El Poder Ejecutivo reglamentó este lunes la Ley 27.669, por el cual se creó un Marco Regulatorio para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial. La norma fue sancionada en mayo del año pasado en la Cámara de Diputados por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones.

El decreto 405/23 -que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y los ministros Sergio Massa (Economía) y Carla Vizzotti (Salud)- establece que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Industria, tendrá la competencia de "controlar y emitir las autorizaciones administrativas" con respecto al uso de la planta, las semillas y productos derivados del cannabis.

Esto se hará, "atendiendo especialmente a la finalidad de contribuir al desarrollo de la actividad de cooperativas y de la pequeña producción agrícola e industrial y, en ello, a las perspectivas de género y diversidad", aclara el texto.

También se dispone la integración del Consejo Consultivo Honorario, que funcionará bajo la órbita de la ARICCAME y estará integrado por 20 miembros titulares e igual número de suplentes, de actuación “ad honorem”, en el cual participarán instituciones de las áreas científico-tecnológicas del Estado Nacional, organismos técnicos especializados y organizaciones de la sociedad civil.

"A los fines de instrumentar el régimen de licencias y autorizaciones, se adopta el sistema de 'Ventanilla única para la industria del cáñamo y el cannabis medicinal' para la gestión de trámites vinculados a la emisión de autorizaciones, licencias y certificaciones necesarias", indica el decreto.

En los considerandos, el Gobierno -que impulsó el proyecto- recordó que la ley "rige en todo el territorio de la República Argentina con carácter de orden público" y "las actividades que en la misma se regulan están sujetas a la jurisdicción federal, y cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudiera surgir o derivar de la misma será competencia del fuero Contencioso Administrativo Federal".

"El avance gradual hacia la legalización del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis, como así también la reconsideración del potencial del cáñamo industrial ha dado lugar al surgimiento de una industria dinámica que involucra iniciativas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil", se resaltó.

Y agregó que "nuestro país posee claras ventajas comparativas para el desarrollo del cannabis medicinal e industrial, por las capacidades científicas y tecnológicas en materia agrícola e industrial, así como las propicias condiciones climáticas y de suelo del territorio nacional".