El primer testigo de este jueves fue Horacio Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación, quien fundamentó la postura oficial sumamente crítica respecto de la decisión de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.

Al ser interrogado por Leopoldo Moreau sobre los tres decretos de la gestión Cambiemos que beneficiaron a la Ciudad, el funcionario sostuvo que la postura del Gobierno nacional respecto de los mismos queda condensada en los considerandos del decreto del año 2020 que los dejó sin efecto, en función de “la ilegitimidad que para el Poder Ejecutivo Nacional tienen aquellas medidas”.

Respecto de los “vicios” de esos decretos, Diez sostuvo que la Ciudad tenía históricamente desde 2003 una coparticipación del 1,4% de la masa de recursos que se distribuyen. “A principios de 2016, fue suscripto entre el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo de la Ciudad el convenio de traspaso de funciones de seguridad en materia no federales. En el convenio de traspaso de la policía no fue estimado el costo que podía representar la ejecución o cumplimiento de esos servicios no federales, y tampoco se estableció allí ningún mecanismo o procedimiento destinado a establecerlo”, dijo el funcionario.

El subprocurador del Tesoro de la Nación sostuvo que “suscripto el convenio de transferencia de competencias que nada decía al respecto, un par de semanas más tarde fue dictado el decreto 194, que contempla el incremento de la coparticipación para la Ciudad”. Allí, agregó, “no van a encontrar ninguna referencia específica a que ese incremento del 1,4% al 3,75% tuviera una correspondencia con el costo de los servicios transferidos a la Ciudad. Incluso hay un lenguaje bastante amplio que va más allá de la cuestión de seguridad”, abundó, señalando que por ejemplo se usaban frases que referían la intención de “consolidar la autonomía de la Ciudad”. Pero aclaró que “no van a encontrar allí referencia específica al costo de los servicios de seguridad transferidos”.

Diez contó que había examinado los expedientes administrativos en los que fueron dictados esos decretos y no encontró ningún análisis que permitiera determinar que ese mayor costo de la Ciudad fuera representativo del diferencial. “En esos expedientes no van a encontrar ningún análisis específico que refiera el porqué de ese incremento -continuó-. Evidentemente alguien advirtió eso y propuso el decreto posterior, para vincular ese porcentaje con la transferencia de la seguridad, pero tampoco van a encontrar ningún análisis técnico económico-financiero que permita encontrar una correspondencia entre el costo de los servicios transferidos y ese diferencial de coparticipación”.

“Me suena bastante extraño que fuera un número redondo, que el 3,75 fuera a representar el porcentaje justo. Curiosamente dio eso”, deslizó, apuntando que el incremento de la coparticipación había sido el 1 de enero y recién en febrero se le trató de dar explicación vinculándolo con las cuestiones de seguridad.

Agregó que un par de años más tarde el porcentaje fue disminuido a 3,50, y esa baja de 0,25% estuvo vinculada a su juicio con una modificación que tuvo que ver con la coparticipación de ganancias. “Y ahí debe haber existido un reclamo de las provincias, al advertir que quedaba sobreasignada la Ciudad, y en el Pacto Fiscal 2017 se dijo que iban a rebajarlo, pero no se dijo a cuánto. Le sigue a ese Consenso Fiscal el decreto 257, que reduce el 0,25%, supuestamente al mayor costo que tuvo que asumir la ciudad con motivo de la transferencia de la seguridad en cuestiones no federales”.

El funcionario sostuvo luego que “nuestra postura en representación del Estado nacional es que los decretos 194, 392 y 257 carecen de fundación económico y financiera, y el cuestionamiento que desde la representación del Estado nacional hemos formulado estriba en que la forma de compensar el mayor costo fruto de la transferencia de servicios a una administración local no debe ser la fijación de un porcentaje determinado dentro de la coparticipación, sino la medición del costo, fijando luego una cláusula de ajuste. Pero no necesariamente atado a un porcentaje de la coparticipación”.

El otro planteamiento para fundamentar la “ilegitimidad” de los decretos, continuó, “es que hasta que se sancionó la ley que aprobó el convenio de transferencia, el Congreso no había sido expresamente oído en este punto, y nuestra postura es que si existe una transferencia de servicios, podemos analizar un escenario en el que en el marco de la Ley Cafiero pudieran celebrarse convenios de transferencia; pero estando expresamente involucrados recursos de la Nación, debía ser tratada la cuestión en el ámbito del Congreso”.

Al ser consultado sobre si el fallo de la cautelar de la Corte cuestionado había intervenido la Unidad de Análisis Económico de la Corte, para elaborar un informe técnico, Diez admitió que lo desconocía. “Sí puedo decirle que no hemos podido advertir en el expediente tal intervención. No se nos dio traslado a las partes del  informe pericial, y en el fallo del 21 de diciembre del año anterior, donde se fija el 2,95% mientras dure el juicio, no advierto ninguna fundamentación del porcentaje”.

“Por eso planteamos que esa decisión estaba encuadrada como una sentencia arbitraria, porque no da fundamentación el por qué”, agregó.

Más tarde, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que la Corte sí había fundamentado dicho porcentaje. "Me parece que su testimonio ha sido interesado y por lo tanto carece de objetividad", concluiría más tarde Tonelli.

La recusación

Para el funcionario, la Corte con su fallo “adelantó lo que será su sentencia futura”.

Al referirse a los chats y la participación de Silvio Robles en una fiesta con el exministro Marcelo D’Alessandro, Diez señaló que “de ser ciertos esos intercambios, muestran una relación promiscua impropia entre un funcionario del Poder Judicial y el ministro de Seguridad de la Ciudad”. Agregó que “la sola existencia de estas noticias periodísticas generaba un factor más que nos llevaba a sostener una recusación por estar en crisis la confianza sobre la equidistancia e imparcialidad de quien debía decidir sobre este proceso”.

“Luego de la aparición de estos chats, el Poder Ejecutivo Nacional decidió, acompañado por los gobernadores de las provincias, pedir la apertura del juicio político”, puntualizó.