Qué documentos aprobaron ambas cámaras, qué actitudes adoptaron los legisladores y qué proyectos se presentaron a partir del intento de magnicidio.
Se cumple este 1° de septiembre un año desde que el país se paralizó al trascender la noticia de que alguien había intentado asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ese día Fernando Sabag Montiel llegó hasta quedar de frente a la exmandataria y pudo gatillarle dos veces una pistola a la cabeza. Afortunadamente ninguna bala salió.
Eran días complicados aquellos, luego de un fin de semana turbulento en el que militantes kirchneristas se habían enfrentado con la Policía de la Ciudad que había resuelto rodear el domicilio de la vicepresidenta de la Nación para evitar el peregrinar permanente de militares hacia el edificio donde vivía Cristina Kirchner. Tras haberse enfrentado con efectivos policiales, el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, lanzó justamente ese 1° de septiembre una frase que horas más tarde cobraría mayor crudeza: “Desde Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista”.
Ese mismo día sesionó el Senado de la Nación, en medio de un clima enrarecido por la cuestión judicial de la presidenta del Cuerpo y las críticas cruzadas disparadas a partir de los incidentes del fin de semana. Al cabo de la sesión, de la que CFK participó solo al inicio, ella se retiró hacia su domicilio y poco después de las 21 pasó lo que pasó.
Todo el arco político salió a condenar el fallido atentado. Pasadas las 23 de ese primer día de septiembre, senadores de todos los bloques e reunieron para una foto y emitieron un comunicado conjunto para repudiar el hecho, manifestando su “absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia”, al tiempo que exigían “el pronto y completo esclarecimiento de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia”.
Poco después, diputados y senadores del Frente de Todos se congregaron en el Salón Illia de la Cámara alta para expresar su solidaridad con la vicepresidenta. Minutos antes de la medianoche, los legisladores oficialistas brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron una serie de acciones.
La primera en hablar fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien anunció que se convocaría a la conformación de “una comisión investigadora bicameral sobre el atentado contra la vida de la vicepresidenta”. Además, se realizarían sendas sesiones en ambas cámaras para repudiar el hecho, afirmó, y agregó: “Instamos a que se haga lo mismo en todas las legislaturas locales y concejos deliberantes”.
Por su parte, el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, expresó el “repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, que a toda la sociedad argentina consterna y nos entristece realmente”.
La Cámara baja sesionó el sábado, dos días después de perpetrado el ataque. Previamente hubo intensas negociaciones para acordar el texto que se aprobaría en la sesión, pues el clima previo a la sesión fue complicado, y había llegado a ponerse en duda incluso el quórum, por las discrepancias que entre el oficialismo y la oposición que surgieron en torno al texto del proyecto elaborado por la presidenta del Cuerpo para repudiar los hechos ocurridos el jueves por la noche. Finalmente las partes alcanzaron un acuerdo, en el marco de una reunión previa a la de Labor Parlamentaria, que tuvo lugar en el despacho de la presidenta del Cuerpo. En rigor, al cabo del encuentro se resolvió ir directamente al recinto.
A propuesta de los representantes de Juntos por el Cambio, Avanza Libertad y Provincias Unidas, se acordó un texto similar al comunicado emitido por el Senado el jueves por la noche inmediatamente después de sucedido el ataque. El proyecto original, que había generado discrepancias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, expresaba la “más enérgica condena y repudio al intento de magnicidio cometido contra la actual vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner”. El texto continuaba expresando “la solidaridad de quienes componemos la Cámara de Diputados con nuestra vicepresidenta de la Nación y su familia, a la vez que exigimos una pronta investigación y condena a los responsables”.
Y por último, instaba a toda la dirigencia política, sindical, empresarial y a la sociedad a “condenar el atentado perpetrado y a la responsabilidad y compromiso de erradicar la violencia política y los discursos de odio en nuestro país”. Esa era la parte que generaba controversias con la oposición, razón por la cual la mayoría de los diputados del Pro, por ejemplo, habían votado no participar de la sesión.
Otro de los pedidos de la oposición atendidos por el oficialismo fue la no presencia de militantes en los palcos.
Flamante presidenta de la Cámara, fue esa la primera sesión que le tocó presidir a Cecilia Moreau.
En la sesión no participó toda la bancada del Pro. Solo lo hizo un puñado de diputados de ese bloque que ingresó una vez que la reunión había comenzado y se fue inmediatamente después de avalar a mano alzada la iniciativa.
Durante esa sesión, gran expectativa había en torno a Javier Milei, pues La Libertad Avanza era el único bloque que no se había pronunciado frente al atentado. Al hablar, manifestó “total y absoluto repudio a todo acto de violencia”. Pero más adelante cuestionó que se hubiera decretado un feriado para el día anterior, y no por ejemplo cuando “la masacre de Once, o cuando mataron al fiscal Nisman, o cuando fue el atentado a la AMIA o la Embajada de Israel”.
Cuestionó finalmente los “privilegios” de los políticos respecto del resto de la población. Concluyó expresando “nuestro repudio a la violencia, pero no aceptamos de ninguna manera este circo dantesco de la política”.
Recién una semana después del atentado, el 8 de septiembre, se reunió el Senado para repudiar el hecho. Sin embargo Juntos por el Cambio y la senadora cordobesa Alejandra Vigo resolvieron no participar de la reunión.
En el caso de los primeros, no bajaron al recinto bajo el argumento de que no querer “avalar el uso partidario del Congreso”. Vigo argumentó que “no se crearon las condiciones para llegar a un consenso”. Sin embargo, sumó la presentación de un proyecto de declaración que fue mencionado en la sesión.
Así, con medio recinto vacío, el Frente de Todos en el Senado logró aprobar ese jueves una declaración de repudio. La iniciativa fue votada de manera nominal y salió por unanimidad con 37 votos.
El texto aprobado expresaba el “más enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves 1 de septiembre del corriente año, en las puertas de su domicilio”. Asimismo, manifestaba su “absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia”. Y continúa: “Este Honorable Cuerpo también exige el pronto y complejo esclarecimiento y la condena de los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida de la democracia”. Y concluía exhortando “a toda la dirigencia y a la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social”.
Tras el hecho conmocionante comenzó a especularse con la presentación de un proyecto contra los “discursos de odio”. En ese marco fue que el presidente del oficialismo en el Senado, José Mayans contó que había hablado con el presidente de la Nación acerca de un posible proyecto de ley contra los discursos de odio y que Alberto Fernández realizaría consultas a “constitucionalistas, juristas y profesionales del derecho”.
Lo dijo horas después que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, asegurara que todavía no había ninguna iniciativa al respecto, el senador formoseño contó que el mandatario está evaluando el tema. “Él me dijo que, en un Estado de Derecho, hay que ver cómo la democracia cuida el honor de las personas”, expresó.
Desde la otra vereda, el diputado Gerardo Milman presentaba un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal con el fin de aumentar las penas ante cualquier atentado o intimidación pública hacia las más altas investiduras del Poder Ejecutivo.
Tiempo después, el diputado del Pro sería involucrado en la causa por la denuncia de un asesor del diputado Marcos Cleri que dijo haberlo escuchado decir en el bar Casablanca que “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.
Pero el primer proyecto presentado sobre el atentado fue de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, para expresar su “condena y repudio al intento de magnicidio”, con fecha 2 de septiembre de 2022.
Ese mismo día un grupo de diputados oficialistas encabezados por Ramiro Gutiérrez presentaba una iniciativa para modificar el artículo 80, incorporando la figura de magnicidio y crímenes por razones de odio político.
El texto impone “reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare”, y corregía el inciso 4° del citado artículo sumando la palabra “político” a las siguientes condiciones “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.
Y agregaba el inciso 13, con este texto: “Al presidente o al vicepresidente de la Nación Argentina, o cuando la víctima fuere autoridad judicial, del Ministerio Público o miembro del Poder Legislativo, cuando el delito fuese cometido por su rol, o en ocasión o en el ejercicio de su cargo o función”.
Otros proyectos condenatorios del episodio fueron presentados en esos días por los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández y los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, entre otros.
La diputada chubutense Estela Hernández presentó un proyecto para instituir el 2 de septiembre de cada año como Día Nacional de Reflexión sobre la Violencia Política”, en relación al intento de magnicidio contra CFK.
Desde la oposición también se presentaron proyectos, como el de la salteña del Pro Virginia Cornejo, pidiendo la “nulidad absoluta” del DNU que estableció feriado nacional el 2 de septiembre por el atentado. Un proyecto testimonial, por cierto, ya que se presentó seis días después del feriado en cuestión.
A su vez, el diputado Ricardo López Murphy, acompañado por Alejandro Finocchiaro y Marcela Campagnoli presentaron un pedido de informes sobre una propuesta de trabajo denominada “Pensar y vivir en democracia”, de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, estimando que allí se pretendía adoctrinar a los estudiantes con párrafos como el siguiente: “Porque hoy más que nunca la democracia está en peligro y debemos defenderla porque es el modo de gobierno más representativo y equitativo para la vida en sociedad”, en tanto para los diputados de JxC no se observaba “una relación causal entre la estabilidad del sistema democrático y el atentado” contra Cristina Kirchner.
