En una reunión muy breve, la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados avanzó con el dictamen de un proyecto de ley que crea un régimen de promoción para la producción orgánica por 10 años. 

La iniciativa, que prevé una serie de beneficios fiscales, fue presentada por un grupo de diputados oficialistas encabezados por el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la comisión, quien este miércoles destacó: “La producción orgánica tiene múltiples beneficios para la sociedad, principalmente es alimentación saludable, pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente, el suelo, el agua, no usar fertilizantes químicos. Significa arraigo para muchos productores, más mano de obra intensiva y profesionalización de la agricultura”. 

El legislador detalló que en el país hay “casi cuatro millones de hectáreas en las que se está trabajando en certificación orgánica”. “Sabemos que podemos generar nuevos mercados para muchos de nuestros productores”, sostuvo, pero explicó que “hay muchos países que ponen como condición que sea orgánica la producción para que puedan ingresar (los productos)”. 

“Este proyecto de ley va a contribuir a concientizar para que aumente el consumo interno”, consideró Fernández Patri, que agregó que “hay que trabajar con la educación” de la población porque “cuando pagamos el precio diferencial de un producto orgánico estamos pagando salud, más años de vida y estamos contribuyendo a más trabajo en nuestras comunidades rurales”. 

Sobre el proyecto, el diputado señaló que se busca “generar un bono fiscal que esté representado por el 70% de todo lo que paguen de masa salarial aquellas empresas que se dediquen a la producción orgánica”, el cual “se va a poder utilizar para cancelar otros compromisos ante la AFIP, salvo el impuesto a las Ganancias”. 

Sobre Ganancias, “se prevé una disminución del 60% de lo que tenga que pagar anualmente un productor que lleva más de un año ejerciendo esta actividad”, precisó, y dijo que también prevé la creación de un registro de productores. 

“Estipulamos que esta ley tenga un plazo de 10 años de vigencia”, añadió y expresó que con estos beneficios se busca contribuir a “financiar la certificación de la producción orgánica”. 

Al explicar algunas modificaciones que se hicieron al texto original, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, apuntó que en asesores se buscó “incorporar la mirada de la Comisión de Presupuesto para allanar el trámite”. De hecho, este miércoles el proyecto también será tratado en esa comisión. La que quedará pendiente es la de Agricultura y Ganadería, la tercera a donde tiene giro el texto. 

En alusión a la propuesta original de financiamiento del Fondo que se crea en 100 millones de pesos como base, el santafesino subrayó que en el actual contexto económico “hoy puede significar un monto significativo, pero posiblemente más adelante sea un monto que nos ate”. Por eso, se cambió esa cifra fija por una redacción que determina que se utilizarán “módulos” tal como se utilizan en el régimen de contrataciones que tiene el sector público.

Martínez detalló que hoy “un módulo son 8 mil pesos”, con lo cual para 100 millones de pesos “estaríamos hablando de 12.500 módulos”. “De esta manera nosotros podemos garantizar que ese piso de financiamiento se vaya actualizando a medida que cambia el módulo”, dijo. 

También se determina que los sujetos alcanzados sean “las empresas medianas tramo uno” de manera que “concentremos los beneficios en el entramado PyME” y “focalizarlo en los productores que más lo necesitan”, sumó el presidente de la bancada oficialista.