El interbloque de senadores nacionales del Frente de Todos rechazó este domingo el accionar de la empresa Telecom de amenazar mediante una carta documento a parte del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con actuar civil y penalmente en su contra si se aprueba una resolución que habilitaría el ingreso de un nuevo competidor al sistema del servicio de telefonía celular.

“Desde el interbloque del FdT condenamos este tipo de maniobras que apuntan a paralizar el funcionamiento del referido ente regulador y a controlar, a través de presiones y maniobras judiciales, a quienes deben tomar decisiones, que a veces desagradan a poderosos grupos empresarios”, expresó la bancada del Frente de Todos a través de un comunicado.

Allí recordaron que días atrás y antes de que se realizara la votación para resolver sobre el ingreso de nuevo operador móvil virtual al sistema de telefonía celular, la referida empresa, donde el Grupo Clarín tiene intereses económicos y clara influencia política, envió sendas cartas documento al vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, y a los representantes del Congreso Nacional en el directorio del organismo: Gonzalo Quilodrán, María Florencia Pacheco y Alejandro Gigena. “Allí se les advertía de las consecuencias que caerían sobre ellos por su participación en esta decisión. Se les aseguraba que serían perseguidos judicialmente por los presuntos daños y perjuicios que pudiera ocasionarle la medida a la compañía”, señalaron los senadores.

“Alertamos sobre este accionar prepotente que busca hacer alarde de un manejo impúdico de al menos un sector de la justicia, como quedó evidenciado con el escándalo de Lago Escondido -expresó el comunicado-. Allí, un grupo, integrado por jueces, fiscales, un funcionario porteño y ejecutivos del Grupo Clarín, participó de una excursión a la propiedad del empresario británico Joe Lewis en La Patagonia, financiada por la corporación mediática. Hecho que, al ser descubierto, tuvo como giro una serie de maniobras de encubrimiento por parte de algunos magistrados para eludir el accionar de la justicia”.

El comunicado del bloque que conduce José Mayans agregó que “con su ya habitual doble vara, este grupo empresario se opone a cualquier forma de libre competencia, que pregona defender, cuando se pone en riesgo alguna porción de sus intereses económicos o de su poder real”.

Los senadores oficialistas advirtieron que “estas prácticas vulneran la vida democrática en sociedad. ¿Qué puede esperar el ciudadano de a pie cuando ve a empresas que coaccionan de manera cuasi mafiosa a actores políticos y públicos con el fin de conseguir objetivos deseados, bajo la amenaza de perder bienes y hasta la libertad? Poco puede esperar de las instituciones, cuando esos grupos económicos mantienen relaciones casi promiscuas con sectores de la justicia, que están dispuestos a cumplir cualquier encargo que se les asigne sin respetar las normas básicas ni el debido proceso”.