Luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera suspender las elecciones en San Juan y Tucumán, los legisladores de Vamos Juntos (VJ), el Frente de Todos (FdT) y el Partido Obrero (PO) se cruzaron en las redes sociales, es que desde la oposición advirtieron que la determinación “pone en peligro la democracia”, mientras que desde el oficialismo aseguraron que “el país no es un feudo”.

En ese sentido el presidente del Pro Capital y legislador de VJ, Claudio Romero, planteó que “los gobernadores Juan Manzur y Sergio Uñac querían ser reelectos violando sus propias constituciones. No respetan las leyes ni la democracia, se creen dueños feudales de sus provincias. La Corte Suprema hizo bien en frenar su ambición desmedida”.

Al mismo tiempo que el oficialista y hombre de confianza de Patricia Bullrich, Juan Pablo Arenaza (VJ), pidió: “respeten la constitución y dejen de hacer mierda todo. No van a poder hacer lo que se les ocurra. El país no es un feudo”.

En la vereda opuesta, el diputado Juan Pablo Modarelli (FdT) consideró que “la independencia de poderes en nuestro país… ¡mamadera! ¡Son una runfla mafiosa!”, mientras que Victoria Montenegro (FdT) opinó que “terminamos con la mafia judicial o la mafia termina con nuestra democracia”.

A la vez que Matías Barroetaveña (FdT) afirmó que “hicieron golpes, proscribieron y proscriben, fusilaron y desparecieron en nombre de la democracia y la república. Todo avalado por la justicia de turno (salvo honrosas excepciones). No nos vamos a sorprender por un fallo. Resistiremos. Lo que indigna son los que se hacen los giles”.

Asimismo, Juan Manuel Valdés (FdT) afirmó que “cuando te hablen de provincias feudales contá que el Pro gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace 16 años: 8 años Mauricio Macri, 8 Horacio Rodríguez Larreta y ahora buscan otro mandato del primo Jorge Macri”, para luego analizar a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.

“Inés Weinberg de Roca: Macri la propuso para reemplazar a Gils Carbó tras destituirla injustamente. La magistrada compartía gimnasio con el entonces Jefe de Gobierno, luego la nombró en el TSJ. Santiago Otamendi: Secretario de Justicia de Germán Garavano. Luego del cargo político fue sin escala al máximo tribunal porteño. También integraba la mesa judicial encargada de perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios. Marcela de Langhe: al igual que Otamendi fue propuesta por Larreta. Antes de llegar al Tribunal era la directora del Instituto de Seguridad Pública. Otra que pasó de un cargo político a ser parte del TSJ. ¿Coincidencias? Esa mayoría que construyeron Macri y Larreta es la que avala los actos de gobierno del Pro hace 16 años”, continuó.

En tanto Cecilia Segura (FdT) compartió una publicación en la que planteó que “hace tiempo asistimos a una avanzada del Poder Judicial que pone en peligro la democracia en Argentina. Lo advertimos en cada causa armada contra la vicepresidenta que derivaron en su intento de asesinato. Lo advertimos también, en el fallo que intenta proscribir a Cristina, dictado en el marco de la ‘Causa Vialidad’ luego de un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso”.

“En las conversaciones filtradas entre jueces, funcionarios del Pro y directivos de Clarín en su viaje a Lago Escondido y en los bochornosos fallos que hacen injerencia en asuntos del Poder Ejecutivo como son la política económica, laboral o sanitaria, entre tantas otras”, añadió y consideró que “esta vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) suspende las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán, privándonos a las y los argentinos de ejercer nuestro derecho constitucional de votar a quién queremos que nos represente. Esta decisión, de altísima gravedad institucional, deja de manifiesto que estamos frente a un Poder Judicial cooptado por injerencias político-partidarias”.

Además aseguró que “tal es así que la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, se atribuye públicamente la decisión de la CSJN: ‘les frenamos’, dice. A 40 años de haber recuperado la democracia en nuestro país, es insostenible la convivencia con un Poder Judicial que cercena los derechos políticos de las y los argentinos y opera como condicionante de los procesos electorales”.

Por otro lado, el trotskista Gabriel Solano (PO) remarcó que “el choque entre la Corte Suprema de Justicia y los gobiernos justicialistas de la provincia de San Juan y Tucumán expone la podredumbre y la hipocresía de todos los responsables de este régimen político” y destacó que “por un lado la Corte saca un fallo suspendiendo las elecciones a solo cuatro días de su realización cuando hacía más de un mes que podría haberse pronunciado. En el fallo de la Corte no se pronuncia sobre el fraude de fondo que ocurre en estas provincias: en San Juan con la ley de Lemas y en Tucumán con los acoples. Ambos hacen que este régimen político sea completamente fraudulento”.

“Del lado de los gobiernos justicialistas dicen que ‘la Corte atenta contra la democracia’, pero ellos han montado un régimen basado en aspectos terriblemente antidemocráticos y violando las propias normas, perpetuándose en reelecciones permanentes. De fondo, todos son tributarios de los mismos intereses sociales, el de las mineras, los empresarios del Citrus y de los ingenios”, señaló y concluyó afirmando que “desde el Partido Obrero repudiamos a unos y a otros y planteamos que una verdadera democracia política es incompatible con un régimen de explotación y opresión. Llamamos a fortalecer y construir una alternativa política de los trabajadores”.