Tal como lo adeantó Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, se convocó a una reunión para este martes 7 de noviembre a las 10 para continuar el debate respecto a distintos proyectos presentados que buscan considerar al negacionismo como delito.

Con la presencia de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, también estarán presentes Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Charly Pisoni, de HIJOS; Eduardo Tavani, de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Luis María Alman Bornes, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y Mabel Careaga, en representación de los familiares y compañeros de Los 12 de la Santa Cruz.

La convocatoria se realiza a pocos días del balotaje, en el marco de los 40 años de democracia y en un contexto donde crecen discursos que niegan la cifra de desaparecidos o no condenan lo sucedido durante la última dictadura militar. Con ineludible tono de campaña, es innegable que el tema se agita especialmente para aprovechar las posiciones que vienen exponiendo sobre el tema Javier Milei y Victoria Villarruel, la dupla candidata de La Libertad Avanza.

De los siete proyectos en danza, uno está impulsado por la diputada cívica Mariana Stilman para incorporar el antisemitismo en la Ley de Actos Antidiscriminatorios (23.592); y otro de la oficialista Mónica Litza sobre la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática.

Sobre negacionismo y apología respecto a genocidio y delitos de lesa humanidad, hay proyectos de los oficialistas Eduardo Fernández, Carolina Moisés, Gisela Marziotta, Estela Hernández y Blanca Osuna.

El proyecto de los organismos de DD HH

La iniciativa establece una capacitación con especial énfasis en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país; como así también en los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino.

Estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y está destinada a la totalidad de los funcionarios y empleados públicos de los tres poderes del Estado Nacional, ya sea que se desempeñen en forma permanente o transitoria.

A su vez, las personas obligadas que no hubieran realizado la capacitación serán intimadas a hacerlo por la autoridad de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate.

También, propone sanciones a los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad o del Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, públicamente negara, minimizara, justificara, legitimara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país.

La norma introduce una modificación en el título del Capítulo VI, del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, que pasa a denominarse: “Negacionismo de los crímenes del Terrorismo de Estado y los genocidios”, e incorpora la inhabilitación absoluta de cinco a diez años para ejercer cargos públicos para aquel funcionario público que públicamente negara o reivindicara los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país.