Buscando garantizar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscará establecer un subsidio para las victimas del delito de trata de personas, a fin de dotarlas de recursos.

Según se desprende del texto, la prestación económica será equivalente a dos canastas básicas totales tipo 2, publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Las misma será abonada en forma mensual y consecutiva por el plazo de un año, pudiendo renovarse por un periodo igual.  “El otorgamiento de la prestación económica, la cual no es incompatible con otras medidas de asistencia integral, no obstará el ejercicio de las medidas de reparación, incluso las económicas”, sostiene el mismo.

Para poder acceder a dicho subsidio, las victimas deben encontrarse en situación de vulnerabilidad y el delito debe haberse cometido en la Ciudad. Si la persona afectada fuese menor de edad, serán los padres, tutores, curadores o quien tenga la guarda los encargados de administrar el beneficio.

En los considerandos de la iniciativa se planteó que “la trata de personas es una de las peores formas de sometimiento humano y conlleva graves violaciones a una amplia gama de derechos fundamentales. Configura uno de los delitos más aberrantes contra la libertad, la persona, la propiedad y la integridad sexual, física y psíquica, porque menoscaba la dignidad humana y restringe las libertades fundamentales”.

“La prestación económica que por medio de este proyecto de ley se crea -entendida esta como uno de los principales elementos que requiere la persona víctima del delito de trata para el logro de su futura autonomía personal y económica, y la inserción laboral y social-, procurará asistir a la persona rescatada en el inicio de ese nuevo camino que ha de emprender, en el cual pueda subsistir dignamente, y pretende erigirse en el sostén necesario para efectivizar el proceso de empoderamiento que le permita superar la situación de vulnerabilidad que la llevó a caer en la red de trata”, sostiene el texto.

Al mismo tiempo que remarca que “de esta forma, se cumpliría con la obligación primera y más inmediata del Estado, que es proteger a las víctimas de la trata frente a una nueva captación que genere daños mayores, ofreciendo una política pública con enfoque de los derechos humanos, el cual considera que emporar a las personas vulnerables garantizando sus derechos humanos reducirá su susceptibilidad a la trata y explotación”.