Días después de que la Legislatura de la Ciudad aprobara un paquete de medidas que buscarán fomentar el acceso al alquiler, se presentó en la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires el informe “La vivienda ociosa y el impacto de la Ley de Alquileres en la Ciudad de Buenos Aires”, en el que se advirtió que ya hay unas 200 mil viviendas ociosas en el distrito capitalino.

La investigación fue producida en conjunto entre la Defensoría del Pueblo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico y Social Urbano (CEDESU), área de trabajo de la Fundación Igualdad. La presentación contó con la presencia de la Defensora de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños;  el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos (FdT) y director de la Fundación Igualdad, Itai Hagman; y Bruno Giormenti Moravec, coordinador del informe e integrante del CEDESU.

El informe fue presentado por Giormenti, que hizo un repaso de los puntos más destacados de la investigación, quien además puntualizó que las viviendas vacantes ya son 200 mil en la Ciudad, las tendencias recientes y de largo plazo de la oferta y demanda de los alquileres, los impactos de la Ley de la implementación y algunos interrogantes para el debate.

Por su parte Hagman centró su intervención en la producción de este tipo de trabajos para pensar en el desarrollo de la Ciudad: “no puede ser el parámetro del progreso de la ciudad solamente la valorización del metro cuadrado; tenemos que tener capacidad de construir otros criterios para medirlo. Yo quiero vivir en una ciudad en donde ‘progreso’, ‘modernidad’ y ‘desarrollo’ quieran decir que cada uno tenga el derecho y el acceso a la salud, la educación y la vivienda”, advirtió.

En tanto Muiños planteó que “el problema de acceso a la vivienda en las metrópolis suelen ser multicausales, y es deber de los gobiernos locales garantizar los derechos consagrados en la constitución. Y debe hacerlo a partir de las decisiones y la planificación de una ciudad inclusiva y segura para la mayoría de sus habitantes”. 

Cabe recordar que el informe en cuestión plante que en cinco años las viviendas ociosas crecieron un 45%, llegando a más de 200 mil unidades. Además se detectó que “la Ley de Alquileres no es la causa de la baja en la oferta de nuevos avisos de alquiler, que vienen en retroceso en la Ciudad desde mucho tiempo atrás, así como tampoco puede adjudicarse a esta legislación al aumento en los precios, que como descubrimos, se encuentran en términos reales por debajo de su valor de hace cinco años”.

“La situación de la vivienda en la Ciudad es absolutamente crítica y la política pública en la materia debe dar un golpe de timón. Es fundamental que el Estado nacional y local recuperen su capacidad de rectoría sobre el problema habitacional, desarrollando capacidades para generar mejores regulaciones para poder garantizar un derecho humano básico como el derecho a un techo para vivir”, concluye el documento.