Por segundo día consecutivo, la Comisión de Acuerdos del Senado realizó este miércoles una audiencia pública en la que expusieron aspirantes a jueces, fiscales y defensores públicos propuestos por el Gobierno nacional.

Toda la expectativa por las rispideces que pudiese generar su presencia para defender su pliego estaba puesta en la figura de Ana María Figueroa, para quien el Poder Ejecutivo pidió ampliar por cinco años su magistratura, atento a que en agosto cumplirá 75 años.

Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal -clave para el oficialismo, en general, y la vicepresidenta de la Nación en particular, por cuanto ese cuerpo debe decidir si ella va o no a juicio por la causa Hotesur-, la jueza recordó al iniciar su exposición que justamente doce años atrás ese mismo Senado le prestaba acuerdo, un 29 de mayo de 2011. “Me da mucha alegría poder estar aquí”, señaló, aclarando que no era tarea sencilla resumir sus 50 años de ejercicio profesional de la profesión.

Recordó haberse recibido en el año 1973, época que definió como “muy especial” y contó que inmediatamente después de recibirse recibió a víctimas y familiares de la represión, y más tarde se convertiría en abogada de organizaciones de derechos humanos.

Figueroa destacó las 1.042 sentencias que ha emitido Casación en materia de cuestiones de género, recordando a su vez que en 2011 “prácticamente no había sentencias de género en el país”. Celebró también “que se haya avanzado tanto en tan poco tiempo”.

Al referirse a las cuestiones de lesa humanidad destacó los números registrados en nuestro país en la materia: 1.425 condenas; 1.126 personas condenadas; 171 absueltas; 297 juicios; 70 en trámite; 717 detenidos. Datos que, contó, llevó a La Haya, sorprendiendo a todos. “En el juzgamiento de personas de lesa humanidad somos ejemplo mundial”, enfatizó, recordando también que cuando la Corte Suprema tuvo el fallo del 2×1, Casación Federal “fue el organismo que no aplicó el fallo”.

Llegó entonces el momento de las preguntas y tomó la posta desde la oposición la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro-JxC), quien leyó lo que ella había declarado ante un medio de comunicación el 18 de diciembre pasado, diciendo que “hubo ensañamiento judicial contra la vicepresidenta”, al tiempo que llamó a confiar en los tres poderes. Por eso consideró que esa declaración le sonaba contradictoria. Y planteó las dudas que le generaban la demora de la jueza en emitir su voto sobre la causa Hotesur/Los Sauces, toda vez que sus dos colegas ya lo habían hecho. 

Figueroa contó que podía haber expresado que había habido ensañamiento, pero eso tenía que ver exclusivamente con que “no es habitual que en Argentina a una persona la citen a 8 indagatorias el mismo día. No es razonable eso, no hubo ningún otro caso en la historia”. Y cuestionó también que se hubieran elegido fechas especiales para ella para indagarla. “No me parece correcto contra la vicepresidenta, ni contra cualquier ciudadano”, dijo.

La camarista agregó que en ese momento estaban en “un período de debate con los dos colegas. Hasta el lunes estuvimos charlando del tema”, remarcando que siempre buscan “llegar a consensos en temas tan graves. No es tan sencillo como con un tema simple. Con ellos estamos permanentemente debatiendo”, y aclaró que estaban “en el secreto del debate” y no podía referirse al tema. Habían resuelto además no seguir anotando las circulaciones dentro del sistema Lex100 “para que no haya presiones, pero estamos llegando a buen consenso”.

“Pierda cuidado que no tengo ningún feedback con el Poder Ejecutivo para dar mi fallo según me den el acuerdo o no”, aseguró.

El otro legislador opositor que hizo preguntas fue el riojano Julio Martínez (UCR-JxC), quien arrancó enmarcando la situación en la que se había llegado a esta audiencia. Subrayó que “desde hace 3 años y medio el Congreso, y en especial el Senado, está atravesado prioritariamente por una agenda judicial”. Y ahora, destacó, “el Senado está paralizado”. Pero advirtió que “hoy se mueve, ayer y hoy hubo mucha actividad gracias a usted, y el interés que tiene el oficialismo y Cristina Kirchner en que siga siendo jueza”.

“¿A qué cree que se debe el interés del oficialismo? ¿A que su pliego sea tratado? ¿Por cuál de todas estas causas hay interés en que usted siga?”, preguntó, y enumeró luego casos como el de los jueces Carlos Fayt, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco, en los que el oficialismo y el kirchnerismo habían estado siempre en contra de que siguieran en sus cargos más allá de haber cumplido la edad jubilatoria. “Ahora están a favor. ¿Por qué cree que están a favor de su continuidad? -insistió-. ¿Por su posición sobre la Ley del Arrepentido, que la consideró inconstitucional? ¿Será porque está en Hotesur y Los Sauces? ¿Será porque usted manifestó que hubo un ensañamiento contra la vicepresidenta? ¿Será porque criticó a (Claudio) Bonadio por las citaciones en un mismo día, o porque denunció aprietes de la mesa judicial macrista, algo que tiene el beneplácito de la bancada oficialista?”.

Y concluyó advirtiendo “mucha desprolijidad” en cómo se estaba dando la situación, que podía llevar a algunos a pensar que ella estuviera demorando su voto sobre CFK en función de si le daban o no el acuerdo para continuar en el cargo.

Figueroa contestó que a los jueces no les gusta que los conflictos de la política se judicialicen. “Pero cuando los tenemos en nuestras manos, asumimos nuestra responsabilidad. Lo hacemos siempre ajustados a derecho”, sostuvo. 

“Nadie puede objetar de mi persona mi imparcialidad”, aseveró, y puso como ejemplo a los imputados de crímenes de lesa humanidad, que por haber sido ella abogada de organizaciones de derechos humanos podían haberla puesto en duda. Sin embargo, aseguró que “más de un defensor oficial me dice que condenados a perpetua han dicho ‘la doctora Figueroa es justa’”.

Respecto de los dichos de Zaffaroni a favor de que los jueces no continúen en sus cargos más allá de los 75 años, señaló con ironía: “Después se consideró muy idóneo, porque estuvo después 5 años al frente de la CIDH”. Aclaró además que la ley establece que toda persona puede pedir acuerdo nuevamente al cumplir los 75, y lo que viene después es  “un proceso complicado”. Pero enfatizó que “realmente es atribución de todo el sistema institucional establecer si alguien está en condición física, intelectual, de formación, si puede o no continuar en el cargo”.

“Yo creo que estoy en condiciones, sino no lo hubiera hecho”, aseguró y, ante la pregunta de por qué creía que este mismo oficialismo le había negado a otros lo que ahora pedía para ella, respondió: “Es un tema de discrecionalidad del presidente de la Nación. Esto se lo debe contestar el presidente”. “Y la vice…”, retrucó Martínez.

Por último, ante la pregunta referida a la reactivación del Senado, Figueroa dijo: “Si es así, bienvenido. Ojalá haya sido por mí que la tercera parte de las vacantes en el Poder Judicial se cubran de una buena vez”.

Al momento de repreguntar, el riojano le consultó a Figueroa si “en esta nueva etapa va a pagar impuesto a las Ganancias” y “si ha conversado con miembros del Ejecutivo, del Legislativo, del Instituto Patria o de alguien cercano al oficialismo” sobre su postulación. 

“No cree pertinente, debido a que hay un fallo que depende de usted, que afecta o favorece a la vicepresidencia de la Nación y su familia, ¿no cree oportuno apartarse de este tema?”, insistió el senador y apuntó que su apartamiento sería “para darle una mayor credibilidad” al eventual fallo. 

De forma acotada, la camarista le respondió: “No conozco ni donde funciona el Instituto Patria, ni he tenido conversaciones con el Poder Ejecutivo de ninguna índole”. 

Finalmente, tomó la palabra el jefe del interbloque oficialista, José Mayans (FNyP-FdT), quien hizo una larga intervención en la que cuestionó la Corte Suprema y fustigó a sus pares de Juntos por el Cambio. “Usted hizo que toda esta gente venga”, lanzó, y aunque destacó la participación habitual del radical Pablo Blanco y la macrista Guadalupe Tagliaferri en las audiencias, criticó que los opositores “aparecen para hacer dar la nota. Después se van, no queda ni el loro acá”. 

El formoseño aprovechó para cuestionar que “hasta ayer uno de los heroes del sistema era (el fiscal Guillermo) Marijuan, que se dedicaba a hacer pozos”, en alusión a los allanamientos años atrás en propiedades de Lázaro Báez, pero “desde ayer, que dice que no tiene pruebas”, al pedir el sobreseimiento de CFK, “pobre Marijuan… le dan de mañana, tarde, noche; ahora es el fiscal más corrupto”. 

“La vergonzosa actuación de miembros de la Corte es lo que está poniendo en peligro la institucionalidad argentina”, consideró y, por el contrario, elogió a Figueroa: “Para nosotros es un honor tenerla a usted acá en el Congreso por lo que ha hecho en su trabajo en el Poder Judicial y la verdad que el papa (Francisco) tiene 80 años, y el presidente de los Estados Unidos (Joe Biden), que ahora se va a postular de nuevo tiene 80 años, y Fayt tenía 95 y decían ‘qué brillante Fayt’, que ya ni hablaba, se manejaba por señas”. Entonces, observó que a la jueza se la ve “plena, con ganas de seguir aportando y con una trayectoria indiscutible. Y eso la hace digna a usted”. 

“Necesitamos personas como usted en el Poder Judicial, que no se dejen presionar por el poder mediático ni por la mafia que amenaza a los jueces que no responden a sus intereses, ni por los sectores políticos que están arrodillados ante esos poderes”, completó el presidente del FdT.

Otra veintena de candidatos defendieron sus pliegos

La audiencia de este miércoles se extendió por más de seis horas y por el Salón Illia desfilaron 23 postulantes, en su mayoría candidatos a cubrir vacantes en fiscalías y juzgados de la Capital Federal, en el fuero laboral, en el civil y comercial y en lo criminal y correccional. 

Las preguntas de los senadores giraron en torno a la postura de los aspirantes sobre el pago del impuesto a las Ganancias, la capacitación en Ley Micaela y también la cuestión del traspaso de la justicia nacional a CABA. 

Sobre este último tema, Juan Manuel Domínguez, propuesto como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, advirtió que “la competencia de la justicia nacional del trabajo no solamente cumple una función de justicia ordinaria”, sino que “es aparte competente cuando está demandado el Estado Nacional, sus reparticiones autárquicas y las empresas públicas con componente nacional”. Asimismo, puede “revisar materia sindical del Ministerio de Trabajo”. 

Por eso, “más allá de la opinión que podría merecer el traspaso, al momento en que se hagan los acuerdos debería tenerse en cuenta esa situación. No podría trasladarse la totalidad de la justicia del trabajo sin rediseñar ese aspecto de la competencia”, sugirió. 

Por su parte, Pablo Glanc, propuesto como juez del Juzgado Nacional de Menores N°2 de la Capital Federal, fue consultado por la senadora Tagliaferri sobre “la necesidad de generar una ley procesal penal-juvenil” y si cree que eso “sería de utilidad para no estar dentro del modelo de tutelaje, entendiendo que muchas veces los niños y adolescentes vienen con situaciones de vulnerabilidad, que terminan lamentablemente en situaciones de delito”.

“Considero fundamental y más que necesaria la reforma del régimen penal juvenil, que data de la última dictadura. El 95% de la biblioteca dice que hay que modificarlo”, afirmó el candidato, que recomendó que el tema de la edad se podría dejar “para otro momento” y avanzar de una vez “en lo que la mayoría está de acuerdo” porque “la ley actual permite mucha discrecionalidad y eso nunca es bueno”. 

Tagliaferri también consultó por una serie de impugnaciones que recibió Hernán Diego Papa, candidato a vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.