El Poder Ejecutivo estableció mediante el DNU 288/23 destinar un porcentaje de las ganancias por las exportaciones de soja y sus derivados al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, hasta el 31 de diciembre de este año.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, determina que se destinará el 1,3% de la “alícuota del derecho de exportación de las mercaderías” que “en todos los casos contengan soja”.

En los considerandos, el Ejecutivo justificó que “los volúmenes de trigo estimados de cosecha para la campaña 2022-2023 resultan inferiores a los obtenidos durante la campaña 2021-2022, lo cual puede incidir negativamente sobre el mercado local y las cadenas de valor asociadas al producto referido”.

Además, señaló que “la administración de los derechos de exportación e importación constituye un instrumento esencial de la política económica nacional y, particularmente, contribuye a la estabilización de los precios internos”.

“El Fondo Estabilizador del Trigo Argentino ha resultado una herramienta adecuada durante el año 2022”, apuntó y argumentó que “resulta necesario dictar esta medida con urgencia a los fines de determinar los recursos con los que debe contar el referido Fondo en el año 2023, requisito sin el cual dicha herramienta no puede funcionar”.

Además, el Gobierno nacional recordó que la guerra entre Rusia y Ucrania “ha afectado en forma significativa el abastecimiento global de productos agrícolas” ya que “ambas naciones aportan a la seguridad alimentaria total mundial el 28% del comercio internacional de trigo, el 19% del de maíz y el 78% del de aceite de girasol, afectando, particularmente, a dichos mercados, impactando en esos mercados sus precios internacionales y alcanzando alzas históricas”.

“Siendo la República Argentina un relevante proveedor global de estos productos, se hace necesario alentar a los productores argentinos y las productoras argentinas para que continúen creciendo en la producción de estos cereales y esta oleaginosa que el mundo demanda”, se añadió.

El DNU se suma a una larga lista de decretos que no fueron tratados en la Bicameral de Trámite Legislativo, que no se reúne hace casi un año. La última reunión fue el 30 de junio de 2022, únicamente para la elección de autoridades, pero desde noviembre de 2021 que no se analizan decretos del Ejecutivo. En marzo de este año, ante la polémica por los DNU de canje de deuda, la oposición reclamó por su conformación sin éxito.