La cuarta fue la vencida. A las 15.20 se hizo presente en la Sala 1 del Anexo de Diputados el exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de este jueves en el marco de su quinta audiencia de indagatoria sobre las irregularidades en el manejo de la obra social.

Durante su larga exposición, que se extendió por más de cinco horas, se amparó en varias ocasiones en el artículo 18 de la Constitución para no responder ciertas preguntas al estar imputado en una causa que también investiga el mismo tema. En tanto, afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Tonón se había negado a asistir a la comisión en tres oportunidades. El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista aprobó pedir que sea traído por la fuerza pública, algo que requiere la intervención de un juez.

“Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor (Ariel) Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública, teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento”, informó en el comienzo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

Además, la diputada resaltó que de las tres causas vinculadas a la obra social que se tramitan en la Justicia, dos están en el juzgado de Lijo y una en el de Daniel Rafecas, pero “solo en una causa está imputado el doctor Tonón” que es en la que “se investiga la denuncia de un extrabajador, que lo denuncia por usar un software para seguir a trabajadores de la obra social, ahí sí está imputado. Por lo cual “no habría ningún motivo para que el doctor Tonón no comparezca ante esta comisión”, dijo Gaillard.

Promediando la audiencia, la presidenta de la comisión informó que acababan de llamar de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, para informar que desde allí se había dispuesto notificar al doctor Tonón, quien “estará viniendo hoy como testigo a la comisión”.

“¿Tiene que venir, lo van a traer?”, consultó Juan Manuel López, titular del bloque CC-ARI, a lo que Gaillard respondió: “Lo están yendo a notificar… Notificarlo de que tiene que venir, no sabemos si el testigo está viniendo”.

Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica sugirió que el juzgado “nos mande la resolución” adoptada, y a continuación el diputado Leopoldo Moreau dijo que adhería al pedido de López. “Es importante que el juzgado envíe el escrito, porque es muy importante el fundamento con el que ha tomado esta decisión”, precisó.

Tras el ingreso de Tonón a la sala y previo a la ronda de preguntas, Gaillard aclaró: “Al testigo se lo ha citado en tres oportunidades, como incompareció el testigo aduciendo la imposibilidad de declarar para no auto incriminarse porque hay tres causas penales que investigan el tema de la obra social, y una de ellas que es la única que está imputado el doctor Tonón, pero no es la que se está ventilando acá en la comisión”.

El testimonio de Tonón

Palabra que se hizo esperar, el exdirector de la OSPJ afirmó conocer a los magistrados de la Corte Suprema, pero negó tener una relación y/o vínculo personal. El primero en interrogarlo fue el diputado oficialista Rodolfo Tailhade quien le pidió que explique las circunstancias que “rodearon” su ingreso a la OSPJ, ante lo que Tonón contó que su ingreso fue en 2007 luego de una entrevista “a raíz de un conocimiento por una persona en común me solicitaron un CV sobre toda mi trayectoria médica, yo llevo 49 años de profesión de los cuales 35 están destinados a la gestión. Tras unos meses me citaron a una entrevista con Maqueda”.

En ese marco, aclaró: “No soy amigo personal de Maqueda, sino que la relación que mantuve es solamente a través de ese vinculo laboral que se constituyó. Tuve entrevistas con otros jueces. En ese momento con los distintos jueces de la Corte que, en ese momento, estaba constituida por 7 miembros”.

“Me pidieron hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso que tramitaba en el exjuzgado del juez Bonadío que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. A raíz de eso, trabajé durante 6 meses con un contrato de locación de servicios. Hice un informe y lo documenté que está en poder de los miembros de la Corte donde se aclararon todas las situaciones y la propuesta de un replanteo en el armado de la OSPJ dadas las características y la situación que la obra social tenía de no ser una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”, relató.

 Asimismo, reiteró que su ingreso fue para una “determinada tarea en la Auditoría de la Obra Social con el punto de inicio en una causa penal que tenía 17 imputados referida a las prestaciones odontológicas. De ahí se fue abriendo el espectro de evaluar las distintas situaciones que se estaban dando y se podrían haber dado en la obra social y un proyecto de ordenar a la obra social”.

“Con el tiempo surgió el pedido de hacer una proyección de cómo la obra social se podía reordenar”, insistió Tonón. Ante la consulta de Tailhade sobre el ingreso formal a cargo de la Obra Social, el médico explicó: “Se dio a través de la modificación estatutaria nueva, el funcionamiento y el organigrama de la obra social presentado donde los señores ministros de la Corte deciden conformar una reforma del funcionamiento de la obra social y, a través de la constitución de un directorio de tres personas”.

En ese sentido, precisó que el ofrecimiento del puesto fue hecho por los titulares de la Corte Suprema con la anuncia del resto de los ministros, la acordada por la que se aprueba el estatuto y se asigna la constitución de las autoridades de la obra social “está firmada por los siete ministros”.

“Se dio a través de la acordada la propuesta de estatuto, el funcionamiento, el organigrama de la obra social presentado, y el proyecto de modificación en la obra social para transformarla en una obra social acorde a las circunstancias del momento”, ratificó el testigo.

Al respecto, Tailhade le preguntó si recibió algún tipo de instrucciones de cómo querían los jueces que sea la gestión de la obra social. “Creo que si leemos los primeros artículos del estatuto de la acordada 5 del 2008 dice cuáles son los fundamentos y para cuáles son los objetivos de querer y la modalidad o el modelo de obra social que querían. Eso lo habrán discutido entre ellos”, indicó el exdirector.

“Asumí el cargo que me ofrecieron junto con el directorio y continué hasta el 9 de marzo en que presenté la renuncia, pero desde el 31 de diciembre de 2021 yo dejé de estar operativo en la obra social para poder tomar todas las vacaciones reservadas y que no pudieron ser tomadas durante años anteriores. En febrero del 2022 en el cual se hizo un citatorio para hacer cambio de autoridades porque yo ya había decidido que no iba a continuar. Se hizo una reunión de los dos directores de la nueva gestión que son el doctor Althabe y la doctora Borensztejn en el cual se cambiaron los directores. Me abstuve de postularme o aceptar cualquier cargo”, detalló.

En esa línea, el diputado kirchnerista indagó sobre su decisión de renunciar. “Ya no quería continuar trabajando. Tengo 74 años, llevo 50 años en la profesión y 35 en la gestión, me sentía cansado y agotado y por eso decidí como cualquier ciudadano jubilarme”, sostuvo.

Al ser interrogado por la gestión y la trayectoria, Tonón manifestó: “Está todo documentado en la Obra Social y como estoy imputado en las tres causas en las cuales puedo auto incriminarme en el funcionamiento voy a hacer uso de las facultades que me otorga el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Al respecto, Gaillard le aclaró que es por “preguntas relacionadas a las causas en las que está imputado que puede hacer uso de dicha facultad. Si es una causa en la que no está imputado puede responder. Usted no está imputado en las causas de irregularidades en la Obra Social…el testigo puede hacer uso de la facultad o abstenerse de responder alguna pregunta vinculada al hecho que se investiga”.

Pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien comentó: “Solo para tranquilidad y para no estar hablando con el abogado que no puede ser parte de la reunión. Hay cosas que seguramente el testigo puede decir incluso respecto de estos temas de imputaciones que puede tener las distintas causas en términos jurídicos de acuerdo a la información que le atiende a su abogado sin necesidad de que hable. Tratemos de hacer todo lo más fluido posible”.

Al retomar el interrogatorio, Tailhade volvió sobre su pregunta anterior: “¿Usted considera que hablar sobre eso lo puede comprometer en la investigación penal?, a lo que Tonón contestó: “Si porque temas que están en la investigación penal se refieren a la gestión”. Lejos de cerrar ese tema, el diputado oficialista insistió: “Si, pero se refieren a hechos puntuales que podrían haber sido considerados posibles delitos de acción pública que disparó una investigación. No sé si eso forma parte de las investigaciones que se están haciendo en sede penal”.

“Creo que usted desconoce cuales son las causas que están en sede penal”, disparó el funcionario, ante lo que Gaillard intervino con una aclaración: “Nosotros antes hemos leído las distintas causas que usted tiene y tramita en causa penales la 7686/21 donde nos consta que no ha sido imputado en la causa. En la causa 5666/21 el fiscal si lo imputó, pero no tiene que ver con la investigación que estamos ventilando en este juicio y en la causa 4462/22 no está imputado. Digo para clarificar las causas que tramitan y en las que puede abstenerse si siente que se está auto incriminando”, y agregó: “Evitemos las preguntas sobre la gestión porque muchos de los hechos ya fueron comprobados por los testigos anteriores”.

Tonón explicó que la obra social “es una institución que tiene independencia y autonomía de gestión económica, administrativa y financiera, por lo tanto, los ministros estaban informados sobre el funcionamiento y qué se estaba haciendo, pero no le tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura que el propio estatuto lo dice”.

 “Cualquier ministro que quisiera tener información de la obra social y me consultaba, tenía la respuesta porque la obra social dependía… lo dice el estatuto no hace falta repetirlo”, contó y sumó: “El estatuto establece de quién dependía la obra social y hace una excepción a esa dependencia. Está respondido en el artículo primero de la acordada 5 del 2008”.

Nuevamente la titular de la comisión intervino para aclarar la pregunta de Tailhade y le preguntó al testigo si conoce el mail en el que Maqueda renuncia a sus facultades de supervisión sin acto administrativo de la obra social del Poder Judicial: “Formalmente y personalmente no, solamente por trascendidos periodísticos”.

“Cuando había problemas de envergadura se consultaba a Lorenzetti, a Maqueda, y con los otros ministros también. A muchos de ellos se les preguntaba por alguna cuestión o situación que se había enviado como propuesta para mejorar el funcionamiento o equipamiento o la finalidad y estructura de la obra social. Siempre y cuando excediera esa resolución las facultades que tenia el directorio que funcionó en los primeros años de la obra social porque ahí funcionaba con un directorio y las cosas se trataban ahí”, explayó el testigo.

Tailhade preguntó: “El estatuto que estuvo vigente casi 14 años aprobado por la acorada 5 del 2008 comprometía a la obra social a elevar mensualmente informes de las decisiones que adopte de la gestión administrativa, sevicias de cobertura, estado económico. Puede decirnos si eso se cumplió regularmente”, a lo que el exdirector destacó: “Estimo que sí, sino no hubieran permitido la continuación de la obra social y lo hubieran reclamado. Porque se enviaba la información de trascendencia con la propuesta. Todos los meses se elevaba a la Corte y, además, las inversiones de la Obra Social por resolución de la Corte del año 2011 quedaron en manos de la Administración General de la Corte Suprema. La Obra Social derivaba los excedentes que consideraba que se podían seguir conformando el fondo anticíclico a la Administración General de la Corte porque era una indicación dispuesta por una resolución del máximo tribunal”.

“La información económica y financiera, la solicitud o propuesta de algún acto o de alguna situación que mejorara la atención de los afiliados, que mejorara el funcionamiento de la obra social, antes de tomar la decisión, si se consultaba con los ministros que querían tener conocimiento del tema”, planteó.

Y agregó que “esa comunicación era de muchas formas. Era la propuesta de una solicitud de audiencia y el ministro decidía si era por audiencia o por escrito. Era a cualquier ministro”.

Al respecto, indicó que el patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos. “El último día que fui, en el que se firmó la nueva dirección, en el acta del directorio se incorporó el estado económico y financiero de la obra social y el orden del monto era 52 mil millones de pesos. Eran depósitos y liquidez”, indicó y resaltó que las consultas eran solo para los ministros y no para los empleados de las vocalías.

Al ser consultado por el motivo que derivaba a que las resoluciones hasta la acordada 44 del 2018 eran firmadas por varios ministros, Tonón explicó: “Algunas situaciones si, y otras de resolución de la propia Corte siguiendo los lineamientos de la Ley de Contabilidad de la Nación en las normas propias de la Corte mediante una acordad y fijaba montos para algún tipo de licitación”.

“No era mi función interferir en el funcionamiento y en el ordenamiento o decisiones que tomaban los ministros con respecto a sus funciones. Era facultad exclusiva de ellos, yo no pedía explicaciones sobre eso”, lanzó.

El patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos"

También contó que los montos “iban modificándose con el correr del tiempo en la misma situación siguiendo los lineamientos de la Corte. Se actualizaban no muy asiduamente, pero cuando se generaba un desfasaje grande. Fue así desde el primer día que llegué”.

“Nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse porque está en juego la vida de un paciente”, sostuvo Tonón ante la pregunta de Germán Martínez y sumó que “todo procedimiento de compra de licitación tiene un derrotero de hacer que va desde justificar la necesidad de la situación y por cada área: jurídica, requirente, la compras, jurídica, y la contable”.

Y siguió: “Eso iba, se hacía el concurso, luego pasaba a la comisión de pre adjudicaciones que depende del Consejo de la Magistratura que hacía la evaluación de todo el procedimiento y daba su dictamen”.

Pidió la palabra el diputado Leopoldo Moreau quien interrogó sobre el tiempo en el que estuvo como director sin que estén el resto de los directores: “No recuerdo con precisión la fecha la renuncia de los otros dos directores, pero estimo que fue desde fines del 2009 o 2010”.

“¿Cuál fue el tiempo en el que estuvo en esa situación, es decir, que estuvo ejerciendo el cargo sin que se nombraran los demás directores?”, volvió a preguntar Moreau, a lo que Tonón recordó: “Desde la fecha de renuncia hasta la fecha de designación de los nuevos directores que fue en 2022”.

“Usted estuvo aproximadamente 10 años ejerciendo el cargo sin otros directores?”, insistió el diputado del FdT lo que fue afirmado por el testigo. “¿Usted hizo algún tipo de reclamos para que se designaran a los restantes directivos?”, repreguntó el legislador y Tonón dijo: “Habremos conversado, pero yo no tenía que demandar la designación de los directores”.

Y Moreau continuó sobre el tema: “¿O sea que a usted no le generaba eso mayor carga de que esos directores no estaban designados?”. “No porque no me basaba en cuántas personas tenía para colaborar, sino en la capacidad para trabajar y sacar adelante a la obra social”, contestó el funcionario y agregó: “El presidente de la obra social siempre cargaba con la responsabilidad del funcionamiento diario y cotidiano de la obra social”.

“¿Por qué no se certificaban los balances ante el Colegio Profesional de Ciencias Económicas? ¿Quién disponía que esto fuera así?”, consultó Moreau a lo que Tonón precisó: “No recuerdo quién dispuso que no se hiciera, pero no había inconvenientes en hacer la certificación. No se hizo nunca la certificación de los balances. Era la modalidad de la obra social hacerlo así. No es que me parecía natural, yo continué la modalidad operativa que se venía llevando. La certificación en el Colegio Profesional nunca se hizo porque no implica la certificación del balance, sino que implica la autorización o capacitación del auditor del balance e implica dejar de hacer público el balance de la Obra Social”.

Moreau se refirió al email de renuncia de Maqueda en donde calificaba a la Obra Social como “insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas”, y consultó: “¿A qué período de gestión se refiere?”.

“No puedo hace apreciación a qué período se refiere. Me presumo al anterior de la gestión del 2008”, respondió Tonón, pero el diputado kirchnerista retrucó: “Maqueda presenta la renuncia en agosto de 2021 y me parece que se refiere al periodo 2008-2021”. “¿Used dice que el Dr. Maqueda cuando se refiere a la obra social anarquizada…? Yo creo que si lee el primer párrafo interpreto otra cosa. No dije que no se refería a mi gestión, lo interpreto de una forma distinta”, dijo Tonón y sumó: “Yo no puedo saber lo que quiso decir porque no conversé del tema con él y no me interesaba hacerlo porque no era mi función”.

En ese momento, el exdirector amagó con no responder ninguna pregunta más “dado que cada vez me encuentro más cercano a auto incriminarme con lo que pueda resolver. La respuesta va a ser artículo 18 de la Constitución a todas las preguntas que sigan”. Pero, Gaillard interrumpió y volvió a calmar las aguas reiterando, una vez más, las causas en las que está imputado y de las cuales no puede hablar.

“En ningún momento recibí amenazas o presión de presentar mi renuncia”, afirmó el testigo. Sobre el informe final de la auditoría que se hizo, aseguró que “lo poco que vi de la parte médica puedo asegurar que es una auditoría que no sigue los requerimientos básicos, sino que son de prescripción de las distintas áreas y que no hay elementos probatorios que consten como una irregularidad”.

Por otro lado, manifestó que “podía recibir consultas sobre algún caso particular de inconvenientes, pero eran escasos. Todas las vocalías hacían consultas, que los afiliados consultaban y se les daba la explicación correspondiente, lo hacía yo porque era quien podía resolver la situación. La Obra Social es la que tiene la más alta cobertura asistencial del país sin ningún co-seguro con la mayor cobertura de medicamentos”

Consultado por la conformación de la comisión de informatización del Poder Judicial, comentó que “no tuve ninguna reunión porque quien tenía que convocar a la reunión era el presidente que era Héctor Marchi. Si hicimos aportes de todas las áreas de la Obra Social”, y negó saber las conclusiones finales del informe elevado al máximo tribunal. Además, informó que se había designado a un representante en cada lugar donde la Obra Social de la Corte no tenía representación para atender los reclamos de los afiliados.