El proyecto de reparación histórica es impulsado por el diputado Aldo Leiva para aquellos que participaron en el conflicto del Atlántico Sur, y la Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró su impacto fiscal.
En la primera sesión de este período ordinario en la Cámara baja, el diputado nacional oficialista Aldo Leiva rindió un homenaje por el 2 de abril. Y en ese marco, el histriónico legislador, que es además veterano de guerra, habló de la necesidad de cumplir con una “reparación histórica” de aquellos exsoldados que la reclaman y que llevaban por entonces “104 meses de Estado ausente”.
A continuación, lanzó su crítica: “La pucha, qué fácil que es a veces hacer los homenajes al 2 de abril, al 10 de junio, pero qué difícil se hace a veces tomar decisiones para ayudar a reparar heridas de esta guerra”.
En ese sentido diferenció cuando “esta Cámara en verdad de manera mayoritariamente contundente, cuando se trata de cuestiones de los poderosos, no duda en tratar temas y levantar las manos a favor”, y puso como ejemplo la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Pero en cambio sostuvo que “cuando se trata de cuestiones como esta, reivindicaciones a toda una generación, nos cuesta reunir por ejemplo a la Comisión de Previsión para tratar el proyecto que venimos tratando hace bastante tiempo. Todos los años nuestros camaradas recorren los despachos, se llevan palabras de comprensión, pero a la hora de los bifes… si te he visto no me acuerdo”.
En ese marco, Leiva pidió al cuerpo “que podamos tratar próximamente estos proyectos de leyes que en verdad van a significar sanar esa herida profunda de hace más de 40 años”.
El proyecto de ley en cuestión propone otorgar un beneficio de “Reparación Histórica Malvinas” para las personas que en cumplimiento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, fueron incorporadas como soldados al servicio de conscripción y participaron en el conflicto del Atlántico Sur en el período comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, en efectivas acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sándwich del Sur, o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), y a los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes mencionados, y en caso de fallecimiento del causante, para sus derechohabientes.
El beneficio consiste en un monto equivalente a 104 jubilaciones mínimas del SIPA y se abonará en 24 cuotas consecutivas y actualizadas por el índice de movilidad jubilatoria.
Bajo el supuesto de que 11.824 beneficiarios recibirán la reparación histórica en forma escalonada a partir del mes de septiembre del ejercicio vigente, el impacto fiscal para la Administración Nacional se estimó en un gasto aproximado de $9.448 millones en 2023 (0,006% del PIB), $88.217 millones en 2024 (0,026% del PIB), y $128.381 millones en 2025 (0,025% del PIB).
Los artículos 1° y 4º de la iniciativa parlamentaria establecen los posibles beneficiarios de la reparación histórica Malvinas: los soldados al servicio de conscripción en efectivas acciones de combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), en las Islas Georgias y Sandwich del Sur, o entrado efectivamente en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), los civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares mencionados, y los derechohabientes de los anteriores en caso de haber fallecido el causante.
En el artículo 2° se indica que el monto del beneficio sería de 104 jubilaciones mínimas del SIPA y que se abonaría en 24 cuotas consecutivas y actualizadas por el índice de movilidad jubilatoria.
Con el fin de estimar el impacto fiscal del proyecto de ley, la OPC asume que éste será tratado, aprobado y reglamentado en el presente ejercicio permitiendo que la primera cuota del beneficio sea percibida en septiembre de este año.
En este sentido, se ha supuesto que las personas que se encuentran en condiciones de percibir el beneficio lo solicitarán de manera gradual (20% en cada mes) entre los meses de agosto y diciembre de este año, de modo de concluir el pago de la reparación a todos los beneficiarios en diciembre de 2025.
En el anexo metodológico se explicitan las estimaciones realizadas para el cálculo de la actualización trimestral del beneficio en base al índice de movilidad jubilatoria proyectado.
El proyecto establece que cada beneficiario recibirá la misma cuantía de beneficio (equivalente a 104 jubilaciones mínimas actualizadas por el índice de movilidad en un plazo de 24 meses).
Esta característica permite estimar el costo unitario de la iniciativa, es decir, el valor que se destinará a cada beneficiario individualmente. Dicho costo estará incidido por la evolución de las variables macroeconómicas intervinientes en el cálculo de la actualización, cuya proyección se detalla en el anexo. Una vez determinado este costo unitario, se puede calcular el impacto fiscal del proyecto considerando el universo de beneficiarios que se espera lo soliciten.
Aquel veterano que reciba la primera cuota del beneficio en septiembre de 2023 y la última en agosto de 2025, durante 2023 percibiría 4 cuotas por un total de $1.555.852. Luego durante 2024, las 12 cuotas del beneficio sumarían $7.460.856, y las restantes 8 cuotas se devengarían desde enero a agosto de 2025, alcanzando $8.292.800. En suma, este beneficiario recibirá con el correr de los meses una reparación económica de $17.309.508.
Para el caso de aquel veterano que reciba la primera cuota en octubre de 2023 y la última en septiembre de 2025, el monto total ascendería a $18.209.032. El que empiece a percibirlo en noviembre de 2023 y finalice en octubre de 2025, recibirá $19.108.555. En tanto, para el/la que lo cobra desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025, el valor de la reparación será de $20.008.079. Finalmente, para el caso que comience en enero de 2024, terminaría en diciembre de 2025 percibiendo por todo el período $20.952.822.
Cabe señalar que estas diferencias en los costos individuales responden sólo a cambios en nominalidad de las variables, puesto que como se sostuvo anteriormente, cada veterano recibirá el mismo beneficio equivalente a 104 jubilaciones mínimas.
A partir de la cantidad de beneficiarios informada por el Ministerio de Defensa (11.824), se estimó un gasto aproximado de $226.046 millones correspondiente al pago de las 24 cuotas que conforman la reparación histórica.
Bajo el supuesto realizado sobre la presentación gradual de solicitudes, el gasto asociado a la medida implicaría 0,006% del PIB por los 4 meses de 2023, 0,026% del PIB por el ejercicio 2024 y 0,025% del PIB en 2025.