La reunión contó con la presencia cinco camaristas quienes puntualizaron varios detalles respecto a la ley ómnibus.
El bloque de Innovación Federal de la Cámara de Diputados, presidido por la salteña Pamela Calletti, se reunió este viernes con los representantes de la Justicia Nacional en el marco del debate por la ley ómnibus.
Del encuentro participaron: José Alejandro Sudera, vicepresidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; Roberto Parrilli, vicepresidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Daniel Emilio Morin, vicepresidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; Pablo Heredia, vicepresidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; y Mariano Alberto Scotto, vicepresidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
La jefa de bancada los recibió junto a los diputados nacionales: Carlos Fernández, Daniel Vancsik, Alberto Arrua y Yamila Ruiz (Misiones); Agustín Domingo (Río Negro); Yolanda Vega (Salta); y el secretario Parlamentario Horacio Rivero.
De ese modo, plantearon que “recientemente, en diciembre de 2023, la Junta de presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, dejó expuestas las principales razones que tornan inadmisible la adopción de medidas de esa índole, las que se resumirán en los párrafos siguientes, declaración que fue suscripta por la presidenta de esta CNAT y avalada por la integridad de este cuerpo”.
“Así, es claro que si el mentado traspaso no podría habilitarse constitucionalmente a través de decisiones adoptadas por el Congreso Nacional -sin una previa reforma de la Constitución Nacional-, menos aún podría justificarse la delegación de todas las facultades al respecto, en favor del Poder Ejecutivo Nacional En ese sentido hay que rechazar el proyecto”, agregaron.
Del mismo modo, señalaron: “Es verdad que lo que se procuraría sería la reducción del gasto en servicios de Justicia por parte de la Nación y que es esta la expresión más concreta y evidente en la que confluyen las distintas acciones de gobierno”.
También, manifestaron que “ese gasto persistiría e implicaría la entrega de patrimonio nacional a la Ciudad de Buenos aires en tanto habría que discutir el financiamiento no sólo del traspaso de los cargos sino también de los edificios, instalaciones, recursos materiales y todo lo que haga al sostenimiento del sistema que, se reitera, se ha diseñado para estar al servicio de la Nación y de los habitantes de todas sus provincias y no meramente para dar cauce a los conflictos que pudieran enfrentar sólo los vecinos y las vecinas de la Ciudad”.
