Al frustrarse la última sesión especial convocada en el Senado para analizar cinco proyectos de ley y 75 pliegos judiciales, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti formuló fuertes cuestionamientos a la oposición por no haber dado quórum y pidió perdón “a la sociedad argentina en su conjunto y a todas las organizaciones” presentes en los palcos a la espera de que se trataran las iniciativas para las que habían sido convocados.

Y particularmente hizo hincapié en la presencia de Johanna Piferrer, “quien padeció la muerte de su bebé, Ciro, a un mes y medio del parto”. Y mientras las cámaras captaban la imagen de Johanna y otras madres que habían concurrido expectantes para ver si se convertía en ley el proyecto sobre muerte perinatal, la senadora mendocina prometió que “vamos a seguir intentando desde este bloque incansablemente transformar este proyecto en ley”.

La realidad es que ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados hace casi ocho meses: la que se conoce como “Ley Johanna” recibió media sanción por 216 votos afirmativos y solo uno en contra en la sesión del 24 de noviembre del año pasado y prevé una serie de procedimientos médico asistenciales que deberán aplicarse en los casos de la pérdida de un bebé entre la semana 22 del embarazo y 7 días después del nacimiento. Desde esa aprobación tan abrumadora, el proyecto durmió el sueño de los justos en el Senado, donde ante semejante consenso demostrado entre oficialismo y oposición en la materia, los interesados en su aprobación imaginaron un rápido tratamiento en el Senado y su aprobación antes de fin de año.

No fue así, pues esa cámara ya había sesionado el 16 de noviembre y no volvió a reunirse en el resto del año. Hay que reconocer que ya tenían problemas de quórum, por ejemplo les faltaba nada menos que el presidente del interbloque, José Mayans, que estuvo ausente en la última parte de 2022, aunque ya está felizmente recuperado y activo.

El proyecto de ley de muerte perinatal recién tuvo tratamiento en comisión el 30 de mayo pasado, cuando se le dio dictamen y quedó ahí sí listo para llegar al recinto. En esa misma reunión, compartida con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se dio dictamen a otro de los proyectos de ley incluidos en el temario de la última sesión del Senado, que no tuvo quórum: pubertad precoz.

Se trata de un proyecto que tuvo media sanción el 19 de abril de este año en Diputados, luego de haber sido trabajado durante largo tiempo. Entre otras cosas, el proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico. Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

Tratamiento a cuentagotas

Esos proyectos que merecen tanta atención desde la sociedad civil terminan teniendo un tratamiento especial que en ocasiones les juega en contra. Porque la verdad es que a partir del amplio apoyo que tienen de todos los sectores podrían llegar a ser tratados con rapidez y hasta incluidos en una misma sesión para dar cuenta de ellos de manera ágil y brindar así pronta respuesta a sus destinatarios.

Eso no sucede y es una metodología parlamentaria que abarca a todos los sectores, que los seleccionan a veces a cuentagotas, de modo tal de matizar las sesiones de ambas cámaras con ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, se los incluye para compensar sesiones donde presentan otros proyectos que no ameritan semejante consenso.

Como sea, la situación especial -y casi podría decirse también que inédita- que vive el Senado hace que los pendientes se vayan acumulando de manera llamativa. Hay numerosas e importantes “medias sanciones” que aguardan tratamiento en el recinto.

No solo aquellas que merecen tanta expectativa social; también hay de los que reclama el Ministerio de Economía de manera prioritaria. Es el caso del monotributo tecnológico (mono tech), que cuenta con media sanción de Diputados dese el 28 de marzo pasado, ocasión en la cual desde la oposición hubo una suerte de guiño para no hacerlo caer. El proyecto tuvo 111 votos positivos, 11 negativos y 85 abstenciones. Y, sobre todo, muchas ausencias.

El régimen tiene dictamen en el Senado desde el 30 de mayo y se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior. También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Esta iniciativa que permitiría blanquear (y tributar) en el país ingresos inferiores a 30 mil dólares, considerada en su momento como prioritaria por Economía, ni siquiera fue incluida en el temario de la última sesión del Senado (frustrada).

Hay otro que tal vez represente mayor urgencia: el proyecto sobre lavado de activos, que debería estar aprobado para el mes de septiembre. El proyecto tuvo media sanción el 19 de abril de este año, en una sesión en la que la oposición no se esforzó por voltear la iniciativa. Véanse los guarismos de la votación: 111 a favor, 96 en contra y 5 abstenciones.

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Recién este 11 de julio esta media sanción comenzó a ser analizada en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda. Fue con la presencia de Ricardo Casal, secretario de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores.

El Poder Ejecutivo mandó al Congreso el texto original hace casi un año y es exigida desde el FMI de manera tal que el país se adecue a los estándares internacionales. Y urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Hay temas pendientes como el referido a la entrada y salida de tropas. Esos proyectos suelen tratarse sobre el final de cada año, pero el oficialismo no lo incluyó en las sesiones de noviembre y en diciembre las relaciones entre oficialismo y oposición colisionaron en esa cámara, por lo que el debate quedó postergado hasta este año. Recién tuvo media sanción el 19 de abril de este año en la Cámara baja y el tema estuvo incluido en la sesión fallida del miércoles 12 de  julio, advirtiendo el oficialismo que nunca a un gobierno democrático lo dejaron sin esa ley aprobada.

Pendiente está también la creación de las becas Progresar, una media sanción que data de aquella sesión del 19 de abril en Diputados, donde contó con amplísima mayoría: 175 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones. Se trata de un proyecto que pretende crear por ley esa ayuda destinada a garantizar los estudios secundarios, terciarios y universitarios de los jóvenes más vulnerables. La iniciativa le brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual titular del Senado, donde ahora el tema aguarda su tratamiento.

Hay también temas menores pendientes, como la media sanción impulsada por el diputado misionero Diego Sartori que busca declarar monumento natural a la especie Aguila Harpía. O la declaración de Monumento Histórico Nacional del Parque de la Constitución; la creación de la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina; el aval para argentinos en cargos consulares en nuestro país y un acuerdo sobre transporte aéreo entre Argentina y Portugal.

Además, dos fechas nacionales: la declaración del 19 de agosto de cada año como Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle; y la del 18 de julio de cada año como “día de duelo nacional”, en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA.

¿Y los créditos UVA?

Finalmente hay una batería de proyectos importantes con media sanción aprobados en la última sesión de la Cámara baja y que aún no han comenzado a transitar las comisiones del Senado.

Es el caso de la profesionalización de acompañantes terapéuticos, un proyecto que contó con gran presencia de interesados del sector en los palcos de la Cámara de Diputados durante su tratamiento en el recinto. Fue un tema aprobado por 197 votos afirmativos y solo 3 negativos, que tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, sin perjuicio de las normas dictadas por las jurisdicciones locales, ya que en 13 provincias hay legislación al respecto.

Asimismo espera el inicio de su tratamiento en el Senado el proyecto de violencia digital contra las mujeres, inspirado en la Ley Olimpia. Esta iniciativa tuvo 191 votos a favor, 2 negativos y una abstención, y modifica la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Entre ellos, con el objetivo de garantizar “los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital”. Asimismo, señala que se deberán respetar “su dignidad, reputación e identidad en los espacios digitales”.

Hay iniciativas como el acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacional a los usuarios finales del Mercosur, y hasta reformas a la Ley 24.449 de Tránsito, pero también un proyecto del oficialismo que propone la creación de un Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos, para generar un fondo que le dé financiamiento al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura. Sería de 100 millones de pesos, para financiar la asistencia técnica, capacitación, fortalecimiento de las instituciones y certificación de muchos productores que se dediquen a la actividad. Un proyecto para el fomento de la producción orgánica tuvo media sanción en 2013 y perdió estado parlamentario en 2015.

Asimismo ya está en el Senado el único proyecto aprobado por unanimidad en la última sesión de Diputados: la derogación de la Ley 11.317 y el decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925 sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para mujeres. En el texto definitivo se unificaron proyectos impulsados por las diputadas nacionales Silvia Lospennato, Lucila Masin y Vanesa Siley y un conjunto de diputados y diputadas de extracción sindical, derogando la prohibición del trabajo de mujeres en ciertas actividades.

Además, ya tiene media sanción un plan de refinanciación de deudas de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Se trata de deudas contraídas en los 90, en dólares, de créditos BID que el Estado tomó y los pasó a las provincias y las provincias a las cooperativas. Esas deudas no fueron pesificadas y, tras la devaluación del 2002, las cifras originales se triplicaron. El monto total de la deuda vencida y a vencer al 31 de marzo de 2023 asciende a USD 85.756.662,58.

Para el final en este racconto de medias sanciones que esperan su tratamiento en el Senado tenemos nada menos que el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, una iniciativa que busca aliviar la situación de los deudores de créditos UVA. El proyecto fue aprobado en Diputados por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones y entre otras cosas establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

En definitiva, más de una veintena de proyectos que tienen media sanción de Diputados aguarda su tratamiento en la Cámara alta, atados a los vaivenes de lo que representa un año electoral y, para el oficialismo además, la pérdida del quórum propio. Algunos proyectos de suma importancia, otros de segundo orden, pero la necesidad imperiosa para el oficialismo de acordar los consensos correspondientes para reactivar una cámara donde precisamente no ha venido funcionando el diálogo.