Tras dos semanas sin encuentros, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), se reunió este martes para retomar y dar por finalizadas las audiencias con testigos sobre la causal de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación.

En torno a este tema se realizaron un total de seis reuniones en las que testificaron 17 testigos. De esta manera, a partir del próximo encuentro que será el jueves 16 de junio, la comisión iniciará la investigación sobre el fallo por Coparticipación.

Los testigos convocados fueron la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social; la doctora Claudia Viviana Madies; y María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN pidió reprogramación de fecha.

También se citó, por segunda vez, a María Guadalupe Burgos, quien asistió el pasado 18 de abril. Tras la declaración de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN -que se presentó luego de notificación judicial-, los diputados del oficialismo consideraron necesario volver a interrogarla. Burgos, quien no es contadora, estuvo a cargo de la firma de cheques millonarios de la obra social, y era identificada como “sobrina política” de Maqueda. Sin embargo, ella negó cualquier parentesco con el magistrado.

Durante el encuentro, a pedido de la diputada Mara Brawer se votó la solicitud de libro de actas donde el directorio remitía a la Corte las irregularidades y las dificultades para realizar la gestión para el funcionamiento de la obra social. “Hace tiempo que desde la comisión estamos buscando acceder a esa información”, planteó Gaillard.

También votaron a favor el pedido de las respuestas de la obra social sobre el caso de la jueza Martina Forns y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

Al cierre de la jornada, se calentó el ambiente en la comisión luego de que el oficialismo propusiera constituir una bicameral para profundizar la investigación sobre las irregularidades en el manejo de la obra social, algo que fue cuestionado por la oposición. Además, de forma nominal votaron a favor de formular cargos y citar al Dr Maqueda a efectuar el descargo del art 13 del reglamento de la comisión.

Dos testigos y un posible careo

Primera testigo de la jornada, Isabel López Alduncin, secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, relató que trabaja en el máximo tribunal hace 30 años y estuvo 20 en la Secretaría de Seguridad Social. Cuando fue designado presidente, Rosatti se comunicó con ella para tener dentro de su equipo a alguien que se desempeñara en seguridad social. Pero además se encarga de una parte laboral y de los amparos de salud de la obra social.

Al ser consultada sobre si Juan Carlos Maqueda estuvo a cargo del manejo de la obra social, la funcionaria respondió: “A partir de lo que se ha dicho acá, pareciera que sí”. Pero aclaró que no tuvo contacto con él, ya que se dedica específicamente “a expedientes jurisdiccionales, los que llegan con motivo de recursos extraordinarios, ya sea de afiliados o prepagas”.

López Alduncin contó “el criterio en discapacidad que aplica en los fallos Rosatti”, quien la mayoría de veces tiene disidencia respecto al voto de los otros jueces. “No tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, sino con su interpretación de la Ley de Discapacidad”, señaló y dijo que el juez “lee la ley en la clave de la real oportunidad de trato que necesita todo colectivo vulnerable”, según establece la Constitución Nacional. En ese sentido, “si la ley dice que la cobertura es total, es total”, resaltó.

Sobre los recursos recibidos, la secretaria letrada detalló que “hay muchos que son desistidos por la obra social”, la cual “está bastante mal representada, así que muchos se rechazan en Corte, porque son bastante pobres. Y hay una minoría que sí, que se hace lugar, con disidencia del doctor Rosatti”.

Luego fue consultada por el diputado Leopoldo Moreau (FdT) por varios reclamos que se hicieron ante la Corte y, puntualmente, el oficialista apuntó el caso de “una niña paciente oncológica que murió estando su expediente en la Corte. Necesitaba un medicamento, el único posible según el tratamiento, indicado por el Hospital Gutiérrez”.

“El expediente no lo vi yo, le estoy diciendo que sí (que falleció) referencialmente, yo no lo estudié”, afirmó la testigo y después el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) pidió que el expediente sea puesto a conocimiento, por lo cual se solicitó como prueba informativa.

En otro tramo de su declaración, la funcionaria judicial opinó: “La obra social un tema a estudiar, de cómo está compuesta, su origen, cuáles son sus atribuciones, cómo se fue desenvolviendo en el tiempo y por qué hay ciertas actividades reglamentarias que las realiza la Corte y no la propia obra social, pero no quiero hablar de un tema que no tengo estudiado”.

Por otra parte, reveló que hasta enero de este año mantuvo un “chat de trabajo” con Silvio Robles -mano derecha de Rosatti- y Natalia Monayer, también de la vocalía del presidente y quien ya se presentó en la comisión. “No tengo el correo de Rosatti”, expresó y resaltó que recurría a ambos cuando necesitaba “urgente ver al ministro, porque es gente que se muere la que está en los expedientes”.  “Cuando no los encontraba por teléfono, los encontraba por ahí, como un canal de comunicación para ver doctor”, agregó y ratificó que, en febrero de este año, cuando regresó tras la feria, ese chat ya no estaba activo.

Al exponer este martes ante la Comisión de Juicio Político, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, contó que lleva más de 30 años en la Justicia. Y que está en la Corte desde el año 2010, siempre en el área del doctor Maqueda.

El eje del debate durante la intervención de esta segunda testigo se planteó en torno al correo electrónico enviado por Maqueda a sus colegas, el 30 de agosto de 2021, al dejar de actuar en la supervisión de la obra social. Villarruel dijo saber de ese mail, porque lo había recibido.

Al preguntarle Rodolfo Tailhade en qué momento había empezado a analizar expedientes de la superintendencia, la doctora Villarruel dijo que fue justo al ascender a secretaria letrada cuando comenzó a ver lo relacionado con la superintendencia de la obra social. “A todos los expedientes les doy el mismo trato: los estudio, los veo, y le comento al doctor Maqueda en qué consiste el caso y cuáles son las alternativas, y el doctor me dice cuál es su opinión, o qué hacer”.

Negó haber tenido diálogo habitual con el exdirector de la obra social Aldo Tonón, a quien dijo haber visto “poquísimas veces”. ¿En qué oportunidades? “En el cuarto piso, en un pasillo cercano a mi despacho”, dijo la abogada al referirse a los casos excepcionales en que podía haberlo visto.

Más adelante le preguntaron puntualmente sobre los mails de la jueza federal Martina Forns dirigidos al doctor Maqueda. Recordemos que se trata de la jueza federal de San Martín que ya declaró como testigo/damnificada de la obra social, por cuando durante la pandemia falleció su esposo afectado por Covid, y ante la comisión contó no haber tenido la atención pertinente de parte de la OSPJN. Villarruel respondió que recordaba el caso por haberlo escuchado en testimonios anteriores. Y al preguntársele si había interactuado con ella, la secretaria letrada de Maqueda contó que en la Corte Suprema también había trabajado su madre. “Ella me refirió que conocía a mi mamá, me habló con gran cariño de esa” y en ese contexto le habló del caso de su esposo. Le contó que necesitaba terapia intensiva, que había llegado al Sanatorio Güemes y que estaba preocupada porque el mismo no tenía convenio con la Obra Socia, y quería que le informaran si iban a cubrir o no esa internación.

“Ante esa situación tan angustiante, quizá podía aliviar un poco su preocupación sobre el tema económico, que era muy válido”, comentó Villarruel, que recordó haberle pedido los datos de su esposo y tras ello consultó con la obra social a ver si habían recibido ese número de reintegro. Desde la OSPJN le informaron que no lo encontraban, lo cual no le pareció ilógico, por cuanto “en ese momento todo el sistema estaba desbordado. No era ilógico que se les hubiera traspapelado. Me indicaron cuáles eran las direcciones de correo a las que debía enviar el pedido y le informé a la doctora Forns, y yo también reenvié ese mail a las direcciones que me indicaron”, dijo, precisando que su única intención no era que le otorgaran una atención especial, sino que pudieran atender esa situación.

A continuación, el diputado Leopoldo Moreau le preguntó sobre las consultas formales o informales que le llegaban a ella para atender situaciones planteadas en la obra social, a lo que Villarruel aclaró que “las personas que llegaron a mí por alguna gestión de la obra social puedo contarlas con los dedos de una mano, incluyendo a la doctora Forns. Han sido escasísimos los casos, y siempre mi intervención ha estado limitada a ver si la Obra Social les había dado el curso debido”.

Moreau insistió en que le llamaba la atención que fueran “escasos los casos” que le llegaban a ella, cosa que a su juicio se daba de bruces con un párrafo de la renuncia de Maqueda a la supervisión de la OSPJN, en donde el cortesano resaltaba y agradecía la atención que el personal de su vocalía le había dedicado a atender situaciones de la obra social.

“No me considero alcanzada por ese párrafo porque no era mi tarea. Fueros escasísimos los casos en los que intervine”, remarcó la abogada.

“Si no se considera alcanzada por esta confesión de Maqueda, ¿le consta que el resto del personal de la vocalía llevaba adelante esta tarea, o ignoraba eso?”, insistió el diputado kirchnerista, a lo que Villarruel respondió que sabía que alguna vez habían ido afiliados a transmitir alguna inquietud a la privada del ministro. “Claramente no es todo el personal de la vocalía”, destacó ella.

Más adelante leyeron los mails enviados por la jueza Martina Forns al doctor Tonón, tras lo cual el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si tenían las respuestas de la Obra Social. Carolina Gaillard dijo primero que no tenían las respuestas y debían requerirlos, pero en ese momento le informaron que “nunca fueron contestados. Sí se sabía, dijo, que la obra social terminó haciéndose cargo de la prestación, pues así lo había contado la propia jueza, y ella misma había dicho que no le habían contestado. Lo cual mereció un reproche de López porque se hiciera cargo de que supuestamente no había respuestas, en función de los dichos de la jueza, por lo que reclamó que se le pidiera a la Corte enviar una aclaración sobre el tema.

Finalmente terminaron votando a favor de ese pedido y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

“Usted dijo que con los dedos de una mano contaría las veces que tuvo que atender este tipo de consultas o planteos de la obra social. ¿Cuáles son esos casos, se acuerda?”, preguntó Tailhade, a lo que Villarruel insistió en que habían sido personas que la habían consultado en función de su labor en el Poder Judicial, no porque estuviera específicamente en ese lugar de la Corte. Y en respuesta al diputado aclaró que, dado que se trataba de cuestiones de salud, no le parecía lógico brindar nombres. “Solo puedo decirle que mi participación fue igual de pequeña que con la doctora Forns”, concluyó.

Tras insistir una y otra vez con la lectura de la renuncia de Maqueda a su responsabilidad de supervisar la obra social, específicamente a ese párrafo de agradecimiento a su personal, Leopoldo Moreau dio por concluido que la “lectura integral” de esa nota “confirma que el doctor Maqueda agradece a todos el respaldo a su gestión… Estamos demostrando que tenía la exclusiva responsabilidad por la supervisión de la Corte”.

Concluido el testimonio de María Villarruel, concluyeron que no era necesario un careo con Isabel López Alduncin, quien la había antecedido. “Hay algunas contradicciones, pero no al extremo de promover un careo –admitió Moreau-. En todo caso, después que repasemos las versiones taquigráficas veremos si eso se hace necesario”.

La palabra de una exdirectora de la OSPJN

A continuación, fue el turno de la doctora y ex directora de la OSPJN Claudia Viviana Madies también de la vocalía de Maqueda quien recordó que fue designada en la Obra Social por los integrantes de la Corte en su conjunto por “una resolución” e ingresó el 7 de abril de 2008 de manera formal y el cese en 2009 en agosto.

Además, detalló que es abogada especializada en el sistema de salud y cuenta con dos maestrías en Salud y Seguridad Social y en Bioética en Derecho. También fue jurista. “Por mi experiencia en el área de salud conocí a los miembros de la Corte, en especial a Lorenzetti y a Maqueda. A Lorenzetti lo conocí porque compartí la judicialización de la salud antes de que fuera juez de la Corte”, reveló la testigo.

“Hubo una situación irregular en la obra social con las prestaciones odontológicas en su momento y me convocaron”, informó y sumó que se entrevistó con Maqueda y Lorenzetti. “Se prefirió en ese momento que el Directorio Colegiado hubiera un integrante contador, otro abogado y otro médico que era Aldo Tonón”.

Así, la diputada Mara Brawer (FdT) le consultó si durante su función el juez Maqueda actuaba como a cargo de la obra social, ante lo que Madies afirmó: “En el mismo estatuto de la obra social hay la función de fiscalización de la obra social que recae en toda la Corte”, y agregó que han mantenido reuniones con Maqueda, con Lorenzetti, con diferentes miembros por distintos temas.

“Yo no interactuaba mucho con la Corte, sino con el equipo del directorio. Fueron pocas las veces que interactúe con la Corte. Podían pedirnos reuniones extraordinarias. Fue poco el tiempo que estuve, fue un año y tres meses y en ese periodo que fue fundacional, porque era la primera vez que intervenía un directorio colegiado, nuestra relación con la Corte era más acotada y nos preocupábamos más por llegar a un grupo de trabajo ejecutivo que implementara todos los objetivos que nos habíamos planteado en el estatuto”, explayó.

Madies informó que el trabajo consistía en dotar a la obra social de herramientas “más modernas” de las que tenía hasta ese momento que “habían generado la necesidad de la reforma del estatuto”. Además, sostuvo que como integrante del directorio “tenía menos tareas y responsabilidades asignadas” respecto del presidente o del vicepresidente.

“El trabajo consistía, en todo momento, de modernizar las instancias prestacionales que tenía la obra social, las de comunicación, las de afiliación, las de transparencia, publicidad de lo que tenía que hacer la obra social. Era un trabajo intenso”, reveló la exdirectora y añadió que hacían actas mensuales de la actividad y “ahí quedaban documentadas todas nuestras deliberaciones que eran desde comprar los insumos más básicos, recabar las necesidades, mejorar las prestaciones, dar atención a los reclamos presentados por los afiliados. “Era muy intenso el trabajo siendo que era un equipo en formación”, ratificó.

Sobre las actas, dijo no saber dónde quedaron, pero aseguró que eran en papel y se firmaban ológrafas. Madies, aseguró que en una primera etapa se “sintieron los avances más rápidos y productivos”. En una segunda etapa, sostuvo que “resultaba difícil avanzar porque teníamos un presidente de directorio que abría poco el juego, no nos dejaba hacer las actas. Teníamos problemas, el vice y yo como directora, de llevar medidas de gestión que fue motivo por el cual renuncie”, afirmó.

“¿El doctor Tonón impedía los avances que ustedes pedían?”, preguntó Brawer, a lo que Madies aclaró: “Más que impedía, creo que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, con un cuerpo colegiado porque teníamos una responsabilidad y él tenía una inquietud más personal de llevar adelante las gestiones y eso no nos permitía avanzar en el trabajo”.

En ese sentido, ejemplificó: “Tonón si tenía que hacer alguna contratación no nos daba mucho detalle, no nos aportaba la información. Era muy personalista y nosotros necesitábamos conocer esas gestiones por la responsabilidad que teníamos. No podríamos incidir en eso si él tenía un mandato como presidente que estaba por encima de nuestras atribuciones”, y apuntó: “No era posible dialogar mucho con él”.

Al votar la solicitud de las actas a pedido de Brawer, la testigo aclaró que en las mismas “documentábamos nuestro trabajo. Había momentos donde documentamos esta imposibilidad de llegar a acuerdos. Es sobre la gestión. También documentamos avances y logros”.

“La interacción con los miembros de la Corte era variada. Si había reuniones que mantenía Tonón como presidente del directorio que, muchas veces, no nos reportaba con quién se había reunido ni los resultados de la misma. Ahí teníamos la dificultad de interlocución”, aportó.

Respecto del trato de Tonón con los miembros, Madies relató que “era difícil abordar ese trabajo colegiado, pero tampoco puedo decir que era algo personal porque pasaba con otros miembros. Era una necesidad de gestionar con más independencia por parte de Tonón”. También revelo que elevaban informes mensuales, pero Tonón “hacía resúmenes y no los compartía con nosotros”.

Por otro lado, Brawer preguntó por las votaciones de los estados contables. Al respecto, la testigo precisó que la obra social “debía informes contables de periodos previos que nosotros, como miembros del directorio, impulsábamos que se realizaran porque estaban pendientes y no permitían hacer el informe del ejercicio que tenía, por eso era un tema que más insistíamos. Al momento que me fui, no logramos que esos informes contables estuviesen cerrados”.

Asimismo, sostuvo que “no” intervenía nadie de la Corte porque “era un problema interno del directorio”. También, afirmó que tenían atribuciones para las licitaciones y compras de insumos. “Siempre procuramos que mejorara el sistema sobre los legajos de los trabajadores, la transparencia de los pagos, considerando que la estructura de la obra social con el nuevo estatuto había aprobado un procedimiento distinto”, planteó.

Al ser consultada por las vacantes, aseguró que “había funciones que no estaban cubiertas. Impulsábamos la búsqueda de personas que pudieran cubrir esas vacantes de temas muy puntuales. Las funciones en general había informes de personas de rango inferior, del equipo médico, y donde no estaba la posibilidad de tener un informe de un técnico especializado estaba Tonón, él cubría esas funciones”.

Por otro lado, explicó que para los reclamos se abrió un buzón en la página web para recibir los reclamos de los afiliados y tratar de dar respuestas. “En estas gestiones si teníamos alguna dificultad, Tonón se encargaba de transmitir eso. Buscábamos apoyo de la Corte para solucionar problemas en el interior”, y aclaró que “Tonón refería que ‘había dio a la Corte’, no nos contaba mucho con quién hablaba. Esa era una dificultad. No nos rendía cuenta”.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le pidió si podía profundizar sobre las dificultades en las prestaciones de servicios de odontología, pero Madies aclaró que “cuando ingresé ya había tomado estado público. Había problemas con los implantes. Tuvimos el recaudo de tener una auditoría de odontología. Se tomaron muchas medidas por parte de la Corte para encausar el tema y uno fue dictar el estatuto y nombrar el directorio tripartito”.

“Decidí renunciar porque no logré hacer los avances que me propuse en el área”, contó. La diputada oficialista Paola Vessvessian le consultó si contaban con manuales de procedimiento de compras, pero la testigo aseguró que “no” y que “era algo que estaba pedido para que se haga”.

“Había una necesidad por parte del presidente de gestionar sin los codirectores”, disparó Madies ante la pregunta del oficialista Juan Manuel Pedrini y agregó: “Me planteé estar en un organismo colegiado donde asumía una responsabilidad y donde no tenía la oportunidad de incidir en el cambio, por lo tanto, di un paso al costado porque me aprecia contraproducente forzar una situación distinta siendo que mi rol era directora simple y había un presidente que se había definido quién tenía que liderar”. La relación era tirante porque costaba establecer estrategias que no eran las que proponía él y era difícil gestionar”.

Otros testimonios

Otro de los testimonios que se escuchó fue el del doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, que empezó a trabajar en el 2009 y, actualmente, es prosecretario administrativo desde el 2015. Fasciollo aseguró que tomó conocimiento del mail de Maqueda a través de los medios, pero “nunca” le llegó.

En tanto, explicó que la obra social es una dependencia del Poder Judicial y que forma parte del mismo y se cita a los fines de aclarar cuál es la normativa que rige en las licitaciones que “es a partir de una resolución de la Corte”.

“La obra social cuenta con una asesoría jurídica que no es un órgano de control, no es auditor del directorio. Llega un expediente solicitando un dictamen jurídico para evaluar una contratación o licitación. En el dictamen tengo que especificar quién está facultado para el llamado, el expediente no volvía. La asesoría aconseja, pero no controlamos al directorio”, aclaró ante las preguntas de Blanca Osuna (FdT).

A su vez, aclaró que no intervenía en los expedientes licitatorio sobre compra de medicamento porque los dictámenes en la asesoría llevaban su firma. “El expediente licitatorio se inicia en el área de compras y es girado a distintas áreas, una es la asesoría y se responde de manera formal. Había cuestiones de compras que no eran girados a la asesoría, no requerían la intervención nuestra. Pero licitaciones o contrataciones sí”, explicó.

“Hubo un incremento de afiliados y eso, eventualmente, hace que se generen aumentos de litigios sumado al avance de los medicamentos, la medicina fue avanzando y desde lo normativo no se fue acompañando desde la cobertura”, opinó el funcionario.

El contador público Iván Nicolás Ritvo reveló que las contrataciones son por períodos de estados contables, son de “3 a 4 meses es el plazo que se da para la realización de la tarea”. “Me contrató el directorio conformado por el doctor Tonón”, afirmó.

“Nunca mi trabajó fue analizar la gestión del ente ni cómo estaba dividida. mi función era juntar la información y llevarla a un ámbito profesional que es evaluación y exposición para confeccionar los estados contables”, explicó el contador y sumó: “Encontré un sistema contable que no era lo más amigable y no contenía toda la información que podía llegar a contener”,

Al respecto, remarcó que confeccionaba los estados contables en función de la información que le brindaban. “Sabia que el estado tenía falencias y fue por ese motivo que se trabajó con una base de datos cerrada para que no tenga manipulación y siempre trabajé de forma independiente”, precisó.

“No encontré el sistema acorde a la envergadura de la obra social y eso llevó a que la recopilación de datos sea un poco más lenta, que haya que revisar más papeles para conformar la información”, agregó y denunció que el sistema tenía vulnerabilidades que “podía sufrir modificaciones en cualquier momento y pedí trabajar con un sistema de base de datos cerrada”.

A su turno, la funcionaria de la obra social María Guadalupe Burgos aclaró que la función de “tesorería es de registrar y controlar los ingresos y egresos. No se toma decisión alguna, no es una oficina autónoma”.

“Todos los ingresos vienen ya con una orden previa. Lo mismo pasa con los egresos. Todo pasa por otros sectores como el de facturación, jurídica, contaduría donde se controla. Tesorería ejecuta la orden previa”, reveló.

La palabra de una damnificada

También testificó la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social quien precisó que es afiliada hace 38 años y que “en un principio cuando estaba el doctor Carranza Casares como director era muy personalizado todo, parecía una obra social de excelencia y hacía que muchas personas se quedaran trabajando en el Poder Judicial, era una de las razones”.

“He tenido una experiencia complicada en 2019”, contó y relató: “En febrero tuve un accidente que me provocó una fractura de clavícula en el hombro derecho, me internaron de urgencia y los médicos establecieron en el Sanatorio San Lucas en San Isidro que tenían que intervenirme y requerían una prótesis”.

Y continuó que “empezaron a demorarse, no me intervenían, los días empezaron a pasar. Hice una queja a la Clínica pensando que era un problema de ellos y ahí me dijeron que la obra social no otorga la prótesis y que había complicaciones. Tenía que ir hasta la obra social para el reclamo, pero no estaba en condición de hacerlo y empezaron los chats. Muchos jueces y juezas empezaron a presionar para que me den la prótesis”.

“Me operaron de urgencia con la prótesis que se consiguió, no con la que pedían los médicos. A raíz de esas demoras tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria según los informes de la clínica”, relató.

La testigo, recordó que durante el tiempo que estuvo internada que fueron cuatro meses “no tenía forma de que la obra social se hiciera cargo de los temas. Entonces una de las juezas que fue Martina Forns se vino hasta el sanatorio y empezó a ocuparse de los papeles porque al llamar por teléfono me decían que yo tenía que ir personalmente”, y sumó que “la internación domiciliaria también me costó conseguirla”.

“La obra social no tomba el tema y era muy difícil el tema de las licencias, de los reemplazos”, denunció y aclaró: “En la clínica me decían que no tenían forma que la obra social les respondieran. Incluso había dudas sobre mi afiliación. Era una situación de incertidumbre”.

Viano Carlomagno manifestó que nunca tuvo relación con autoridades ni de la obra social ni de la Corte Suprema, siempre dialogó con personal y precisó que las denuncias o reclamos se hacían personalmente, “no había un sistema de mail”.

“Con la internación domiciliaria me tuve que costear todo yo sola. El resto si lo pagaron todo respecto de la clínica, la prótesis, la internación”, denunció.