El legislador por La Libertad Avanza (LLA) y precandidato a jefe de Gobierno por ese mismo espacio, Ramiro Marra, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para eliminar del Código Contravencional de la ciudad la posibilidad de multar a los conductores de Uber, Didi y Cabify, entre otras apps.

De esta manera se buscará eliminar la multa de diez mil unidades fijas para los conductores de estas apps y la inhabilitación para conducir por un plazo de entre siete y 30 días. Además, se buscará dejar sin efecto las multas de 1500 unidades fijas por la utilización del vehículo con ese fin.

En ese contexto, Marra apuntó contra sus competidores porteños indicando que “tanto Martín Lousteau, como Leandro Santoro, Matías Lammens, e incluso la secretaría de Transporte de Rodríguez Larreta quieren regular una actividad que le da a la gente trabajo y un buen servicio. Dejen de romperle las pelotas a los Uber”.

Además, agregó que “no podemos negar la realidad ni pisarle la cabeza a la gente que quiere trabajar. Desde el año 2016, múltiples aplicaciones han comenzado a ofrecer el servicio de intermediación digital para el transporte urbano de pasajeros y la gente que utiliza estas aplicaciones no tiene ninguna queja”.

“Desde el punto de vista jurídico, las actividades de estas aplicaciones se encuentran amparadas por todas las jerarquías jurisprudenciales. Desde la perspectiva penal, la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación Penal e incluso la Corte Suprema de Justicia desestimaron las denuncias. Además, en el 2020 el Tribunal Superior de Buenos Aires confirmó la legalidad de Uber, poniendo fin a la disputa legal. Esto hizo que todas las medidas cautelares impuestas contra la compañía quedarán sin efecto”, enfatizó Marra.

También acusó al Gobierno porteño de violar el artículo 19 de la Constitución de la Nación Argentina, que establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.