de la AFIP abandonaban el funcionamiento de estas sociedades y constituían una nueva”. 

A favor de modificar la ley, fue el turno luego del titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien aseguró: “La IGJ quiere que las sociedades se constituyan, quiere que la gente se asocie para ganar dinero, dentro del concepto de lo que es el derecho societario”, pero “todas las sociedades tienen que tener un sistema de control”. En ese sentido, cuestionó que las SAS nacieron “como una sociedad sin controles” y particularmente hizo hincapié en la fecha de sanción de la ley, en marzo de 2017, luego que en 2016 hubiera estallado el escándalo de los Panamá Papers. 

“El emprendedor tiene que ser apoyado en sus iniciativas, pero con determinado límite. No se apoya al emprendedor diciéndole que puede hacer una sociedad para cualquier cosa, no se apoya al emprendedor diciéndole que puede empezar su actividad con patrimonio neto negativo, no se lo protege diciéndole que no debe presentar sus estados contables ante la IGJ”, sostuvo. 

Al afirmar que hay que sostener las SAS dentro de la legislación, apuntó que lo que tiene que haber es “control estatal”. “Creo que debió salir la ley, y es buena en muchas partes la 27.349, pero ese capítulo de sociedades peca de un error garrafal, que es que no les da transparencia”, continuó para luego decir que entre “2017 a 2020 se inscribieron 20.004 SAS sin control ninguno” y “prácticamente ninguna tenía domicilio real”. “No tienen nada de emprendedores los que hacen las SAS”, lanzó. 

Desde la Unidad de Información Financiera, el jefe de Gabinete de Asesores, Nicolás Vergara, presentó un documento elaborado entre 2020 y 2022, en el que se evalúa los riesgos de lavado de activos, con el fin de identificar y minimizar los mismos. A la hora de analizar las vulnerabilidades de los vehículos legales de mayor riesgo, las principales resultaron ser las empresas extranjeras y las SAS, indicó. 

“Las sociedades anónimas, mutuales y cooperativas, SRL y fideicomisos, tienen un riesgo medio respecto de actividades delictivas”, aseguró. “¿Esto quiere decir que hay que eliminar las SAS?”, se preguntó, aclarando que “no” pero “tienen un riesgo alto de lavado de activos”, ante lo cual reclamó “mayores controles”.

Participó también el subdirector general de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, quien dio una serie de números según datos del organismo recaudador. Habló de 53.800 sociedades inscriptas, de las cuales 8.900 no pueden operar como tales. “No tienen una explicación”, manifestó. Precisó que la Ciudad de Buenos Aires tiene 10.000 SAS, la provincia de Buenos Aires 6.000 y Córdoba es la que más tiene: 15.000.

Hizo hincapié en el tema de las maniobras de facturación apócrifas, y al respecto abundó: “La persistente magnitud de este delito tributario se vio incrementada significativamente durante los años previos a la pandemia, como consecuencia de la creación en 2017 de la figura Sociedad por Acciones Simplificadas, un nuevo tipo societario que se transformó en el medio más utilizado para generar créditos fiscales ficticios, representando un tercio de las empresas generadores de crédito apócrifo, en 2018, y superando el 70% en el año 2019”.

La voz de los emprendedores, a favor de las SAS 

Durante la reunión, Manuel Tanoira, director de Políticas Públicas de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina), destacó la investigación del fiscal Rodríguez, pero remarcó: “Han usado todos los tipos societarios ‘Los Monos’ para lavar, incluso sindicatos tenemos. Es imposible ejercer el poder de policía a todas las sociedades”. 

“La mayoría de las PyMEs y de los emprendedores que constituyeron SAS tienen negocios reales y están generando empleo, versus el resto de los tipos societarios”, defendió y explicó que las SAS, por su sistema digital, “no permiten adulterar los libros. Tal es así que el propio Consejo de Ciencias Económicas nos vino a atacar diciendo ‘este tipo societario no sirve, porque no podés enjuagar los libros’ -reveló-. Qué curioso, nos corrían por demasiado transparentes, y ahora nos corren por falta de transparencia”. 

Además, reclamó que todos los tipos societarios deben ser digitales, ya que “el papel es adulterable”. Y, en contra de las resoluciones que dictó la IGJ, sobre las que ASEA presentó un amparo, aseveró que “estas sociedades ya están muertas en la Ciudad”. 

“Vamos a seguir defendiendo este vehículo porque es el vehículo que usan hoy los emprendedores y lo eligen”, afirmó Tanoira, que desafió que le hubiera gustado “escuchar la voz del gobernador Omar Perotti”, quien votó como senador a favor de ley y “dijo esta es una ley peronista”. 

Muy enfático, Alejandro Ramírez, abogado en Derecho Societario, arrancó: “Yo lo que siento es un deja vú, yo vine seis veces por esta ley al Congreso y lo más gracioso es que con diputados que están acá nos juntamos 500 emprendedores en el Salón de los Pasos Perdidos a festejar esta ley”. 

Para el expositor, las modificaciones que se proponen darían “inseguridad jurídica”. Asimismo, resaltó que “en Naciones Unidas se aprobó el proyecto modelo de ley de SAS, no es algo inventado por Argentina o el gobierno anterior”. Y, al hablar del “impacto positivo” que tienen las SAS en Paraguay, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia, sobre éste último país relató: “Me decían Pablo Escobar nunca necesitó las SAS para lavar dinero. Existió 10 años antes de las SAS y lavó todo el dinero del mundo”. 

También al valorar la investigación contra el narcotráfico del fiscal santafesino, Ramírez subrayó que esas 40 SAS dedicadas al lavado del narco, “representan el 0,08% de las 50 mil SAS que existen, ¿Vamos a prohibir todas las SAS por esto?”, se preguntó. Sobre el proyecto oficialista, criticó que “se mete con facultades no delegadas de las provincias” y “es retroactivo”. “Estamos atacando a todas las PyMEs del país”, se quejó. 

Finalmente, aportó datos sobre el empleo creado por las SAS, con 115 mil empleados registrados: “De 2019 a 2020 creció un 108%; de 2020 a 2021, 26% y de 2021 a 2022, 40%. Es el único tipo societario que creció en empleo formal durante la pandemia”. “Los emprendedores están eligiendo esta herramienta, no la arruinen”, cerró.  

Una vez que concluyó Martínez, desde la IGJ Darío De León salió al cruce de los abogados que plantearon colocar en igualdad a todos los tipos societarios: “¿De qué sirve tener un sistema de blockchain si después no se cumple?”. Al respaldar la obligatoriedad impuesta a las SAS de presentar su documentación, señaló que “si los tienen, ¿qué tan grave es que los presenten?”. No obstante, admitió que hay otras composiciones societarias que necesitan ser transparentadas. 

Otro de los oradores a favor de que no se cambie la ley, fue el doctor Rafael Manovil, especialista en Derecho Comercial, quien sugirió “no aprobar” el proyecto en debate. “Estamos tratando la materia de regulación de sociedades; no estamos hablando de combatir el delito, combatir el narcotráfico, donde suscribiría cualquier proyecto que haya para sacarnos este tema de encima”, dijo.

Recordó el nacimiento de la idea de las SAS, que ubicó en Francia, en busca de apartarse de la rigidez de las normas vigentes, y por entonces se dijo que eso solo lo podrían utilizar las grandes empresas. Con el tiempo, no fue así, y en nuestro medio se destinó sobre todo al emprendedurismo, pero cuestionó: “No veo por qué una empresa gigantesca no pueda utilizar este tipo social si le conviene a sus intereses. Es como si fuéramos adoradores de lo chico y enemigos de lo grande”.

El último orador de la jornada fue José Pablo Sala Mercado, un abogado especialista en Derecho Societario, que manifestó de entrada su desacuerdo con el proyecto oficialista que se debatía. Fue muy enfático en remarcar que “se está nacionalizando una cuestión jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires”, advirtiendo que por ejemplo en su provincia, Córdoba, no existía el problema porteño. Allí, más de 7.000 sociedades se habían constituido, “de las cuales 6.300 han sido SAS y funcionan. En su gran mayoría son sociedaes absolutamente legítimas”.

Aclaró que no quería valerse de prejuicios con el proyecto, pero arrancó advirtiendo que debía cambiársele el título, pues las SRL están dentro de la iniciativa, arrastradas por las SAS, y no se las menciona. “Este proyecto, en efecto, no suprime las SAS, pero las desalienta totalmente”, aseguró, remarcando que “más regulación no es más seguridad”, e ironizó: “Argentina es un país inflacionario en muchos aspectos, pero sobre todo legislativos”.

“Se legisla desde la patología, y no debemos legislar nada así”, enfatizó el abogado, convencido de que “tenemos demasiados problemas como para crearnos un problema nuevo. El sistema del Derecho resuelve todos los  problemas planteados”. Y concluyó advirtiendo que “acá se está desfederalizando por un problema que tiene la Ciudad de Buenos Aires; Córdoba, Mendoza, Corrientes, no los tienen. No nos traigan un problema que no tenemos”.

Un pedido en particular 

Tras la exposición del juez Erbetta, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro planteó sus reparos respecto de que esta iniciativa constituyera “una nueva embestida contra los pequeños emprendedores”, pero puntualmente pidió que no hubiera durante el debate “intimidación u obstáculos”, por cuanto en el debate anterior del proyecto proveniente del Senado, y que terminó perdiendo estado parlamentario, él recibió una demanda por daños y perjuicios que afectaba directamente lo que eran sus fueros parlamentarios. Aclaró que la justicia en primera instancia había rechazado la intención del inspector general de Justicia, que le había iniciado la demanda.

Por eso pidió “que podamos garantizar la libertad del debate, para tener una deliberación pública lógica y acorde a lo que es el debate y la sanción de leyes en este Parlamento”.

El presidente de la comisión, Lucas Godoy, le respondió que estaba “sumamente garantizada la libertad de expresión de cada expositor”, y también la de quienes pudieran llegar a sentirse afectados y desearan accionar. Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró: “Venimos con la mejor predisposición a este debate. Cada uno de nosotros somos libres de decir lo que queramos”, tras lo cual adelantó que no sería esa la única reunión informativa, sino que habría al menos otra.