En medio del debate por la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, el diputado de Republicanos Unidos (RU) y apoderado de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, se presentó ante la Justicia para pedir que esa fundación sea aceptada como “amicus curiae” para aportar su análisis en relación a la medida cautelar que frena la aplicación del DNU del presidente Javier Milei.

El pedido se basa en que esta decisión “pone un freno injustificado a medidas necesarias y urgentes para revertir aspectos de nuestra legislación que han distorsionado las relaciones del trabajo, muchas veces, a favor de estructuras prebendarias y corporativas”.

Al mismo tiempo que señaló que uno de los argumentos más representativos de la presentación es el “deterioro económico de nuestro país” que además “no es ajeno a su deterioro institucional”. Asimismo, se remarca que “el desastre económico que padecemos se ha sostenido sobre la base de normas y hechos que, a lo largo de muchos años, han desnaturalizado los principios y valores que garantiza la Constitución Nacional”.

De esta manera, mediante un escrito, la Fundación afirma presentarse “en carácter de ‘amicus curiae’ expresando las razones por las cuales son ajustadas a derecho, urgentes y necesarias, las normas que se pretenden impugnar en estos actuados, así como a expresar las razones por las cuales resulta improcedente la medida cautelar dictada a los efectos de suspender la normativa en cuestión”.

“Debe entenderse que las leyes pueden reglamentar derechos, pero no pueden ir contra la naturaleza de las cosas. Tal como ocurre en la economía, cuando se emite moneda sin respaldo, la emisión legislativa de derechos, sin respaldo en la realidad, ha reducido sensiblemente el trabajo legal, mientras la realidad, que tiene vida propia, ha llevado al 40% de los trabajadores a la clandestinidad y la desprotección más absoluta”, agregaron desde la Fundación.

Además, desde la mencionada Fundación sostuvieron que la medida que frena el decreto no tiene justificación: “este fallo favorable suspende todas las normas impugnadas por quienes detentan el monopolio de la representación sindical”.

“El DNU busca avanzar hacia un nuevo sistema económico que, como tal, abarque reformas en la Administración Pública, en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo y en otras áreas que hacen al desarrollo del país. Y no se advierte una afectación directa de derechos adquiridos de ningún trabajador”, completaron.