Buscando dar cumplimiento a los anuncios del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura porteña ratificó por unanimidad una ley que deja sin efecto el impuesto a sello en las tarjetas de crédito para todas las compras que se efectuaron entre el 22 de diciembre de 2022 y el 9 de marzo de 2023. Además plantea la devolución de esos montos a los titulares de las tarjetas.

El primero en tomar la palabra fue el legislador de la UCR-Evolución (UCR-Ev) Lucio Lapeña explicó que se trata de “la devolución de lo cobrado en concepto de sellos a las tarjetas de crédito, es un impuesto que ya había sido derogado por esta Legislatura” y recordó que “ese impuesto fue aprobado por esta Legislatura de manera transitoria y financiar parte del bache que nos dejó la quita de la coparticipación de forma intempestiva de Nación a la Ciudad. La Corte falló a favor de la Ciudad, por lo menos a través de una cautelar, y la Nación decidió no acatar el fallo en un hecho inaudito; sin embargo, la Ciudad cumplió con su compromiso de derogarlo cuando la Justicia actuara”.

A su vez la diputada del FIT Mercedes De Mendieta aseveró que “vamos a votar la devolución de estas migajas, es un chiste lo que se está devolviendo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico actual. Durante años estuvieron recaudando con el consumo de quienes no llegamos a fin de mes y ahora planean devolver un promedio de 3300 pesos a cada usuario”.

Mientras que la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Rebeca Fleitas indicó que “desde que el liberalismo llegó a la escena política, venimos marcando la cancha y están, desesperadamente, intentar imitar nuestras propuestas. Larreta está desesperado, toma ideas que nosotros planteamos desde LLA y luego presenta proyectos similares, no se le cae una idea” y recordó que “hoy se va a realizar una devolución de 11 mil millones de pesos, una devolución que está licuada por la inflación”.

Por su lado el kirchnerista Juan Manuel Valdés (FdT) planteó que “confiscar estos consumos fue injusto, porque solo recaía y perjudicaba a aquellas personas que tenían que pagar sus consumos en cuotas. Por eso siempre dijimos que este era un impuesto injusto y regresivo, de hecho convocamos a una sesión especial para derogarlo pero no pudimos hacerla porque nos faltaba una persona para tener el quorum”.