Tras una declaración de más de tres horas, el exfuncionario de la Corte Suprema, Héctor Marchi, se presentó por segunda vez a testificar ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, para continuar su denuncia por las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, volvió a denunciar que sufre “presiones” y que lo empezaron a “perseguir” tras sus declaraciones.

Además, volvió a apuntar con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. También se despachó contra Mariano Althabe -preside la OSPJN- y Silvio Robles.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

El documento de Marchi y el reclamo de los diputados

Previo a la ronda de preguntas, el contador público hizo una exposición de la “situación” luego de haber testificado ante la comisión. Allí, contó que le interesa “la seguridad jurídica de la mujer y del hombre que por quienes se empiezan a respetar los derechos y se demuestra a través de los hechos de las formalidades de quienes la tienen que garantizar”.

Aclaró que no se presenta ante Diputados por “la bronca de un traslado” sino porque “me citaron como testigo de informes que hice hace bastante tiempo totalmente técnicos y profesionales y están ratificados por la Comisión de Auditoría que formó el Tribunal y para defender al Poder Judicial de la Nación”.

“Tercera vez que digo presente”, destacó Marchi y precisó que fueron dos en la Comisión de Juicio Político y una en el juzgado federal. “Los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia”, disparó el funcionario y sumó: “Dos ministros y dos funcionarios que todavía no fueron citados”, y expresó su “mayor respeto” a los compañeros que ya han testificado “o la ausencia de quienes tenían que hacerlo asumiendo sus responsabilidades de funcionarios públicos”.

Al respecto, remarcó: “Muchas veces preferí quedarme sin trabajo, pero jamás perder la dignidad y la autoridad. Sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir al doctor (Mariano) Althabe y a Silvio Robles, pero dejé en claro que como funcionario público iba a poner en claro la situación”.

“El informe número 4 de supervisión relativo a la gestión de Althabe, el ocultamiento por parte de Robles y el silencio de Rosatti a por lo menos un ministro es suficiente muestra. Después de ese informe Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo de Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo de Althabe donde Rosatti lo proponía”, relató Marchi.

Así, comentó que se negó “rotundamente” a los pedidos de Rosatti y le advirtió que “no me asustaban sus amenazas”, e informó que “por eso solicité la semana pasada en sede judicial incorporar copia de los legajos para corroborar la situación”.

“Rosatti me manifestó que a él no le llegaba la ley y le dije que el pueblo si, y por eso estoy con ustedes que son los representantes del pueblo. Que los ministros están para cuidar la Corte Suprema y no para usar la institución para esconderse y tapar irregularidades”, denunció y solicitó permiso para leer otro documento

En ese momento, el titular del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que “el testigo viene a declarar. Yo no sé quién le escribió lo que está leyendo. En todo caso que tenga un apunte de las referencias, pero tener que leer cosas y dilatar así el interrogatorio, a mí no me parece”.

De la vereda de enfrente, le salió a responder el kirchnerista Rodolfo Tailhade quien explicó que el testigo “está haciendo una introducción a su declaración. No hay nada que impida que lo haga. El pidió autorización, lo autorizamos, no hay preguntas entonces tiene que seguir”.

Lejos de quedarse en silencio, López le retrucó con una pregunta hacia Marchi respecto a quién escribió lo que leyó y que deje copia firmada.

Sin ser miembro de la comisión, pidió la palabra la radical Roxana Reyes para denunciar que “hay vulneración de formas”. “Estoy asombrada que la presidenta conteste preguntas del testigo y asombrada que una de las diputadas -por Vanesa Siley- indique cómo hay que preguntar sobre las generales de la ley. Estoy nuevamente asombrada porque el testigo solamente puede consultar apuntes para cuestiones técnicas, pero no puede venir a relatar una declaración porque tiene que responder a las preguntas y en función de eso consultar los testigos”, denunció al santacruceña.

“Tengo que hacer esas aclaraciones porque si este proceso se va a manejar con esta arbitrariedad, realmente es pasible de todas las nulidades”, advirtió Reyes.

En tono enojada, la titular de la comisión le contestó: “Con todo respeto, pero sus colegas han venido presenciando cada una de las reuniones que realizamos. Sus colegas han venido presenciando y todo ha sido derecho y el único objetivo de la comisión el logar determinar si hay o no mal desempeño y si los hechos que han sido denunciados se cometieron o no”.

“Usted es la primera vez que viene así que le pido por favor que respete el trabajo que se viene realizando”, remató Gaillard.

A su turno, y de forma pacífica Mónica Frade (CC-ARI) le preguntó si se puede poner a consideración para votar “cosas que son ilegales” porque “acá recién se puso a consideración que un testigo venga con un panfleto y lo lea. ¿Eso se puede poner a consideración?”. En ese momento, la titular de la comisión le aclaró que con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo dejaron que leyera un documento, pero Frade le siguió reprochando que “hicieron una vergüenza con Estela De Carlotto”.

El oficialista Leopoldo Moreau aclaró que “no hay ningún obstáculo para que el testigo, firmando y reconociendo la autoría del documento que lee, puede hacer una introducción y luego se le hacen las preguntas”. En ese contexto, Gaillard procedió a leer el artículo 12 del reglamento que establece que el testigo puede basarse en documentos en tanto y en cuento lo autorice la comisión.

Al retomar su testimonio tras el cruce de palabras entre los diputados, Marchi solicitó respeto hacia su persona y apuntó: “Me parece bastante imprudente las consideraciones del diputado López, pero no es mi intención entrar en discusión porque solo quiero hacerles saber a ustedes el estado de situación de cosas importantes que seguramente no están en su conocimiento”.

El exfuncionario judicial se remitió a su exposición de la reunión pasada en donde “quedó claro que bajo la supervisión en el email que Juan Carlos Maqueda le envió a sus ministros que la responsabilidad total sobre la supervisión desde el 2008 hasta el 31 de agosto de 2021 corrió por su cuenta y que, a partir de esa fecha y hasta noviembre de 2022 que se decidió que la supervisión esté a cargo de la Secretaría General de la Administración se realizaron los informes, recomendaciones, acta final de cierres. Posteriormente la responsabilidad de la gestión es de Althabe con su proponente al Dr. Rosatti”.

En esa línea, continuó denunciando las irregularidades en la Corte Suprema: “Con relación al periodo que Maqueda tuvo el control de la obra, todo lo que he declarado es exactamente lo mismo que dice la Comisión de Auditoría ordenada por la propia Corte que describió una gran cantidad de irregularidades, negligencia grave y que no se corresponden con los deberes de un funcionario público. Por otro lado, la OSPJN perdió por lo menos más de 2.700. millones de pesos en la gestión de Althabe propuesto por Rosatti”.

“Cumplí en informarlo al presidente de la Corte en dos veces. La primera en acuerdo donde estaban tres ministros y Althabe haciéndolos saber que ya llevaban perdido más de 1.500.000 millones de pesos por dejar el dinero en las cuentas corrientes. A pesar de mis recomendaciones, este hecho no se corrigió y al final de la gestión de supervisión de la Secretaría General de Administración esta perdida superó los 2.700 millones de pesos. Sin embargo, Rosatti que propuso a Althabe no hizo nada con él, y Althabe ante esa cifra perdida monumental de dinero sigue como si nada”, relató el contador.

Al respecto, consideró que es una “negligencia grave” producto de “los incumplimientos de los deberes públicos”, y aclaró: “Yo no voy a encubrir esta situación, aunque Rosatti no haya hecho nada. Hay pruebas de que los hechos están denunciados ante mis superiores en tiempo oportuno y que lo ocultó”.

“Hice esta denuncia y fue una de las causas a partir de las cuales me empezaron a perseguir. No puedo hacer ninguna otra declaración porque está bajo investigación de Lijo donde aporté pruebas y pedí que se incorporaran otras”, informó.

Por otro lado, manifestó que la falta de contabilidad general “no genera certezas a las transacciones económicas y financieras, sin presupuesto y balances ciertos. Con información que se puede cambiar o perder. No se pueden controlar ingresos ni egresos con certezas. No existe una organización sin contabilidad integrada. Es el escenario perfecto para cualquier hecho de corrupción. Es una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y Rosatti y no se corresponde con los deberes de un funcionario público”.

Así, hizo alusión a los “hechos de informalidad” que se generaron “antes y después de mi visita a esta comisión”.  “En primer lugar denuncié la eliminación del email oficial del presidente de la Corte por pedido del señor Robles vía WhatsApp y el uso de un Gmail suyo. Una situación gravísima sin mi consentimiento y con funcionarios bajo mi responsabilidad”.

“Segundo denuncié la recepción de Robles del informe 4 de Supervisión de la Secretaría General el 26 de agosto de 2022 y la falta de comunicación a ministros. Otra situación gravísima de ocultamiento. La falta de publicación de informes que mencioné antes”, sumó.

Y agregó: “La denuncia a funcionarios a mi cargo por parte de Robles. Después de esos actos, entiendo que la presencia de Robles como vocero de los tres ministros es de una gravedad extrema y el posible acto de encubrimiento por quienes lo protegen”.

Asimismo, Marchi también denunció que, tras su primera presentación en la comisión, “sufrí hechos de presión”, y detalló: “Primero con un comunicado de la comisión interna de los judiciales que tenía relación directa con la reunión de los tres ministros con algunos pocos empleados en el Palacio de Justicia”.

“En tercer lugar, el comunicado propio de la OSPJN”, enumeró y afirmó que aportará todas las pruebas que busquen desacreditar “mi gestión y atacar a mi persona”, pero resaltó que “es muy importante destacar que los comunicados no tienen firma, una forma utilizada por el vocero de los ministros para transmitir sus órdenes”, disparó el funcionario.

Además, cuestionó que plantean una política financiera “opuesta a la de responsabilidad fiscal que fue llevada hasta hace pocos días. Este tipo de políticas terminan en déficit, inflación, mayores impuestos. Pasaremos de la formalidad a la informalidad como transita el tribunal. De la responsabilidad fiscal a la liberación del gasto sin límites. Reservas de 150 mil millones en la Corte y de 80 mil en la Obra Social son atractivos para cualquier grupo. La independencia presupuestaria del Poder Judicial estará cada vez más lejos”.

Hico un breve comentario respecto al comunicado de la obra social: “Fue hecho por alguien poco inteligente porque decir que lo que hice fue ir en contra de trabajador es mentira. Los sueldos del personal del Poder Judicial se encuentran en el 2% de los más importantes de los trabajadores. El ahorro que tanto me cuestionan no se hizo por ajustar el personal, es para lograr una planta óptima”.

“Rosatti, además de no cuidar los ingresos de la Obra Social que fueron perdidos por Althabe que eran para atender la salud de 100 mil afiliados, maneja de manera informal otro tipo de ingresos que corresponden a la Obra Social”, planteó.

Marchi también contó que Rosatti “no solicitó informes en el fallo por Coparticipación, siendo que el Poder Judicial perdería por su aplicación más de 10 mil millones anuales a valores actuales y generaría complicaciones. No consultó a la Secretaría General de Administración respecto de las consecuencias de su llegada a la presidencia del Consejo de la Magistratura”.

“Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos que podría convertirse en delito en función del pedido de contratos por parte de Silvio Robles por orden de Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses”, señaló.

Sobre esto, recomendó: “Esta causa tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti, dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Silvio Robles y teniendo en cuenta su comportamiento en los hechos anteriormente denunciados por mí, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022, para dejar en claro esta situación”.

Por último, se refirió al juicio político presentado por la CC-ARI contra Ricardo Lorenzetti: “Es falso la cooptación de las estructuras del Consejo para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia. La transferencia fue solicitada por los consejeros y aceptada por la Corte. Los recursos se transfirieron un par de meses y nunca más se hicieron, quedando una deuda enorme. El personal de dichas dependencias se redujo en más del 40%”.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción.

También aseguró que “es falso la designación arbitraria del personal, solo se ocupa el 54% total de la planta disponible y hay más de 2.500 vacantes. Es falso el manejo irregular del fondo anticíclico”. Luego, volvió a ratificar que el diputado López fue al despacho de Rosatti y de Robles para pedir su remoción y le anticipó que le iniciará juicio por la falsa denuncia que le hizo.

Las preguntas y el testimonio

El primero en consultar fue el titular del bloque CC-ARI, sobre la relación que mantiene Marchi con Lorenzetti: “El vínculo es laboral. Con ninguno tuve problemas personales”. Además, contó que los expedientes de la Obra Social que pasan por la Corte, pero durante la gestión de Maqueda “nada se hacía sin el ‘ok’ de él”.

López, también le preguntó si recordaba quién firmó las resoluciones que designaron a Aldo Tonón al cargo de la OSPJN, a lo que Marchi afirmó: “No recuerdo, pero si eran resoluciones fue Maqueda porque Tonón era el médico personal”.

“Yo ingresé con una Corte de siete ministros y había un respeto de forma y de palabra. Habíamos manifestado que Maqueda asumió que estaba a cargo de la obra social sin haber un acto específico. No se hacía ninguna resolución sin su autorización”, explicó.

Al responderle a la diputada Graciela Ocaña, Marchi contó que post pandemia hubo una “eclosión en la obra social. Hubo una diferencia entre Maqueda y Tonón y se dejaron de hablar. Ahí vino el gran problema y vino la explosión. No sé qué pasó. Tonón no podía hacer nada sin la autorización de Maqueda”.