El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) presentó un proyecto de ley tendiente a aliviar la situación que atraviesan entidades sin fines de lucro, MiPyMEs y pequeños contribuyentes, que pagan moratorias y a partir del 30 de abril vieron elevadas en hasta tres veces, o más, las tasas de los intereses.

La iniciativa está vinculada a la Ley N° 27.653 de Alivio Fiscal, fruto de sucesivas medidas que se tomaron durante la pandemia para ayudar a contribuyentes menores, y establece una moratoria vigente que permite a micro, pequeñas y medianas empresas, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes adherirse a planes de pago con un máximo de 120 cuotas a una tasa de interés fija de hasta el 1,5% mensual (18% anual) durante el período comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2023. 

Según la misma ley, “luego de este plazo se debe aplicar la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados que, en noviembre de 2021, momento en el que se publica la ley, ascendía a 34,12% anual (2,83% mensual). Sin embargo, en abril de 2023, la tasa BADLAR se ubica en el orden del 75% anual. A pesar de que esta tasa se encuentra por debajo de la inflación, la actualización establecida en el monto de las cuotas a pagar triplica su valor”, detalló el legislador en los fundamentos. 

El pampeano explicó que “el aumento de la tasa de interés aplicable a los planes de pago de la moratoria vigente está generando problemas a quienes se han adherido, especialmente en un contexto de dificultad económica. Las cuotas de los planes más largos, que contemplan hasta 120 pagos, presentan incrementos en el orden de 285%, mientras que los planes de menor duración también experimentarán aumentos significativos”.

Bensusán consideró que “frente a este panorama, lo que en su momento fue una solución hoy se transformó en un problema para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden ver peligrar la continuidad de sus actividades si no se modifica la Ley N° 27.653 para establecer una reducción de la tasa de financiación”. 

El oficialista señaló que de esta manera “se permitiría que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones y eviten la caducidad de los planes de pago, lo que podría generar graves consecuencias, como el surgimiento de intereses y sanciones condonadas, así como de acciones penales tributarias y aduaneras que repercuten en el normal desarrollo de su actividad económica”.

“Atravesamos un momento del país en que es un deber preservar la actividad de las MiPyMEs y de los pequeños contribuyentes, que representan fuentes laborales de un sector que se sacrifica para sacar adelante el país, al igual que las entidades sin fines de lucro. Por eso se debe encarar una solución inmediata, como plantea el proyecto”, concluyó.