A menos de dos semanas de las elecciones, la Cámara baja avanzó con otra iniciativa promovida por el ministro/candidato. Obtuvo 134 votos a favor, ninguno en contra y 107 abstenciones. La oposición reclamó que se condiciona a la futura gestión.
Luego de obtener la reforma sobre Ganancias, y a menos de dos semanas de las elecciones, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró dar media sanción y girar al Senado otro proyecto impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa en medio de la campaña electoral: la creación del Programa “Compra sin IVA”, que se aplica desde septiembre por medio de una resolución.
El texto fue aprobado en general por 134 votos afirmativos, 0 negativos y 107 abstenciones -de JxC más los dos diputados del bloque SER Claudio Vidal y Felipe Álvarez-. El oficialismo contó con el apoyo del interbloque Federal -menos Florencio Randazzo que se ausentó-, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los cuatro de Provincias Unidas y los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo.
El artículo 8 que establece el plazo del proyecto se votó de manera nominal y resultó aprobado con 129 votos afirmativos, 111 negativos – JxC, los tres liberales, los diputados del interbloque Federal Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, los dos del bloque SER Claudio Vidal y Felipe Álvarez- y 0 abstenciones.
Mediante la iniciativa se crea el Programa “Compra sin IVA”, destinado a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria.
Los alcanzados serán jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.
También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.
En tanto, estarán excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.
El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.
El reintegro del IVA, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.
Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.
En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.
A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.
Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.
En el debate en comisión, Juntos por el Cambio había firmado un dictamen de minoría por el cual incluía como actores alcanzados a los beneficiarios del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, la Ley Brisa, el Programa AUNAR Familias y extranjeros con dos años de residencia que no tengan ingresos formales. Pero, además, buscaba limitar la vigencia del programa hasta el 9 de diciembre de este año, bajo el argumento de que esta medida condiciona la política tributaria de la futura gestión.
En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado oficialista Carlos Heller procedió a explicar los lineamientos del proyecto quien remarcó que la esencia “podemos verla tomando los datos actuales últimos que se recibieron sobre la utilización efectiva que está teniendo a través del Decreto que lo puso en marcha en el periodo que va a fin de año y este proyecto pretende que tenga continuidad en el tiempo”.
“Según información que aparecieron ya se han superado los 36 mil millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas 18 millones de personas en el marco de una estimación que hablaba de 20 millones de beneficiarios potenciales”, detalló Heller.
Sobre el impacto que tienen este tipo de iniciativas sostuvo que “hay que verlo en toda su dimensión porque es muy superior a la idea de eximir al impuesto de determinados productos que, además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina evidenciando en los precios de los productos que no bajan porque se elimine el IVA. En cambio, con la devolución no hay razón para que los precios se muevan, ya que es una medida administrativa de la AFIP que por un lado percibe el impuesto y por el otro se lo reintegra a los sujetos alcanzados a los que se quiere beneficiar”.
Heller remarcó que el proyecto busca darle continuidad al decreto que puso el Poder Ejecutivo y al “exitosísimo” resultado que tuvo hasta el momento. Asimismo, consideró que la misma forma parte de una idea “mucho más profunda y amplia, que tiene que ver con ir modificando la progresividad del sistema tributario para llegar a que paguen más los que ganan más y tienen mayor riqueza”.
“Esto genera un inmediato impacto positivo en otro aspecto también, uno en la formalización de actividades porque el comprador está interesado en que se trate de una compra que se facture y tenga IVA porque se lo van a devolver. Esto ayuda a que, a través de medios de pago formales, se vaya generando este mecanismo y esa inclusión de medios formales es imprescindible para poder tener la trazabilidad de las operaciones que se realizan”, indicó el oficialista.
A su vez, Heller explicó que “no es una medida electoralista” porque entraría en vigencia en enero de 2023 cuando “ya haya otro gobierno electo por la voluntad popular”. Asimismo, cuestionó el dictamen de minoría que “le ponía una fecha de finalización, con lo cual estaríamos aprobando un proyecto que se superpondría con el decreto, pero sería una ley con un plazo fijo de dos meses de duración”.
Respecto de las críticas a la iniciativa de que se trata de un gasto fiscal sin contrapartida, planteó: “Nos parece una mirada corta y restringida del tema porque no tiene en cuenta el impacto que tiene la formalización de operaciones, ni la mayor demanda de bienes y servicios que se produce a partir de la mayor con el poder de compra de esa devolución porque se vuelve a comprar”.
“Además por lo que tiene de impacto en otros impuestos como ingresos brutos que beneficia directamente a las provincias. Los beneficiarios están en todo el territorio nacional. Es una medida absolutamente federal porque el beneficio a los ciudadanos alcanzados por la medida va más allá de dónde viven”, indicó y reiteró que “hay un aumento inmediato de otros ingresos que contribuyen a disminuir el costo de esta iniciativa”.
Heller contó que le han solicitado a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación que haga un análisis del impacto inicial sobre el Presupuesto 2024 y señaló que dicho informe no tiene en cuenta: “Los efectos de segunda vuelta -las compras que se realizan con lo que se devuelve-, el dato fiscal es de 1,01 sobre el PBI pues hay que descontar el programa de devolución del IVA que ya está en marcha y ya está considerado en el Presupuesto 2024”.
“Es un proyecto beneficiario para las familias y PyMes. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero creemos que tenemos que ser enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo, tenemos que trabajar en políticas de progreso impositivo, en atacar las fugas. Estamos hablando de un país con 40% de informalidad, el combate de esa informalidad debería generar innumerables ingresos fiscales que contribuirían a resolver el problema”, planteó.
El titular de la Comisión de Presupuesto cuestionó a la oposición por calificar estos proyectos de “inflacionarios, como si fuera algo automático”, y hablan de “cantidades de enormes cantidades de dinero emitido tomando a la nominalidad de ese dinero, aunque no tiene significado porque hay que ponerlo en términos relativos y porcentuales”.
“EL BCRA acaba de publicar el informe monetario del mes de septiembre en los primeros nueve meses la base monetaria se redujo en términos reales un 32,9%. Si tomamos los datos del 2022 es mentira que hay una emisión descontrolada como han dicho. La base monetaria se redujo en un 25,6% en el 2022”, detalló y subrayó que “la emisión monetaria no es la locomotora de la inflación”.
Por último, Heller comentó modificaciones a proponer al dictamen aprobado en comisión que “obedecen a pedidos que se hicieron”. Así, detalló que en el artículo 1 inciso A agregaron: “De cajas provinciales no transferidas a la nación, municipales o de cajas previsionales para profesionales”.
En el inciso C incluyen una serie de programas solicitados por la una diputada de la oposición los destinatarios de prestaciones sociales de diversos programas dependientes de la secretaria nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia como sujetos alcanzados a beneficiarios del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, la Ley Brisa, el Programa AUNAR Familias y agrega que “los montos establecidos en los incisos a y d serán incrementados en un 22% cuando los beneficiarios sean residentes de la zona patagónica definida en el artículo 1 definida en la Ley 26.772”.
También eliminaron del artículo 3 la palabra “alimentaria” quedando solo el concepto de Canasta Básica y en el artículo 4 incluyen una ampliación que tiene como objetivo a las personas que viven en la zona patagónica que tengan un “reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el veintiuno por ciento (22 %) del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes”.
El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) presentó el dictamen de minoría en el recinto y cuestionó: “¿Para qué viene este proyecto de ley al Congreso? si el pueblo vota en 10 días a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso, se busca condicionar una futura política de gobierno”.
“Argentina se está yendo a una hiperinflación y nosotros elegimos el camino de la responsabilidad y también, no profundicemos este camino de irresponsabilidad”, aseveró. Además, sostuvo que “encontramos en esta discusión de campaña que hay un candidato que le echa leña al fuego -por Javier Milei- y otro que le mete papeles que aumentan ese fuego –por Sergio Massa-”.
Respecto al dictamen de minoría que impulsa JxC, el diputado radical explicó que “es para prohibir los adelantos de financiamiento del Tesoro Nacional al Banco Central (hasta el 9 de diciembre de este año) que está hundiendo a este país”.
En tal sentido, profundizó que “esta medida funciona como medida y no como ley porque cuando se hizo por devolución de la AFIP, el gobierno resguardó la coparticipación de las provincias, pero por ley se puede afectar e impactar a esos recursos coparticipables”.
“El titular de la AFIP -Carlos Castagneto- reconoció que es para cobrarle a las provincias porque se llega a afectar entre 3 y 4 meses de salarios de las provincias y eso pasó desapercibido en las comisiones”, indicó.
Por otro lado, expresó: “Tenemos 18 millones de pobres y son beneficiarios de la devolución del IVA casi 22 millones de personas, pero hay pobres que no son beneficiarios y beneficiarios que no son pobres”, y enfatizó que “los trabajadores informales no están incluidos en una medida que busca ser permanente y el bono que les dieron es solo por dos meses”.
Finalmente, cuestionó al dictamen de mayoría del oficialismo: “En el tema del costo fiscal, Heller dijo que todo se va a recuperar, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dijo que perdemos recaudación y si gastamos lo mismo, profundizamos la crisis fiscal porque si financiamos con emisión, sube la inflación y si la inflación sube, la demanda real del dinero cae”.
En el mismo sentido, el diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR – Córdoba) expresó que “este gobierno ha llevado a un desequilibrio fiscal y un déficit que va a terminar cerca de los 16 puntos del Presupuesto”. “Mientras acá discutimos teoría, el argentino va al supermercado y todo sube”, criticó.
Tras anticipar que no acompañará el proyecto, el diputado cordobés agregó: “El IVA es un impuesto regresivo que impacta en los que menos ganan, pero nunca en 4 años hablamos de reforma tributaria y esto debe ir con solvencia fiscal”.
“Estamos en una verdadera emergencia y esta es una herramienta para aliviar, pero no se corrige la desigualdad de los ingresos porque requiere un programa de solvencia fiscal y que repare la macroeconomía”, explicó, y añadió: “Sabiendo que esto va a generar un costo fiscal, planteamos que sea hasta fin de año (hasta el 9 de diciembre)”.
Además, remarcó que “hay sectores que no están incluidos y comen y compran todos los días”. Asimismo, consideró que “este tipo de políticas, a unos días de la elección, tienen un vicio de electoralista y lo que no tiene vicio de electoralista es el dólar a 1.035 pesos porque eso impacta de lleno en los precios”.
Finalmente, al igual que Cacace, desenfundó críticas contra Milei: “Hay un candidato bajo la idea de la libertad que pretenden ordenar al Estado con una motosierra y plantea ‘cuanto peor, es mejor’ para que los argentinos saquen los plazos fijos”. “No está entendiendo es que atrás de la medida especulativa y la corrida está el pueblo argentino que sufre”, cerró.
A su turno, José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires), quien ironizó con la “otra vez la burra al trigo”, y amplió: “Discutimos la baja de impuestos sin la correspondiente baja del gasto público y eso generará más déficit, emisión monetaria, más pobreza y más marginalidad”.
También, sostuvo que “en los últimos 60 años no erró ni una oportunidad de tener déficits fiscales y Argentina tiene una crisis cada siete años y medio”. “Debemos declarar ‘pecado mortal’ a la baja de impuestos sin la correspondiente baja de gasto público porque lo advertí en la anterior sesión”, recordó.
Asimismo, cargó contra el candidato oficialista y contra el espacio libertario: “Recibió el dólar a 280 peso y ahora está en más de 1000 con una inflación de 180 puntos. Massa es una verdadera langosta”. Además, añadió que “La Libertad Avanza incita a la gente a sacar su plata de los plazos fijos y con eso están llevándonos a este desastre”.
En su intervención, el economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) observó las dificultades del proyecto de ley y señaló la “gravedad de lo que estamos decidiendo”. En primer lugar, indicó que es un “descalabro fiscal que se inscribe en una inflación en ascenso en un ritmo estremecedor. Aceleran la inflación y el déficit a financiar con emisión monetaria, que lo pague otro”.
En segundo lugar, señaló que “no puede ser que un ministro en funciones sea candidato porque hace una tarea tan irresponsable que es difícil pensar un mal diseño equivalente”. En tercer lugar, planteó: “Tenemos una entidad monetaria que se endeuda de una manera explosiva, ese endeudamiento se vuelve inmanejable”.
“El camino explosivo lo van a pagar los argentinos, pero en particular los sectores más vulnerables de la sociedad. Es un cóctel de irresponsabilidad agravado por la tentación de otros actores políticos de ver si esto les da lugar a que la explosión sea más grande. Es imposible pensar que un sistema democrático funcione donde el Congreso de la Nación resigna los impuestos legislados y pase a basarse en los impuestos resignados y más reaccionarios”, apuntó. y alertó: “Va a ser peor de lo que dijo Espert, va a ser peor el déficit y la situación de la economía”.
La santafecina Germana Figueroa Casas (Pro), contadora y especialista en finanzas públicas, también arremetió contra el Programa Compre Sin IVA. “Lo que se vota hoy no es una devolución de IVA, es un subsidio para algunos porque vale para cualquier cosa comprada dentro de comercios de alimentos y deja fuera a todos aquellos que no están bancarizados y son los que más lo necesitan. Es una buena idea mal aplicada que solo generará más inflación y pobreza. Hay que dejar de inventar títulos y leyes ineficientes, es hora de ponerse a trabajar para bajar el déficit fiscal y frenar la inflación”, declaró.
De la vereda de enfrente, el oficialista Daniel Arroyo afirmó que “hay que entender que esta ley es razonable y justa porque los que menos tienen van a pagar menos por la comida por la canasta básica”, y agregó que “comer tiene que ser barato en la Argentina y tenemos que mejorar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras”. Aseguró, además, que esta ley “viene a garantizar lo básico que consume una familia”, e hizo referencias a los pedidos de JxC: “Tomo lo que dicen de incorporar al sector informal”.
Del mismo modo, expresó: “Presenté dos proyectos, uno para crear 400 mercados centrales y uno para crear un sistema de crédito no bancario para desendeudar a privados y familias”. Por último, señaló que “esto viene a ayudar a los que menos tienen y es de pura justicia porque va a mejorar la calidad nutricional”.
Por el interbloque federal se expresó la bonaerense Graciela Camaño se refirió a un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que dice que hay un 22,5% de la población en situación de riesgo alimentario de la región donde “los alimentos cuestan más caros y quienes más pagan son los más pobres”.
“En nuestro país los números son escandalosos entre el 2010 y 2022 un deterioro en la alimentación de la población en el 44%. Este deterioro en los últimos años se potenció y el escenario hoy es que el 44% de los pibes tienen hambre, el 60% reciben sus alimentos del Estado, el 9,3% de la población es indigente según el IDEC, el 40,1% es pobre”, detalló Camaño y señaló que “la reducción de los costos y el apoyo al acceso de alimentos son factores importantes para promover la seguridad alimentaria”.
La diputada bonaerense indicó que la devaluación de agosto fue del 22% y la inflación del 12,4%. Asimismo, criticó a la oposición por denominar ‘plan platita’ porque “es lo menos que podemos hacer como Estado para apaliar semejante crisis frente a la devaluación entre las que estuvo la fusión del impuesto a las Ganancias”. Lamentó los proyectos de mayoría y minoría porque “todos sabemos que estamos afectando la coparticipación. El del oficialismo pretende que se haga cargo el gobierno siguiente y el de la oposición que sea hasta diciembre, ninguno de los dos dictámenes trata seriamente el gravísimo problema que tenemos en materia de impuestos en comestibles”, y adelantó que dentro de su interbloque hay diferentes posiciones por lo que la votación será dividida.
En tanto el santafecino Eduardo Toniolli (FdT) sostuvo que “la preocupación por la incidencia del IVA viene de larga data porque hubo más de 125 proyectos desde el 2001”. Del mismo modo, consideró que “la propuesta de reducción de alícuotas ha recibido reparos”.
En tal sentido, explicó: “En primer lugar, que la baja se traslade a los precios y la segunda es que por ser generalizada no beneficie a todos los consumidores”, pero remarcó que “el proyecto resuelve los dos puntos”.
Además, manifestó que “en cuanto al costo fiscal, la OPC sostuvo que hay un costo neto de 1,01% del PBI y habrá una mayor bancarización de las transacciones”. “Debemos destacar el impacto positivo en los ingresos brutos de las provincias y municipios y este proyecto se destina a los trabajadores”, señaló.
Luego, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT) remarcó que desde su bloque van a acompañar el proyecto, pero advirtió que “para que este Congreso se digne a tratar la devolución del IVA, ha tenido que haber un aumento fenomenal de la pobreza y un deterioro fenomenal de todos los indicadores”.
Asimismo, afirmó que “Massa es responsable de la crisis actual” porque “al otro día del las PASO hubo una devaluación del 22%”. “Me parece importante marcar que estamos en contra de estas cargas impositivas a trabajadores y debe haber cargas para las grandes fortunas”, agregó.
A su turno el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) señaló que “sería bueno no tener ningún impuesto, pero debemos tener criterio para ver cual eliminamos”, pero agregó que “lo hacemos en un contexto deficitario y es un reemplazo de un impuesto legislado por uno malo y regresivo como el inflacionario”.
Al igual que varios legisladores de JxC hizo énfasis en que “un dólar sale 1010 pesos en Argentina”, y agregó: “Hay una conexión estrecha entre eliminar impuestos que le quita fondos al Estado porque mñana el Indec anunciará una inflación cercana al 12% y anualizados, los precios, llegan a 300%”.
“Sobran pesos que son los que emite el Gobierno y al mismo tiempo cae la demanda y la foto de Martín Insaurralde en Marbella hunde la confianza de la autoridad de quien nos gobierna que es la misma confianza sobre nuestra moneda porque se desploma la demanda de dinero”, indicó Tetaz.
Por último, se refirió al candidato de La Libertad Avanza, y expresó: “Javier Milei tiene un acuerdo político con Sergio Massa y el gobierno del año que viene va a arrancar en -7”. “Espero que sea consciente que sus declaraciones tienen el mismo valor que las de Alberto Fernández en 2019 y que recuerde que ya no es más un panelista de televisión”, concluyó.
El intendente electo de la Ciudad de Córdoba y titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, acusó al gobierno de “ser el clientelismo más brutal de la historia argentina”, y agregó que “debemos lidiar sin moneda, con inflación galopante y más de 2.000 puntos de riesgo país”.
Respecto a la iniciativa en cuestión, indicó que “el problema es el déficit, una palabra fría y sofisticada porque un Estado no puede gastar más de lo que produce y tapar esos baches fiscales con emisión”. “El equilibrio fiscal debe ser una ley”, agregó.
En última instancia, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, ironizó con De Loredo y preguntó que “no sabía si era de La Libertad Avanza o Evolución Radical”. “Es un tema muy importante que algunos intentan mirarlo en sus impactos y este proyecto va en el sentido de la justicia tributaria”, señaló.
También, planteó que “hay argentinos que ya cobraron el reintegro y hay 50.000.000 de pesos que han quedado en el bolsillo de los argentinos”. Asimismo, expresó: “No hay que perder la orientación que tiene que tener un espacio político hacia una mejor justicia social”.
Finalmente, arremetió contra Milei por la devaluación de estos días: “Esta acción que llevó los dolares cerca de los mil pesos es una muestra clara y decidida de terrorismo económico provocada por sectores liados al poder económico que quieren poner en nulidad a la estabilidad económica”.
En el final, y luego de la votación, el oficialismo rechazó las modificaciones impulsadas por JxC, respecto a la ampliación hacia trabajadores informales y desocupados y el cambio del plazo de la vigencia hasta el 9 de diciembre de este año.
