Se puso en marcha la primera reunión informativa en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, más conocido como ley ómnibus, enviado por el Gobierno nacional. La ambiciosa iniciativa contiene 664 artículos e introduce reformas de las más variadas, entre modificaciones tributarias, electorales y del Estado. 

El plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde está previsto que el trabajo se extienda hasta las 20.

Los funcionarios que asistirán este martes serán el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre reforma del Estado. Luego será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero además, este mediodía se conoció que también estará el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. 

En tanto, entre este miércoles y jueves se esperan la visita de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Francos (Interior), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Sandra Pettovello (Capital Humano). No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley.

En la previa del plenario, a los diputados se les pidió enviar consultas por escrito, un mecanismo que se utiliza en general para los informes de gestión del jefe de Gabinete. 

El presidente Javier Milei y distintos referentes del oficialismo, como el presidente de Diputados, Martín Menem, han asegurado en la previa del comienzo del debate que el contenido de la ley “no se negocia”, aunque sí se mostraron abiertos a aceptar sugerencias que “mejoren” la iniciativa. 

Desde Unión por la Patria hubo reclamos por la cantidad de comisiones que quedaron fuera del giro que tuvo el proyecto, el cual abarca numerosos temas. Además, exigieron la presencia de todos los ministros. 

Los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio se han mostrado más dispuestos a dar la discusión de las reformas que planea La Libertad Avanza. No obstante, anticiparon su rechazo a ciertos artículos. Incluso, en la UCR diseñaron una guía “semáforo” que establece puntos en los que están en contra (rojo), otros que podrían aceptar con cambios (amarillo) y los que acompañarían (verde). Pero igualmente aclaran que no le darán un “cheque en blanco” al Gobierno. 

Por otra parte, en reuniones que se llevaron adelante en Casa Rosada entre funcionarios nacionales y representantes de provincias involucradas, el oficialismo se mostró dispuesto a contemplar modificaciones sobre lo que se proponía respecto de desregulación del régimen de pesca y la normativa de biocombustibles. 

Puntos del extenso proyecto

En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.

Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.

Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.

Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.

Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.

Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (aumento de retenciones).

También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.

En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.

En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.

Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.

En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.

El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.

Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.