La Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del senador nacional Ricardo Guerra (FNyP – La Rioja), se reunirá este miércoles 30 de agosto a las 13.00 en el Salón Arturo Illia para tratar el proyecto de ley que busca llevar un alivio a los deudores de créditos UVA.

La iniciativa obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 5 de julio en el recinto y propone la creación de un sistema de integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios y establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al primero de enero de 2023.

Entre otros puntos, se determina que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.

Se prevé que en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

Pago seguro con tarjetas

Por otro lado, se tratará el proyecto de ley de la senadora riojana Clara Vega que fue presentado el primero de junio de este año y promueve el pago seguro con tarjetas de crédito y débito para evitar los delitos informáticos o el phishing.

La iniciativa tiene por finalidad evitar delitos informáticos mediante el uso de tarjeta de crédito y/o débito y/o de los datos de la tarjeta mediante el pago seguro en todos los establecimientos que comercializan bienes y servicios del territorio nacional.

Además, establece que se entiende por pago seguro, toda transacción de pago con tarjetas de crédito y/o débito que se realizan en presencia del consumidor mediante dispositivo que sea trasladable o no, donde la persona encargada de realizar el cobro se acerque al consumidor o éste se acerque a donde se encuentra el dispositivo de cobro.

Los establecimientos que comercializan bienes y/o servicios tienen obligación de disponer de dispositivos de cobro (posnet) para las transacciones con tarjetas de crédito y/o débito que sean accesibles al público y permitan a los consumidores pagar por sí mismos sin intervención de terceros.

El establecimiento comercial que no disponga de dispositivos de cobro de tarjeta de crédito y/o débito permitir a los consumidores pagar por sí mismos con las tarjetas magnéticas sin intervención de terceros en los plazos definidos por la reglamentación de la presente, será sancionado con multas según lo disponga el organismo de aplicación.

“El robo de datos o de tarjetas, termina afectando también a los comercios, ya que las compras por internet suelen ser más vulnerables a estafas con tarjetas, ya que los delincuentes al clonar fácilmente la información de una tarjeta de crédito, en la mayoría de los casos, se utilizan para hacer compras en línea a cargo del estafado”, explicó Vega.