El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Ricardo Guerra, será este martes uno de los protagonistas del debate del proyecto que modifica la Ley de Alquileres, que llega de Diputados con media sanción.

El senador riojano anticipó que “en la reunión plenaria con la Comisión de Legislación General, que es la  cabecera en este caso, abordaremos el proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, más allá que se pueda tener a la vista proyectos que hayan presentado otros senadores”.

“Allí la desmenuzaremos, tiene varias aristas y creo que amerita revisar, escuchar a los damnificados. Desde mi punto de vista vamos a ver cómo se desarrolla finalmente la reunión, pero creo que tenemos que dar lugar a que las personas involucradas se expresen y luego nosotros debatir”, señaló el legislador por Edición Calificada, por Zónica+. Desde su punto de vista, “hay que revisar algunos aspectos que están plasmados en el proyecto que vino a tratarse”.

¿Esa modificación o revisión del proyecto tiene que ver con la actualización o medidas entre inquilinos y propietarios? Guerra observa sobre la media sanción puesta a debatir “tres aspectos”. “En primer lugar, la disminución a un mínimo de 4 meses para que los contratos sean ajustados, me parece demasiado, porque un ajuste opera sobre un valor previamente ajustado anterior y eso va potenciando al ajuste a cabo de los 12 meses”.

“Tenemos que encontrar un equilibrio para que el contrato sea justo y para eso tenemos que analizar el contexto y tenemos también que tener en cuenta las posiciones de mayor peso, de mayor jerarquía dentro de lo que es un contrato, posiciones de mayor poder y es allí donde, obviamente es una tarea difícil de encontrar un equilibrio pero es nuestra obligación hacerlo e intentar lograrlo”, expresó el legislador peronista.

El otro aspecto que le encuentra al texto “es lo relacionado a los incentivos. Yo soy de los que cree que son válidos los incentivos, pero así también como existen los incentivos deberían tener una penalidad en casos contrarios a que no se den ciertas circunstancias”.

Guerra señaló que en “el proyecto que viene en tratamiento se apela a un artículo de la ley de monotributo, en la cual se define al pequeño contribuyente y allí se hace un agregado en el cual se dice que cuando la actividad sea de alquiler o locación de inmuebles para viviendas, cualquiera sea la cantidad de bienes, se considera como si fuera un pequeño contribuyente. De allí se basa para eximir todas esas propiedades del impuesto a los bienes personales y los impuestos a los créditos y débitos bancarios por el flujo de fondo que operen por esa operación”.

“Me parece que allí que hay incentivos muy sesgados a favor de los propietarios -agregó-; y considero que debería primero hacerse una distensión. No es lo mismo un propietario que tenga una, tres o cuatro propiedades, que aquel que tenga 10 ó 15 propiedades. Allí estamos hablando de sujetos distintos, los que tienen pocas propiedades son personas que a lo largo de su vida fue ahorrando para tener una viviendo o departamento para tener un ingreso adicional cuando ya esté en situación pasiva laboralmente hablando. En cambio, alguien que tiene muchas propiedades ya estamos hablando de inversores, entonces allí creo yo que habría que hacer alguna distinción”.

En cuanto a las penalidades, continuó, “me refiero a que sobre todo los poseedores de numerosas propiedades, que muchas veces las retiran del mercado inmobiliario y no las alquilan, eso genera ciertos colapsos. Por ejemplo, si alguien ha ofrecido propiedades para alquiler en un período determinado, como 5 años, pero ahora ya no las ofrece, que tenga una penalidad como podría ser la quita de los incentivos”.

De manera tal que entre los incentivos y las penalidades se termine favoreciendo el ofrecimiento de bienes en alquiler para que el mercado esté equilibrado entre oferta y demanda. “Porque cuando la demanda es alta pero la oferta de viviendas es baja, se produce un desequilibrio muy grande y entonces estamos ante situaciones de gran desequilibrio”, estimó el legislador riojano, para quien “esto debería complementarse con políticas agresivas de construcción de viviendas o de acceso al crédito para la construcción o ampliación de viviendas”.