Por Magdalena Tiesso. La legisladora del FdT remarcó la urgencia de contar con un organismo que diseñe, implemente y audite las políticas públicas destinadas a la tercera edad, para “promover y proteger” sus derechos.
Hace poco la Legislatura Porteña aprobó una reforma del “Régimen Legal de Instituciones Geriátricas” con la intención de adecuar y mejorar la realidad de las instituciones en que se aloja gran cantidad de las personas mayores de nuestra ciudad. Pero si bien la iniciativa representa un módico avance respecto de las condiciones de vida de las personas mayores, la cuestión específica es de una envergadura mucho mayor y presenta desafíos que la Ciudad, lamentablemente, hoy no está en condiciones de afrontar.
Ni la Argentina ni la Ciudad de Buenos Aires son ajenas al fenómeno mundial de aumento en la expectativa de vida de la población. El crecimiento en la cantidad de personas mayores de 60 años es un feliz hecho que trae consigo nuevos desafíos. La de la Ciudad de Buenos Aires en particular es la tasa de envejecimiento más alta del país. Quienes tienen 60 años o más alcanzarían, según las proyecciones para este año, a unas 667.210 personas. Es decir que aproximadamente uno de cada cuatro porteños forma parte del universo de las personas mayores. A su vez, los mayores a 65 años representan 16,4% del total de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Estas cifras nos hablan de la magnitud del fenómeno y deben motivar el establecimiento de una agenda activa por parte del Estado para desarrollar políticas públicas que den respuesta a las problemáticas y demandas de este sector.
Esta nueva realidad nos exige avanzar en una Ciudad más inclusiva, integradora y justa, reflexionando sobre la importancia de desarrollar políticas orientadas a mejorar la calidad y la dignidad de vida de la población de personas mayores, con el objetivo de ir hacia un “envejecimiento activo” y una vejez digna. Hoy necesitamos adoptar una perspectiva más amplia para la reflexión y el estudio del diverso espectro de las vejeces. La gerontóloga Mónica Navarro menciona al “edadismo” como “un prejuicio que está basado en que las personas mayores son menos valiosas, pueden aportar menos o no tienen la capacidad de integrarse socialmente y de contribuir”.
Para potenciar nuevos enfoques que promuevan y faciliten una concepción de la vejez como una etapa activa y productiva de la vida necesitamos neutralizar esa clase de prejuicios, cambiar de enfoque y darle un marco institucional acorde a los nuevos tiempos. Es fundamental un Estado que piense, articule y ejecute las políticas adecuadas, pero también es necesario contar con una entidad que centralice el diseño, monitoreo, implementación y auditoría de políticas destinadas a promover y proteger los derechos de las personas mayores.
La creación de un “Observatorio de personas mayores” en el ámbito de la Ciudad es una propuesta que pretende avanzar en ese sentido. Su propósito sería el de estudiar y efectuar el seguimiento de las políticas que afecten a las personas mayores, pero también, llegado el caso, darle voz a ese sector de la población para elevar reclamos y demandas genuinas que el Estado no esté atendiendo. A su vez, un organismo como el propuesto tendría la obligación de reflexionar cualitativa y cuantitativamente con la ayuda de profesionales acerca del estado de la cuestión para teorizar, actualizar y desarrollar propuestas tendientes a mejorar cada vez más la calidad de vida de las personas mayores.
Un ya lejano 28 de agosto de 1948, María Eva Duarte de Perón, la abanderada de los humildes, proclamó los “Derechos de la Ancianidad”, que incluían cuestiones materiales como el derecho a la asistencia, a la vivienda y a la alimentación, pero también otras de orden ético como el derecho a la tranquilidad, al esparcimiento y a la salud espiritual. Estos ítems fueron incorporados luego a la Constitución Nacional en la reforma del año 1949. Esa Argentina que contemplaba de modo integral al ser humano y hacía realidad efectiva sus anhelos y necesidades fue precursora en la incorporación en su legislación de los derechos de las personas mayores.
Actualmente la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece, en su artículo 41°, que “la Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y experiencias. Para ello, desarrolla políticas sociales que atienden sus necesidades específicas y elevan su calidad de vida; las ampara frente a situaciones de desprotección y brinda adecuado apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia; promueve alternativas a la institucionalización”.
Para que todo ello se cumpla, la creación de un “Observatorio de personas mayores” sería un enorme paso legal e institucional, que pondría a nuestra Ciudad en la vanguardia mundial del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores.
