A pedido de damnificados, abogados y entidades bancarias la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FNyP), emitió dictamen con modificaciones al proyecto que viene con media sanción de Diputados el cual pretende solucionar la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

De esta manera, de aprobarse en el recinto en la próxima sesión de la Cámara alta, el proyecto debe volver a Diputados. Senadores del FdT, como la bonaerense Juliana Di Tullio, expresaron disidencias en la redacción de las modificaciones introducidas que serán debatidas en el transcurso de los próximos días. Desde el bloque Unidad Federal, el entrerriano Edgardo Kueider adelantó el acompañamiento, pero también con disidencias.

Por el lado de JxC, solicitaron un tiempo para “analizar” las modificaciones y en el camino al recinto harán los “aportes correspondientes a ese dictamen para darle un paliativo importante a la cantidad de deudores hipotecarios”. “Hay que mirarlo muy bien porque es una modificación importante. Lo serio es que quieren dejar sin efecto el crédito UVA”, señalaron.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Illia, Guerra procedió a leer decreto por el cual se han reemplazado senadores en la comisión para dicha reunión. Así, informó que Antonio José Rodas (Chaco) y Juan Carlos Romero (Salta) reemplazaran a Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y a Julio Cesar Martínez (UCR).

Guerra comunicó que el oficialismo irá con un dictamen que modifica “íntegramente” la media sanción de Diputados. “Consideramos que el sistema de préstamos ajustados por unidad de valor de adquisición o de vivienda es un sistema que ha traído muchos problemas y lo consideramos como una política fracasada”, argumentó e informó que cambiarán “el sistema de ajustes en la premura de encontrar un equilibrio razonable en esta relación contractual entre tomadores de crédito y entidades financieras en las cuales al ser fallos de hechos puntuales que nos dan una base para poder haber trabajado nuestro proyecto de dictamen en la cual había coincidencias en esos criterios, pero el hecho de que hayan sido o estén plasmados en fallos judiciales da una base importante para proponer el dictamen”.

Entre los criterios, planteó la “teoría de la imprevisión” y la “doctrina del esfuerzo compartido”. Respecto del primero, explicó: “Hace 5 años atrás que son las fechas de orígenes de estos créditos que evidentemente nadie podía prever que un gobierno endeude de tal magnitud a nuestro país. Que luego de ello tuviésemos una crisis sanitaria global y humanitaria grave, el mundo reciba las consecuencias de una guerra que se plantea en una zona remota, pero sus efectos fueron globales al ser una zona importante de provisión de energía y alimentos por lo tanto modificó los precios relativos y, luego de ello, en nuestro país tenemos una sequía como hace muchos a los no teníamos, lo que nos hizo perder, en una economía que conceptualmente es una práctica bimonetaria, 20 mil millones de dólares”.

“Todos esos indicadores son generadores de inflación alta. Por nuestra historia no se puede argumentar como imprevisión un proceso inflacionario, pero si es imprevisible cuando esos niveles de inflación son exagerados como lo estamos sufriendo frutos de todos estos hechos”, señaló el riojano.

En tanto, relacionó: “Si tenemos un sistema de créditos ajustables por la inflación como es el sistema UVA, claramente el ajuste que están sufriendo los capitales se hace de manera desmesurada. Sobre ese capital ajustado hay una tasa de interés que, si bien es fija, hay un interés. Si a eso le sumamos que hay una tasa de amortización por el método francés que tiene la característica que la composición de las cuotas al principio es de poco capital y mucho interés, esa mezcla va cambiando al final para llegar con mucho capital y poco interés, la reducción del saldo de deuda, o sea, del capital adeudado no se percibe en absoluto en los primeros años que es la situación que se observa”.

“Se hacen esfuerzos ingentes para pagar una cuota en la cual también ha crecido al ritmo de los ajustes, pero un saldo de capital cada vez mayor. El ajuste que lleva es justamente por la inflación y la reducción por el pago de cuota es mínimo por el sistema de amortización que tiene”, precisó.

Guerra aclaró que “no es un tema simple de resolverlo y encontrar un bendito equilibrio que todos queremos lograrlo, pero tenemos la responsabilidad de buscarlo. Si hoy tenemos un nivel de problema en la medida en que pase el tiempo el problema va a ser superior, incluso para las entidades financieras” y explayó: “Porque si hoy tenemos un porcentual de incobrabilidad del 5% es chico estadísticamente, peor disimula el esfuerzo enorme que se está haciendo para cubrir las deudas porque estamos hablando de las cuotas de las casas. A medida que pasa el tiempo por este sistema de ajuste cada vez esa morosidad va a ser mayor porque va a llegar el momento donde los salarios de las personas tomadoras van a ser difícil que lo puedan sostener”.

Los puntos del dictamen oficialista

Al respecto, Guerra explicó que a través del artículo 1 “estamos proponiendo dejar sin efecto las cláusulas del ajuste UVA para todos los préstamos o todas las relaciones crediticias vigentes y futuras que tengan por destino la adquisición, ampliación o refacción de la vivienda única o cualquier otra adquisición de otro bien”.

También se sustituye el mecanismo de indexación o de ajuste del capital por el Índice de Salario que publica el Instituto de Estadísticas y Censos de la Argentina (INDEC). Además, proponen la realización de nuevos mutuos, es decir, que “estamos proponiendo una novación lisa y llana en la cual el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019 sobre el que hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en las cuotas que se hayan abonado desde esa fecha hasta la fecha del mutuo nuevo, y a partir de allí se ajusta por el índice de salario con un más de interés del 3,5% nominal anual”.

“El recalculo que deben hacer para la novación las instituciones de entidades financieras debe ser con fecha 1ro de septiembre de 2023”, agregó y explicó que no establecieron que la fecha sea “hasta que entre en vigencia la norma quedaría un bache en la cual se está sabiendo lo que se está propiciando, pero no entra en vigencia porque no tiene fuerza de ley”. “Que se entienda que todos los cálculos para la novación para el nuevo crédito tienen que ser con fecha de 1ro de septiembre de 2023”, reiteró Guerra.

El texto también establece que la relación cuota-ingreso no tiene que absorber más del 30% de los ingresos que declaren el o aquellos nuevos tomadores. “Al ser una novación es un nuevo crédito que puede dar lugar a replanteos de dar nuevos plazos o agregar un codeudor. Lo que estamos proponiendo es un capital inicial, un nuevo sistema de ajuste y una tasa de interés”, precisó.

El titular de la comisión indicó que “se pueden plantear nuevos plazos y, si surge la necesidad de incorporar un codeudor para darle flexibilidad a la novación que se propone”. En suma, señaló que se suspenden los juicios, desalojos por 365 días, por igual periodo los términos procesales en curso.

En tanto, establece como autoridad de aplicación al Banco Central de la República Argentina y se insta a la autoridad de aplicación que, a través de las entidades financieras, se practique un programa de capacitación o difusión en materia financiera para los clientes actuales y futuros poniendo especial énfasis en “los riesgos que se toman ante determinados productos que ofrece el banco. Evitar las publicidades confusas, tiene que ser claro lo que el banco ofrezca y que el cliente esté sabiendo lo que están firmando y los riesgos”, añadió Guerra.

“En los casos en los que la relación cuota-ingreso no alcance en ese 30% las entidades financieras tendrán que poner a disposición sistemas o métodos o nuevas conversaciones para llegar a un acuerdo. Siempre teniendo en cuenta el concepto de defensa al consumidor que está legislado en numerosas leyes”, concluyó.

La postura de la oposición

Al hacer uso de la palabra, el vicepresidente de la comisión, el radical Víctor Zimmermann (Chaco), solicitó a Guerra las modificaciones propuestas al dictamen de media sanción para “poder mirarlo en detalle”. Destacó que haya aspectos que tienen origen en los fallos judiciales como la teoría de la improvisación y la doctrina del esfuerzo compartido.

“Entiendo que muchos de los fallos judiciales que están saliendo son más benévolos que los cobros que se están haciendo en las distintas cuotas”, manifestó, pero no compartió algunas expresiones de Guerra: “Cuando usted dijo que había un gobierno que endeudó, yo creo que el sistema de cuotas UVA es bueno para el acceso al préstamo, pero el gran problema es la inflación y ese es nuestro gran desafío en el marco de alguna emergencia que se está haciendo y que tenemos hacia adelante, porque recibimos hace semanas, a deudores no solo hipotecarios sino también de bienes registrables y otros tipos de acceso al financiamiento”.

En esa línea, consultó: “S i nosotros vamos a dejar sin efecto el sistema de financiamiento UVA. ¿Qué significa cambiar el sistema? ¿Los créditos personales también están incluidos? El sistema de plazo fijo en relación a esta cuestión ¿también están incluidos? Porque dijo que se amplia la base para los créditos hipotecarios y bienes”.

A su turno, el salteño Juan Carlos Romero cuestionó que la “única buena noticia de esta reunión es que están modificando este dictamen y vuelve a Diputados. Eso puede ser una salvación para el sistema jurídico argentino y con el tiempo se pueda pensar algo mejor que esta ley”.

Coincidió en que “indexar por salarios es correcto”, pero creció que “hace meses lo que estamos haciendo en el Congreso, y lo está haciendo desaforadamente el ministro/candidato, es poner parches porque el Gobierno creó la situación inflacionaria que estamos viviendo y la está agravando”.

“Son todos parches como Ganancias, IVA, bonos ante la situación macroeconómica que nunca se pudo resolver. Si tenemos una inflación interanual hoy de 120%, la pobreza más del 40%, que tenemos la inflación más alta del mundo. Ningún país en el mundo subió una inflación al 150%. Fueron 20 años de errores del kirchnerismo en Argentina, porque 4 años estuvieron saboteando al gobierno de otro partido. Ahora estamos queriendo resolverle los problemas a la gente a través de leyes parches cuando el problema de fondo argentino es la situación macroeconómica, inflación, emisión monetaria, gasto público galopante y descontrolado y el ministro de Papa Noel todos los días sacando algo del trineo para tirarle a la gente a ver si puede mejorar su performance electoral”, disparó el salteño.

“Esta ley altera el orden y la seguridad jurídica, altera el concepto de la hipoteca. ¿Quién va a querer construir en el futuro sabiendo que cada vez que hay un problema le hacemos una ley específica?”, denunció Romero y chicaneó: “Dentro de poco vamos a hacer una ley para los que compraron tractores, autos, los que deben en el almacén, los que deben al vecino. Ponen una ley para cada problema. ¿Cuándo fuimos capaces de resolver el problema de fondo? El problema central es el estado del país”.

El senador de JxC señaló que el artículo 20 del dictamen de Diputados que propone la creación de un Fondo para “compensar un aporte solidario donde se va a fondear esta cuenta de los saldos de depósitos de todos los argentinos que tengan cuenta, además es no reintegrable. Acá estamos creándoles un impuesto a todos los depósitos en pesos y moneda extranjera en todas las entidades financieras, incluso aquellas que nunca dieron un UVA. Estamos sacándole plata a la gente humilde para subsidiar una cuota no reembolsable. Es una ley que altera todas las reglas de convivencia, económicas jurídicas, el Código Civil. Espero que esto se salve por la morosidad de los diputados”.

La macrista Guadalupe Tagliaferri consultó: “No entendí cuál es la situación. Si eliminamos los créditos UVA, si se eliminó la deuda, quién va a absorber la deuda de quienes tienen créditos. Me parece muy relevante que se pueda entender bien porque este es un momento de enorme incertidumbre para los argentinos”.

“En este contexto de incertidumbre si vamos a modificar, no solo las personas que son tenedoras de créditos UVA sino las bancas públicas que son más del 80% que hacen frente, estamos frente a una situación de 100 mil personas que les afecta su propiedad más la banca pública en un contexto de enorme complejidad. Este dictamen debe quedar bien en claro qué se está modificando y qué se enviará a Diputados. No queda claro cuál es la situación, si hay o no Fondo Fiduciario, si hay compensación. Saben que no estaba de acuerdo tampoco con la media sanción de Diputados”.

Guerra les aclaró que “es un tema complejo. Es un problema es quién pone el dinero. Coincido en que estamos en un proceso inflacionario distorsivo, pero a los problemas hay que darles una solución lo más equilibrado posible. La deuda no desaparece, estamos planteando un crédito nuevo con un capital inicial que será el que estaba vigente al 31 de agosto del 2019 restándole las partes de cuotas pagadas hasta la fecha en que se firme el nuevo mutuo”, y adhirió: “Se cambia el índice de ajuste al índice de salarios y se establece una tasa fija del 3,5% nominal anual”.

En su intervención, el fueguino Pablo Blanco (UCR) manifestó que “el sistema de créditos UVA no es un fracaso, el fracaso es la inflación”, y cuestionó: “Me alegra que ante la inminencia de los hechos electorales algunos se empiecen a preocupar por temas que están planteados hace mucho tiempo ya”.

“Debo decir que no es que los créditos UVA fueron peligrosos. Porque si de 120.000 deudores hipotecarios hay una mora de 1,8%, es decir de 2.160 morosos, eso quiere decir que hay 118.000 personas que hoy son propietarios gracias los créditos UVA”, destacó el porteño Martín Lousteau (Evolución Radical).

Por el bloque Unidad Federal, se expresó el entrerriano Edgardo Kueider quien señaló que “la refinanciación y el nuevo índice tienen que ir acompañados del Estado”, y adelantó: “Vamos a acompañar el dictamen en disidencia para realizar en el recinto los cambios correspondientes y que no se siga dilatando este tema tan importante”.

La postura del oficialismo

De la vereda de enfrente, la secretaria de la comisión, la oficialista Juliana Di Tullio, expresó: “Este sistema UVA que creó el gobierno de Macri en el 2017 como una medida buena de campaña porque darle crédito a la gente está bien, pero cuando ese crédito no iba a funcionar y era peligroso. En el 2018 empezó a haber una mora inmensa”.

“Los bancos públicos dieron el 75% de los créditos hipotecarios con sistema UVA”, detalló la bonaerense y destacó: “Es una gran noticia que terminé el sistema UVA. Esto no es un parche, son soluciones definitivas. Lamento que se tome como parche cuando es algo que trabajamos con seriedad escuchando a las partes. Lo que tratamos de hacer como cámara revisora es que la visión no fue satisfactoria, por lo menos de una mayoría”.

Di Tullio le pidió a Guerra que explique: “¿Qué es lo que se está terminando? ¿Se está terminando el sistema crediticio UVA o la posibilidad de tomar nuevos créditos con sistema UVA para vivienda? Y el tema de los plazos fijos con sistema UVA”, y precisó que “eso sería importante dar una respuesta clara”.

“Esto no rompe con ningún marco jurídico. Es seguir el espíritu que los últimos fallos han tenido”, contradijo al senador preopinante. En tanto, sugirió “terminar de acordar redacciones porque no estoy de acuerdo con el artículo 1 en su redacción porque es confuso y algún otro punto. Igualmente, me gustaría seguir trabajando este dictamen antes de que llegue al recinto”.

En el mismo sentido, el rionegrino Martín Doñate afirmó: “Vamos a firmar el dictamen con alguna observación y a seguir puliéndolo para poder llegar a la mejor ley posible. Además, quiero decir que tenemos que descartar la idea de que se pone en riesgo la seguridad jurídica”.