En la segunda reunión maratónica expusieron Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Eduardo Rodríguez Chirillo, Carlos Casares, Juan Paso y Fernando Vilella.
Segunda jornada maratónica tuvo lugar este miércoles en Diputados durante el plenario de comisiones que continuó con el debate por la ley ómnibus a la que asistieron un total de ocho funcionarios del Poder Ejecutivo.
Los primeros en exponer fueron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. Promediando la tarde, fue el turno de Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía; Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Pablo Lavigne, secretario de Comercio; Carlos Casares, interventor del Enargas; Juan Paso, secretario de Industria y Desarrollo, y Fernando Vilella, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Quirno y Lavigne no alcanzaron a exponer. A la 1.43, después de más de 16 horas de plenario, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, anunció que tal cual lo acordado con las autoridades de los bloques y los propios funcionarios se había decidido reprogramar la presentación de Pablo Quirno y Pablo Lavigne, para exponer a partir de las 17.30 de este jueves. Tenía sentido, pues de lo que iban a hablar ambos secretarios involucraba un centenar de artículos de la ley ómnibus.
Por segunda vez consecutiva asistió el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien puntualizó a explicar la situación actual y el por qué de ciertas medidas. Al iniciar su presentación, Chirillo alertó que “el sistema energético actual está desinvertido, desfinanciado y es altamente ineficiente, con alto riesgo de desabastecimiento. La balanza comercial acumulada de los últimos 10 años en materia energética nos dio una pérdida de 30 mil millones de dólares acumulados”, y lamentó: “Parece mentira que, en un país tan rico en recursos, tengamos una pérdida así en materia energética”.
El funcionario explicó: “La situación actual tiene un debilitamiento institucional del sector donde el ente regulador no funciona como tal. Requiere la necesidad de recuperar la capacidad técnica y la idoneidad y se encuentra con una estructura sobredimensionada”.
“En cuanto al parque de generación, que es muy preocupante, es que al no haber inversiones en generación la potencia disponible, que no es la instalada, esta muy cerca de la demanda máxima por lo que los riesgos de cortes son muy altos y tenemos que apelar a importar electricidad por parte de Brasil”, alertó y detalló que “esa desinversión que hay en generación además viene de la mano de que está disociado del precio que reciben los generadores respecto del precio que pagan los distribuidores y pasan a la tarifa del usuario final. Hay un pago a los generadores cuyo precio no se pasa a la tarifa y por lo tanto es el Estado el que realiza continuos aportes a un parque que está al limite y no se hace nueva inversión”.
En tanto, indicó que “a esto se suma que respecto de los costos que significa generar electricidad la tarifa solo cubre el 40% del costo del suministro. Hemos pasado por tanto durante dos décadas, esto no es de un gobierno o de dos, sino que fue progresivamente pasamos de un mercado competitivo a uno regulado pagando costos medios y requiere de importantes aportes del Tesoro Nacional para poder sostener esa generación”.
Chirillo contó que “el Estado financia en los 2023 7 mil millones de dólares y en el 2022 fueron 10 mil millones de dólares. Además, el Estado decidió que CAMESA que es el organismo que organiza el mercado sea el comprador de combustibles por lo cual se generan sobrecostos, y que el Estado tiene que pagar”.
“Los cuadros tarifarios al estar planchadas y congeladas desde el 2020 las tarifas y solo durante estos últimos años con ajustes parciales han fomentado el crecimiento de la demanda porque cuando la energía esta barata, no cuesta y por tanto se gasta más de lo que se necesita”, planteó.
Por tanto, contó que “en algún momento del tiempo de estas últimas décadas hemos roto con algo fundamental que es que la tarifa refleje el costo del suministro y esto que parece tan básico decirlo lo hemos mezclado, en realidad, con que la tarifa se tiene que asociar a la capacidad adquisitiva de la gente. Ese tema está relacionado con el subsidio, no con la tarifa”.
“El esquema que se viene haciendo con la segmentación, donde algunas personas pagan un precio y otros pagan otro costo por el poder adquisitivo, eso conceptualmente esta mal y es a través de los subsidios que el Estado debe ayudar a las personas de bajos ingresos que no pueden pagar el costo del suministro”, planteó el secretario de Energía.
A su vez, advirtió que “en materia de transporte estamos peor aún, la red no crece y está saturada y esto nos lleva a una situación de total ineficiencia porque no se hacen las redes de transporte. Por tanto, no aprovechamos de nuestro país los lugares donde se pueden obtener las fuentes primarias de energía de forma más económica, no se hacen redes hace muchísimo tiempo. No hemos crecido y tampoco acompañado”.
“Sumado a toda esta situación de déficit, de desfinanciamiento y de desinversión, la situación que tenemos en el sector eléctrico es muy vulnerable y realmente preocupante”, alertó Chirillo y siguió: “Como contrapartida a todo esto, desde el punto de vista económico el sistema no es autosuficiente y tiene que serlo, pero no logramos hace tiempo conseguirlo. Entonces, ocurre que el Estado financia, subsidia a la generación y a todos los usuarios y, por otro lado, las tarifas no logran recaudar lo que las distribuidoras deben pagar y entonces se generan deudas y si eso prospera nos quedamos sin un sistema funcionando”.
En materia de gas, también indicó que existe “ese debilitamiento institucional” porque “las señales de precios se han perdido. Tenemos Vaca Muerta que es la segunda reserva de gas en el mundo y solo explotamos el 6% de su potencial”.
“El Estado cubre dos tercios del costo del precio de la molécula de gas a través de subsidios pagando parte del Plan Envasar a precios que no paga el usuario, paga el Estado y a las distribuidoras se les pasa una parte y como no viene inversión de nada y viene justa y en momentos de pico necesitamos importar. Compramos a Bolivia a un costo de 10 dólares que luego a las distribuidoras se las pasa a 1,2 dólares y el resto lo paga el Estado”
Sobre el GNL, informó que “es insostenible”, al igual que los cuadros tarifarios porque “hay 90 tipos de tarifas”.
Al referirse a la transición energética, lamentó que “no hemos logrado casi nada, en ningún año se cumplió con los porcentajes de energía renovable previstos en las leyes. No se conocen multas por incumplimientos, tampoco se cumplieron las metas de transición, solo son expresiones de deseo”.
“Esta situación que es preocupante requiere de medidas importantes a tomar que algunas se tomarán por DNU y resoluciones. Nos permitirían recuperar el sector energético que necesitamos, es una cuestión de actualización”, planteó el funcionario y explicó que son 10 las propuestas: “Respetar derechos adquiridos, revisar las funciones del Estado, recuperar confianza en la inversión, indispensable transparencia en la regulación que dictan, en infraestructura estamos escasos y por eso se propone ese régimen de iniciativa privada y tenemos que integrarnos con el exterior, fomentar los contratos a largo plazo, cambios con senderos de precios, incentivas inversiones, dar estabilidad fiscal, aggiornar los tratados de protección de inversiones. Algunas medidas que necesitamos, requieren de una modificación de ley”.
Chirillo explicó que hubo cambios en la redacción porque “se han producido algunos errores” y precisó que “daban a entender que el Estado quería nacionalizar los recursos de las provincias, se ha tomado la modificación de una ley con el texto original y se mantuvo el nombre de Poder Ejecutivo que se usaba en ese momento. Es un error que se está arreglando”.
Sobre los hidrocarburos, contó que proponen un cambio que “es sustancial para la seguridad jurídica y de inversión que es reconocer el derecho de las empresas a la libre comercialización al exterior de petróleo y gas sujeto a la no objeción del Estado, que se puede oponer a ese derecho cuando se produce un sobrecosto en el abastecimiento local. Cambia el régimen de ser un derecho a una autorización que eran parciales y precarias. La misión es bajar el riesgo país”.
También aclaró sobre el tema de los biocombustibles que han “actualizado la versión que ingresó con unos artículos y que ahora van a estar alineados a comentarios de gobernadores y diputados”, y explicó que “el Estado libera el precio y se aumenta el corte obligatorio de 7 al 10 y luego aumentar al 15% hasta el 2026, lo cual permitirá alinearnos con Brasil. En materia de bioetanol se aumenta al 12% y se aumenta en tres años un 18% hasta seguir un sendero del 27%”.
“Los cupos queremos que sean cambiados por licitaciones pero que ninguna empresa pueda tener mas del 14% de la participación de demanda interna, no pueden participar más allá del 100% de la capacidad instalada, tiene que haber elación ente la producción y la capacidad de todas las integradas debe ser iguala las no integradas, vamos a permitir que tanto empresas chicas y grande participen del mismo modo”, agregó y contó que el cuarto capítulo propone la unificación de los entes reguladores con una buena gobernanza dará mayor seguridad a los inversores y en materia eléctrica los cambios son menores”.