A través de un comunicado pidieron a la Cámara de Diputados “desechar limilarmente el proyecto en cuestión resguardando de tal modo el interés general”.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) manifestó su absoluto rechazo al proyecto presentado por el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) ante la Cámara de Diputados de la Nación por el cual promueve la regulación de procedimientos administrativos sucesorios mediante la intervención de un ente dependiente del Poder Ejecutivo Nacional.
A través de un comunicado, plantearon que “el traspaso de los procesos sucesorios de la órbita judicial a sedes administrativas atenta contra la seguridad jurídica y el interés de la ciudadanía a actuar en base a la certeza y legitimación de sus derechos reconocidos por los jueces y juezas, únicos investidos de facultades jurisdiccionales”.
“La hora actual obliga a todos en general y a nuestros representantes muy especialmente, a actuar con la mayor responsabilidad, evitando prodigarse en satisfacer expectativas personales, necesidades políticas del momento o intereses corporativos de cualquier naturaleza que no sean las verdaderas necesidades de la ciudadanía”, explicaron desde FACA.
De esta manera, “desde la abogacía organizada de todo el país instamos a los señores diputados de la Nación a desechar liminarmente el proyecto en cuestión resguardando de tal modo el interés general”.
“La FACA en representación de los ochenta y dos Colegios Consejos y Asociaciones que la componen, renueva al mismo tiempo su compromiso de defender las incumbencias de la abogacía, y a través de su ejercicio, garantizar a todos y todas el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de sus derechos”, finalizaron.
El proyecto de Tetaz propone que las sucesiones no controvertidas se hagan de manera digital y por fuera de la Justicia. Además, establece la creación y regulación del Procedimiento Administrativo Sucesorio (PAS) en donde la determinación de los herederos se realice a través de la emisión de un certificado sucesorio extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) suscripto por un funcionario público.