A exactamente un mes de haber iniciado las audiencias con testigos puntualmente sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este jueves la quinta reunión para indagar sobre esta causal y la decimocuarta desde que arrancó el proceso contra los jueces de la Corte Suprema.

Pasada la media hora de la convocatoria, la reunión comenzó con un tercio de los miembros presentes, algo que reclamó enfáticamente Juan Manuel López, el único diputado de Juntos por el Cambio que ingresó cuando quedó abierta la reunión y pidió que quede constancia. “Yo entiendo que les dé vergüenza no tener quórum”, chicaneó. Más tarde, entraron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja el resto de los legisladores opositores.

En la previa del encuentro, tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán.

Como respuesta, el jefe de la UCR, Mario Negri, anticipó que harán uso del artículo 109 para que se incorporen los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente.

A su vez, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 30 a las 13 -debido al fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo- en la que continuarán indagando sobre las irregularidades en el manejo de la obra social. Además, comentó que los siguientes temas serán Coparticipación, Consejo de la Magistratura y las audiencias remantes.

Caso Tonón

Promediando la audiencia, pasadas las 13, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a los miembros que le comunicaron de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, que se había dispuesto notificar al doctor Aldo Tonón para que compareciera a testificar. Y así fue.

El exdirector ingresó a las 15.20 a la Sala 1 del Anexo y estuvo más de cinco horas respondiendo preguntas, muchas de ellas las evitó amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional para “no auto incriminarse” en las causas en las que está imputado por el mismo tema. Tonón afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Al finalizar su testimonio, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade adelantó: “Vamos a evaluar las versiones taquigráficas porque hay contradicciones con otros testigos y en algunos casos hay mentiras. Vamos a hacer una consideración del caso Tonón. Me pareció que fue un testigo reticente porque nos opuso la garantía del artículo 18 cuando no correspondía y eso es un engaño a la autoridad, en algún momento vamos a hacer una presentación”.

Ampliación de pruebas

Durante la jornada se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, en total son 10.

A pedido del jefe del bloque oficialista, se aprobó la citación de los actuales presidentes de la Obra Social, Mariano Althabe, y a la vicepresidenta Cora Borensztejn. “Nosotros no acompañamos porque no vamos a estar hasta fin de año tomando testimonio”, aclaró Juan Manuel López.

Dos testigos ausentes y dos presentes

En dicho encuentro, se ausentaron Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos. En el primer caso por un pedido de reprogramación, y el segundo porque no se lo pudo localizar, ya que a la dirección donde se le envió la notificación era una oficina que estaba vacía.

El primer testigo en declarar fue Sebastián Clérici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y quien está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi, desplazado de la Secretaría General de Administración; quien hasta abril de este año era titular de la Dirección Jurídica General y ahora ocupa transitoriamente la Secretaría Jurídica General, fue consultado en virtud de haber sido presidente de una comisión auditora sobre la obra social que se conformó en 2021.

Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario reveló que “cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte”. Sobre su área, dijo: “Cuando recibíamos esas acciones actuábamos igual que con cualquier otra, no es que tenían un trámite fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenían”.

Respecto de la “naturaleza jurídica” de la obra social, Clerici definió que “es una dependencia de la Corte Suprema, donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver-ejecutar y responsabilidades personales”.

“La auditoría que se nos encargó, que involucraba 13 años de gestión, a nuestro criterio no debía superponerse con las autoridades a las que el tribunal les había conferido, en distinto grado, competencias para la gestión actual de la obra social”, expresó.

Durante su testimonio, el secretario letrado resaltó que “muchas de las observaciones que se señalan en la auditoría probablemente hayan sido advertidas por algunas de las autoridades que se estaban ocupando de la gestión”.

Consultado por las vacancias que hubo -durante todo el período analizado por la auditoría- de los cargos de subdirectores médico y administrativo, el funcionario explicó que para estos nombramientos deben intervenir “distintos órganos” pasando por “la propuesta del director, la propuesta del directorio y luego designación por la Corte, como cualquier empleado de dependencia de la Corte Suprema”.

En el interrogatorio, que duró cerca de tres horas, Clerici fue consultado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT) por el tema del acceso a las declaraciones juradas y patrimoniales de funcionarios y magistrados de la Corte. “Se está iniciando el proceso de pedido para que los funcionarios entreguemos las DD.JJ.”, dijo el testigo y apuntó que el procedimiento de acceso al público está “previsto en dos o tres acordadas de la Corte”.

Sobre esto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que “el pedido de juicio político de la diputada (Paula) Oliveto hacía referencia a cómo la Corte había violado la Ley de Ética Pública estableciendo un régimen especial de publicidad para las DD.JJ. de los jueces de la Corte Suprema”.

Uno de los temas sobre los que se hizo bastante hincapié fue en “el régimen legal aplicable para licitaciones y contrataciones” que se basa en el decreto 5720/72, referenciado en una Ley de Contabilidad derogada. “¿Cómo es que la Corte utiliza un régimen que está derogado desde hace 23 años?”, consultó la diputada Siley, a lo que Clerici confirmó que “la Corte adoptó un reglamento autónomo que viene aplicando con algunas modificaciones desde el año 2000, ese reglamento autónomo se basa en el decreto 5720”.

Más adelante, Siley subrayó que “en ninguna de las contrataciones encontramos referencia a ese reglamento autónomo” del que habló Clerici y advirtió que “los oferentes no tienen el encuadre legal adecuado”. “El procedimiento interno en tiempo real de las contrataciones o cómo lo hace la obra social no es algo que hayamos hecho en el marco de la auditoría, ni correspondía”, respondió el funcionario. No obstante, aclaró que en la auditoría se advirtió que no debería hacerse referencia a la Ley de Contabilidad derogada y que hubiese sido conveniente adecuarlo.

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) quiso indagar sobre el rol de la Secretaría General de Administración -hasta abril comandada por Héctor Marchi- en lo concerniente a licitaciones que en algunos casos la obra social remitía a la Corte. “La obra social respondía que era según el valor y la envergadura de la licitación”, afirmó el secretario letrado.

La siguiente fue Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN una mujer de 49 años quién enviudo hace uno, fue consultada por el diputado nacional Leonardo Grosso (FdT – Buenos Aires) sobre su dependencia y utilización de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

Ambrosio respondió: “Trabajo en el Juzgado de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y soy afiliada desde el 1999, también mi marido (fallecido) y mi hijo)”. De entrada, aseguró: “La obra social no la utilizaba demasiado, empecé a notar problemas cuando la uso mi marido al que le diagnosticaron cáncer y ahí vi problemas”.

Respecto al tratamiento, la testigo relató que necesitaba terapia de rayos de onda corta y quimioterapia de forma urgente, pero “no autorizaban y recurrimos a un amparo”. “Una medida cautelar nos dio la razón y lentamente empezaron a autorizar”, señaló.

Sin embargo, la quimioterapia que debía realizarse cada quince días necesitaba la autorización de un medicamento, el cual debía estar listo 48 horas previas a la sesión y “nunca estaba el medicamento listo como requiere el tratamiento”, indicó.

“Llamaba y atendía un empleado que obviamente no te lo solucionaba, y la medicación llegaba a último momento. Era un stress permanente cada quince días”, enfatizó. Del mismo modo, amplió que “se veía agravado porque debía cumplir mis tareas y las de él, más el stress de luchar contra una obra social que no daba cobertura”.

El problema de Ambrosio se agravó cuando el 14 de abril de 2022 su marido “tiene un comportamiento extraño y lo llevo a la guardia para quedar internado”.

“No sabían si el tumor había llegado al sistema nervioso, pero logran determinar un cuadro psiquiátrico, es dado de alta a los quince días y determinan la internación domiciliaria”, relató.

Inesperadamente para Ambrosio, la quimioterapia es suspendida “porque no podían hacer las dos cosas a la vez”. Así también, aseveró que “la internación domiciliaria es el nombre nomás porque no mandaron enfermeros, el clínico venía una vez por semana y solo venía para ver si tenía medicaciones, no lo revisaba”.

Tras varios reclamos por la ausencia del psiquiatra, Ambrosio decidió buscar un lugar de cuidados paliativos dónde su marido estuvo los últimos 20 días de vida. “Cuando averiguaba por cuidados paliativos me mandaban a una dependencia interna pero no se ajustaba a lo que necesitábamos”, agravó en el relato.

Además, contó que “las cosas (necesarias para la internación domiciliaria) nunca aparecieron y no hubo tiempo de hacer (otro) amparo porque murió a los dos meses”. “Tampoco llegamos a tener Certificado de Discapacidad”, siguió.

La parte más dura del relato de Ambrosio fue cuando manifestó que “mi marido se cayó de la cama y hasta que vino la ambulancia pasó tres o cuatro horas en el piso”. A su vez, agregó: “Llegaron, lo levantaron y me dijeron que lo limpie yo”.

Finalmente, el marido de Ambrosio falleció mientras se encontraba en Hospital San Camilo “sin ninguna injerencia de la obra social”. El legislador Grosso consultó porque no la usaba antes y la testigo respondió: “No la usaba antes porque hace 17 años transité enfermedad y me vi autorizando ordenes continuamente con dos o tres horas de trámite para hacer estudios”.

En el cierre, la diputada nacional Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) le preguntó sobre los reintegros por los cuidados paliativos y Ambrosio cerró: “Solicité en la casilla de internación domiciliaria y ellos dijeron que no tenía cobertura”.